ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL X ARTURO MELÉNDEZ CERTIORARI TORRES, procedente del Tribunal de Primera Instancia, Ex parte, Región Judicial de KLCE202401186 Bayamón, Sala Peticionaria. Superior de Guaynabo.

Civil núm.: BY2024CV04139.

Sobre: eliminación de récord.

Panel integrado por su presidenta, la juez Lebrón Nieves, la jueza Romero García y el juez Rivera Torres.

Romero García, jueza ponente.

RESOLUCIÓN En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2024.

El 30 de octubre de 2024, el señor Arturo Meléndez Torres (señor Meléndez) presentó este recurso con el fin de que revisemos la Resolución1 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo, el 9 de septiembre de 2024, notificada el 11 de septiembre.

La solicitud del peticionario gira en torno a la devolución de las fotos y huellas dactilares, que le fueran tomadas como parte del proceso criminal que culminó en su convicción. Además, solicita que se elimine toda y cualquier información relacionada con los delitos por los que fue convicto que constara en las bases de datos del Estado; específicamente, en el Negociado de la Policía de Puerto Rico y en el Departamento de Justica 2.

Su petición está basada en las disposiciones de la Ley Núm. 143- 2014, según enmendada, conocida como Ley del protocolo para garantizar la comunicación efectiva entre los componentes de seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia

Apuntamos que en el procedimiento seguido ante el foro primario no se notificó o incluyó como parte a la Oficina de Administración de los Tribunales.

Número identificador RES2024__________________ KLCE202401186 2 Criminal, 4 LPRA sec. 533-533k (Ley Núm. 143); así como en la Ley Núm.

45-1983, según enmendada, intitulada Ley de huellas digitales y fotografías por delito grave, 25 LPRA sec. 1151-1155 (Ley Núm. 45) En su Resolución fundamentada, el foro primario denegó la petición del señor Meléndez3. El tribunal concluyó que el Art. 4 de la Ley Núm. 45, LPRA sec. 1154, así como lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Archevali v. E.L.A., 110 DPR 767 (1981), solo proveen para la devolución de las fotografías y las huellas dactilares de un imputado de delito cuando su absolución sea decretada por un tribunal4.

En cuanto a la eliminación de la información del señor Meléndez en el portal electrónico del Poder Judicial, el tribunal concluyó que esa solicitud debía ser planteada en el caso ex parte núm. BY2019CV06303, en el que la Sala Superior de Bayamón había dispuesto para la eliminación del récord penal del señor Meléndez5.

Por su parte, el 18 de noviembre de 2024, el Estado, por conducto de la Oficina del Procurador General, presentó su oposición a la expedición del recurso. En síntesis, el Estado arguyó que el señor Meléndez no había planteado error alguno que justificara la expedición del recurso discrecional de certiorari. Además, abundó sobre la corrección de la determinación tomada por el foro primario.

Examinados ambos escritos y el derecho aplicable, denegamos la expedición del auto.

I El 3 de marzo de 2009, el señor Meléndez fue sentenciado a cinco (5) años de cárcel (luego, convertida a una sentencia suspendida en probatoria) por haber infringido el Art. 404(a)6 de la Ley Núm. 4 de 23 de

KLCE202401186 3 junio de 1971, según enmendada, intitulada Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 2101, et seq.7 Años después de cