*1194TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA

En el presente recurso de certiorari comparece Jorge L. Agudo Olmeda para solicitar la revocación de un dictamen emitido el 7 de febrero de 2005 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El mismo está consignado en una minuta transcrita el 24 de febrero de 2005. Mediante el dictamen impugnado se le denegó sü reclamo para que una acusación, en la cual se le imputa el delito menos grave de Apropiación Ilegal, fuera ventilado ante jurado.

Veamos el trámite procesal que culminó en la presentación de este recurso.

I

Por hechos ocurridos el 28 de agosto de 2004, el Ministerio Público presentó en esta misma fecha una denuncia contra el peticionario por una alegada infracción al Artículo 166 del Código Penal, 33 L.P.R.A. 4272, el cual configura el delito de Apropiación Ilegal Agravada. Surge de la denuncia presentada que el valor de los bienes era de más de $200.00.

Celebrada la vista preliminar el 16 de noviembre de 2004, se determinó causa probable por una infracción al Artículo 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. 4271, el cual configura el delito menos grave de Apropiación Ilegal. El magistrado que presidió la vista preliminar señaló el caso para la celebración del acto de lectura de acusación y dejó citados los testigos para el juicio en su fondo. Resulta pertinente señalar que de acuerdo al resultado de la vista preliminar se remitió el expediente del caso a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia para que sirviera de base como pliego acusatorio al proceso a iniciarse ante dicho foro.

Por su parte, el 29 de noviembre de 2004, el Ministerio Público presentó una acusación basada en los mismos hechos consignados en la denuncia. Durante el acto de lectura, el foro recurrido se encontró con dos pliegos acusatorios: una denuncia y una acusación. Por estar duplicada la denuncia y sin objeción del Ministerio Público, el tribunal procedió al archivo de la misma. Una vez archivada la denuncia, continuaron los procedimientos encaminados a celebrar el juicio en su fondo utilizando como base la acusación. Con el anterior trasfondo, durante la vista celebrada el 27 de enero de 2005, el Ministerio Público enmendó la acusación para que de acuerdo al dictamen emitido en vista preliminar, reflejara que el valor de los bienes supuestamente apropiados era menos de $200.00.

Así las cosas, el 7 de febrero de 2005, el representante legal del peticionario solicitó que el juicio se celebrara ante un jurado. Invocó lo establecido en la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. De tal modo, argumentó que el Ministerio Público ejerció la opción que le confiere la referida regla presentado su caso mediante un pliego de acusación, por lo que aun cuando se imputaba un delito menos grave, el caso debía verse ante jurado. Al denegar la petición, el foro recurrido razonó que debido a los cambios efectuados a la Ley de la Judicatura, el peticionario no tenía tal derecho. Indicó que comenzaría a ver el caso por tribunal de derecho en la fecha pautada.

Una vez transcrita la minuta en la cual consta el dictamen del tribunal e inconforme, el peticionario presentó el recurso que nos ocupa. Solicita que este foro apelativo revoque el dictamen recurrido y ordene que el caso sea ventilado ante jurado. Contado con la comparecencia del Procurador General, nos encontramos en posición *1195de resolver la cuestión de derecho que nos ha sido planteada.

II

El derecho a juicio por jurado, de estirpe constitucional, está consagrado en el Artículo II §11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El mismo dispone de la siguiente manera:

“En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. ”

El jurado será el que actúe en el proceso como “juzgador de los hechos”. Ello significa que tendrá la “última palabra”, en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado de delito. Además, el jurado tendrá la facultad de determinar el delito o el grado del mismo por el cual el imputado debe responder a la sociedad. Véase, Pueblo v. Lorio Ormsby, 137 D.P.R. 772 (1994); Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270 (1988); E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Columbia, Ed. Forum, 1992, Vol. II pág. 273.

La facultad constitucional para clasificar delitos corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Puede clasificarlos en graves o menos graves. Tal facultad se extiende a clasificar un delito como menos grave, aun cuando la pena impuesta corresponda a un delito grave. Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986); Pérez Vega v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 749 (1966); Pueblo v. Laureano, 115 D.P.R. 447 (1984). Acorde con el principio de legalidad expuesto, el Artículo 12 del Código Penal, 33 L.P.R.A. 3044, dispone lo siguiente:

“Los delitos se clasifican en menos grave y graves.

Es delito menos grave todo aquél que apareja pena de reclusión por un término que no exceda de seis (6) meses, pena de multa que no exceda de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. Delito grave comprende todos los demás delitos. ”

La clasificación de los delitos como grave o menos grave por parte de la Asamblea Legislativa guarda una relación estrecha con el derecho a juicio por jurado. Derecho que por lo general cobija al acusado de delito grave con la siguiente excepción. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que a los fines del derecho constitucional a juicio por jurado lo determinante es la pena que apareja el delito y no su clasificación como delito grave o menos grave. Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970). El caso típico lo es el de Homicidio Involuntario tipificado en el Artículo 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. 4005. La Asamblea Legislativa ha dispuesto para dicho delito una pena máxima de tres años cuando concurran en el mismo circunstancias agravantes. También ha dispuesto una pena mínima de seis meses y un día de cárcel, cuando concurran circunstancias atenuantes. En tal caso, lo determinante es la pena que apareja el delito y no su clasificación legislativa como delito menos grave. Siendo así, el acusado tendrá derecho ajuicio por jurado, mas no á la celebración de una vista preliminar. Pueblo v. Martínez Torres, supra.

Para comprender plenamente el alcance del derecho ajuicio por jurado, es menester también considerar otra excepción contemplada en el procedimiento criminal. La Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, reconoce el derecho a juicio por jurado a todo acusado de delito grave e inclusive, en ciertas circunstancias, al acusado de delito menos graves. Pueblo v. Rosario Orangel, 2003 J.T.S. 167, resuelto el 5 de noviembre de 2003. La referida regla dispone de la siguiente forma:

“Las cuestiones de hecho en casos de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave siempre que originalmente se presentare la acusación en el Tribunal de Primera Instancia [3] y fueren también de la competencia del Tribunal de Distrito, habrán de ser juzgadas por el *1196 jurado a menos que el acusado renunciarse expresa, inteligente y personalmente al derecho a juicio por jurado... ”.

A base de lo anteriormente transcrito, vemos que, excepto cuando el imputado renunciara a este derecho, corresponde a un jurado determinar y no al juez que interviene en el caso, la inocencia o culpabilidad de un acusado en todo caso de delito grave y salvo lo dispuesto en leyes especiales, en todo delito menos graves en que originalmente el Ministerio Público hubiere presentado una acusación ante el Tribunal de Primera Instancia. Una lectura cuidadosa de los términos claros en que está redactada la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, nos lleva a concurrir con el peticionario que la extensión que hace el legislador del derecho a juicio por jurado en casos de delitos menos grave, ño es en contemplación a la naturaleza o severidad de la pena, sino en atención a la vía procesal escogida por el Estado para presentar su caso.

Según hemos expresado, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, dispone como primer requisito para activar el derecho de un acusado a tener un juicio por jurado en un caso menos grave, es que el Ministerio Público presentare una acusación ante el Tribunal de Primera Instancia. La regla además contempla que dicho delito sea de la competencia del Tribunal de Distrito. Es una realidad indisputada que el Tribunal de Distrito desde la aprobación de la Ley de la Judicatura de 1994 quedó abolido 8 años después de la vigencia de dicha ley. Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada. Es decir, desde el año 2002, no existe Tribunal de Distrito, desde entonces ya no cabe hablar de delitos menos grave con competencia concurrente entre el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Distrito. No obstante lo anterior, las Reglas de Procedimiento Criminal no se han enmendado para atemperarlas a la nueva realidad jurídica.

A pesar de los cambios que ha sufrido la Ley de la Judicatura, supra, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, con el incuestionable propósito de evitar tener que concederle juicio por jurado a aquellas personas que fueren acusadas de delitos clasificados como menos grave, dispuso conceder al Ministerio Público la opción de presentar su caso mediante una acusación como su primera alegación en un caso de naturaleza menos grave. Por disposición expresa de dicha regla, la acusación así presentada habrá de ser juzgada por un jurado a menos que el acusado renunciare a ello en forma expresa, inteligente y personalmente.

Lo anterior no significa, según sugiere el Procurador General en su escrito en cumplimiento de orden, que se va a conceder derecho a juicio por jurado en todo caso de delito menos grave irrespectivo de la pena que apareje el mismo. La regla es específica al disponer que tal curso de acción será procedente solamente en aquellos casos en que el Ministerio Público haya ejercido la opción de presentar una acusación imputando un delito menos grave. De esa forma, el Ministerio Público encausa el delito menos grave imputado como si fuera un delito grave. Ineludiblemente, tal actuación activará el derecho del acusado a que su causa sea juzgada por un jurado imparcial.

III

Al aplicar los anteriores preceptos legales y jurisprudenciales al caso que nos ocupa, vemos que el Ministerio Público acusó al peticionario Jorge L. Agudo Olmeda por el delito grave de Apropiación Ilegal Agravada, Art. 166 del Código Penal, supra. Celebrada la correspondiente vista preliminar, el magistrado que presidió la misma hizo un determinación de causa probable por un delito menor incluido, Artículo 165 del Código Penal, supra. El Ministerio Público no recurrió de tal determinación.

Señalada la vista para la celebración del acto de lectura y del juicio en su fondo, y citada la prueba, se refirió a la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el expediente el cual contenía la denuncia. Ello con el fin de que sirviera de base para la celebración de juicio. A pesar de lo anterior, el Ministerio Público presentó una acusación ante el Tribunal de Primera Instancia por los mismos hechos. Durante el acto de lectura, el foro recurrido se encontró con la situación de tener ante sí dos pliegos acusatorios, una denuncia y una acusación. En *1197ambas se imputaba el mismo delito menos grave. Ante tal situación, el foro recurrido, sin objeción del Ministerio Público, procedió al archivo de la denuncia. Durante un señalamiento posterior, el Ministerio Público ratificó la acusación como su alegación contra el imputado al enmendar la misma para que reflejara el valor de los bienes alegadamente apropiados. Vista la vía procesal escogida por el Estado, el caso continuó teniendo como base para la celebración de juicio, una acusación.

Por disposición expresa de la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra el acusado aquí peticionario, Jorge L. Agudo Olmeda, tiene derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial. Mientras la Asamblea Legislativa otra cosa disponga, estamos obligados a dar cumplimiento cabal a la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra.

Por todo lo antes expuesto, visto que el foro de instancia cometió error al denegar la solicitud de juicio por jurado del peticionario, dictaminamos que es procedente expedir el auto de certiorari solicitado para revocar el dictamen recurrido. Se ordena la continuación de los procedimientos en armonía con lo aquí dispuesto.

El Juez Rivera Martínez disiente mediante voto por separado.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Laura M. Vélez Vélez

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

ESCOLIOS 2005 DTA 61

1. El referido artículo dispone en lo pertinente:

"Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años toda persona que cometiere el delito previsto en la see. 4271 de este título con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a)...

b) Apropiándose de bienes cuyo valor fuere de doscientos (200) dólares o más.

c)...

d)...".

2. Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de bienes muebles, pertenecientes a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses, multa que no excederá de quinientos (500) dólares, pena de restitución, o cualquier combinación de ésas, a discreción del tribunal.

3. La expresión “Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera Instancia” a tenor con la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, sees. 24 a 25r del título 4.

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RIVERA MARTÍNEZ - 2005 DTA 61

San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2005

Por estar en desacuerdo con la decisión de la mayoría de este Panel que revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia denegando el derecho a juicio por jurado en un delito menos grave, disiento. Veamos.

*1198I

Por hechos ocurridos alegadamente el 28 de agosto de 2004 en un centro comercial de San Juan, se presentó una denuncia en contra del peticionario por Apropiación Ilegal Agravada, Artículo 166 del Código Penal, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Celebrada la Vista Preliminar el 16 de noviembre de 2004, se determinó causa probable por Apropiación Ilegal Simple, Artículo 165 del Código Penal. El 29 de noviembre de 2004, se presentó acusación por el Artículo 165 del Código Penal ante el Tribunal de Primera Instancia, en adelante el TPI.

El 27 de enero de 2005, fue señalado el caso para juicio y luego reseñalado para el 7 de febrero de 2005. El 7 de febrero de 2005, la defensa solicitó que se celebrara el juicio por jurado, basado en lo dispuesto en la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 111. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de la defensa, por lo que el peticionario recurre ante nos planteando la comisión del siguiente error:

“Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar la solicitud de la defensa de que el delito menos grave sea juzgado por jurado, toda vez que la Constitución y la Regla 111 de Procedimiento Criminal confieren al aquí peticionario el derecho a que la acusación por delito menos grave, presentada ante el Tribunal Superior, se ventile ante un jurado imparcial. ”

En síntesis, la contención del peticionario es que la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, interpretada a la luz de la Ley de la Judicatura de 2003, le concede el derecho a juicio por jurado a los delitos menos graves. Diferimos de tal interpretación.

II

Sabido es que, por disposición constitucional, solamente tiene derecho a juicio por jurado toda persona acusada de delito grave. (Art. II, Sec. 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado). Por disposición legislativa, aquellos delitos menos graves en que originalmente el fiscal presentaba acusación ante el entonces Tribunal Superior y fueran también de la competencia del abolido Tribunal de Distrito, habrían de ser juzgados por un jurado a menos que el acusado renunciare a ello. Dicha disposición se recoge en la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal aún vigente, la cual dispone como sigue:

“Las cuestiones de hecho en casos delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave, siempre que originalmente se presentare la acusación en el Tribunal de Primera Instancia y fueren también de la competencia del Tribunal de Distrito, habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa, inteligente y personalmente al derecho ajuicio por jurado. Antes de aceptar la renuncia de un acusado a su derecho ajuicio por jurado, el juez de instancia tiene la obligación de explicar al acusado lo que significa la renuncia de dicho derecho y de apercibirle de las consecuencias del mismo.

El Tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior a la lectura de la acusación. Si la renuncia al jurado se produce una vez comenzado el juicio, es discrecional del juez que preside el juicio el acceder a que el mismo continúe por tribunal de derecho con el consentimiento del Ministerio Público. ” (Enfasis suplido.)

En el ejercicio de su facultad para crear delitos, fijar penas y determinar los tribunales que han de conocer los procesos que por esos delitos se sigan, la Asamblea Legislativa puede disponer válidamente, de creerlo ajustado a la política pública y a los objetivos del estatuto aprobado por ella, que los juicios por delitos menos graves sean por tribunal de derecho y no por jurado. Pueblo v. Pieras, 72 D.P.R. 779 (1951).

Si bien el legislador no ha atemperado la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, supra, al nuevo esquema de la Ley de la Judicatura, entendemos que ello, por sí sólo, no altera la intención del legislador de limitar el derecho a juicio por jurado en delitos de naturaleza menos grave. Bajo la Regla 111 de las de *1199Procedimiento Criminal, supra, para que un delito menos grave tenga derecho a ser juzgado por jurado, salvo lo dispuesto en leyes especiales, tenían que concurrir dos circunstancias: (a) se presentare acusación en el Tribunal Superior, y (b) fuera también de la competencia del Tribunal de Distrito.

El 28 de julio de 1994, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de la judicatura. Mediante la misma, se dispuso de la abolición del Tribunal de Distrito. A partir de la vigencia de la ley, las secciones del Tribunal de Primera Instancia, conocidas como Tribunal Superior y Tribunal Municipal, se consolidaron en el Tribunal de Primera Instancia. El hasta entonces Tribunal de Distrito permaneció como una subsección del Tribunal de Primera Instancia hasta su abolición total. Una vez concluido el período de abolición del entonces Tribunal de Distrito, los casos o asuntos pendientes de adjudicación ante dicha subsección fueron transferidos a la atención del Tribunal de Primera Instancia para su tramitación, disposición y adjudicación. Dicha ley también dispuso que toda causa civil o criminal pendiente ante el Tribunal Superior y el Tribunal Municipal pasaría a la consideración del Tribunal de Primera Instancia para su atención, consideración y resolución.

En la Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura de 1994, supra, se dispuso que:

“La realidad social, económica y política del Puerto Rico de hoy, precisa una revisión abarcadora de ese sistema judicial que fue estructurado en tres jerarquías diseñadas a base de criterios de cuantía para la atención de casos civiles y a base de la gravedad de la conducta delictiva en casos criminales.

La experiencia acumulada durante los pasados cuarenta años exige reexaminar nuestro sistema judicial de cara a las expectativas de un siglo entrante, de modo que responda a los principios más avanzados de administración de la justicia. ”

Dicha reforma tenía como objetivo, entre otros:

“(1) Garantizar igual justicia para todos los ciudadanos, ofreciéndoles jueces de una misma categoría, de iguales requisitos de experiencia y cualificaciones para atender sus asuntos.

(2) Otorgar igual y fácil acceso de los ciudadanos a los servicios de gobierno prestados por la Rama Judicial. ”

Por otro lado, del Historial Legislativo se desprende:

“La realidad social, económica y política del Puerto Rico de hoy, requiere una revisión abarcadora de su actual sistema judicial, el cual fue en tres (3) jerarquías establecidas a base de criterios de cuantía para la atención de casos civiles y a base de gravedad de la conducta delictiva en casos criminales... .

A los fines de lograr la pronta consecución de las metas señaladas, esta medida, mediante un enfoque integral, adopta un sistema vertical que consiste de un tribunal de primera instancia consolidado, de jurisdicción original y competencia unificada, para atender todo tipo de casos y causas... ”.

Al examinar la Regla 111 en el año 1996, el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal designado por nuestro Tribunal Supremo recomendó en su informe enmendar dicha Regla en los siguientes términos.

REGLA 502. DERECHO A JUICIO POR JURADO Y SU RENUNCIA

Las controversias de hecho en casos de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos del delito menos grave con derecho a juicio por jurado, en que se presente una acusación en una sala superior del *1200Tribunal de Primera Instancia, habrán de ser juzgadas por un Jurado a menos que el imputado renuncie en persona y en forma expresa e inteligente al derecho a juicio por jurado, y el juez acepte la renuncia. Antes de aceptar la renuncia a su derecho a juicio por jurado, el juez tiene la obligación de explicar al imputado lo que significa la renuncia de dicho derecho y de apercibirle de las consecuencias del mismo.

El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior al acto de entrega o a la lectura de la acusación. Si la renuncia al Jurado es solicitada una vez le es tomado el juramento final al Jurado, estará dicho cuerpo sujeto a la discreción del juez que preside el juicio el autorizar a que el mismo continúe por tribunal de derecho, luego de conceder oportunidad al Ministerio Fiscal de exponer su objeción.

En sus comentarios a la referida Regla y en lo pertinente, el Comité señaló:

“Lo dispuesto en esta regla no significa que se le va a conceder derecho a juicio por jurado a aquellos delitos menos graves que no tengan tal derecho, por el hecho de que se radiquen en una acusación. ”

Por otro lado, la Regla 1 de las de Procedimiento Criminal, supra, dispone:

“REGLA 1. TÍTULO E INTERPRETACIÓN

Estas reglas serán conocidas y citadas como “Reglas de Procedimiento Criminal”. Se interpretarán de modo que aseguren la tramitación justa de todo procedimiento y eviten dilaciones y gastos injustificados. ” (Énfasis suplido.)

El 22 de agosto de 2003, se aprobó la Ley Núm. 201 conocida como la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P. R.A. see. 24 a 25r. Mediante la misma se derogó la Ley de la Judicatura de 1994. El artículo 5.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, dispone:

“El Tribunal de Primera Instancia será un tribunal de jurisdicción original general, con autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo caso o controversia que surja dentro de la demarcación territorial de Puerto Rico. Estará compuesto por jueces superiores y jueces municipales.” (Énfasis suplido.)

El Artículo 5.003c dispone:

“Jueces superiores - competencia

Los jueces superiores ejercerán la competencia sobre todo caso o controversia, conforme la orden dispuesta por el juez presidente del Tribunal Supremo... ”. (Énfasis nuestro.)

III

Considerado el esquema de derecho antes expuesto, vemos cómo desde la aprobación de la Ley de la Judicatura de 1994, supra, hasta la aprobación de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, el legislador, como parte de los objetivos de la reforma, eliminó el tribunal de distrito y el sistema de jerarquía existente unificando la competencia concurrente que existía bajo el esquema anterior en el tribunal de primera instancia. Ante ello, resulta impracticable lo dispuesto en la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, supra, donde el legislador había concedido el derecho a juicio por jurado en delitos menos graves cuando se presentaba la acusación en el tribunal superior y fueren también de la competencia del tribunal de distrito.

Por tanto, entendemos que el foro recurrido no erró al denegar la solicitud del aquí peticionario. Por ello, disiento.

ESCOLIOS VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RIVERA MARTÍNEZ - 2005 DTA 61

1. A tenor con dicha determinación, se ordenó la excarcelación del imputado y se señaló lectura de acusación y juicio para el 30 de noviembre de 2004. El 30 de noviembre de 2004, el TPI ordenó el archivo de la denuncia por duplicidad al amparo de la Regla 247 (b) de las de Procedimiento Criminal. Véase Anejo II y IV del recurso de certiorari.

2. Aún cuando la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal no ha sido enmendada, “Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera Instancia”, a tenor con la ley de agosto 22, 2003, núm. 201, conocida como “Ley de la Judicatura de 2003", see. 24 a 25r del Título 4 de L.P.R.A.

3. Véase Artículo 9.001 de la Ley de la Judicatura de 28 de julio de 1994, según enmendada.

4. Véase Art. 9.005 de la Ley de la Judicatura, supra.

5. Véase Ley de la Judicatura, supra.

6. Historial Legislativo de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Plan de Reorganización Núm. 1 de 1994, informe final, 20 de junio de 1994, págs. 60 y 61.

7. Véase Informe de Reglas de Procedimiento Criminal, febrero 1996, a las páginas 173-174.

8. 4 L.P.R.A. sec. 25a.

9. 4 L.P.R.A. sec. 25c.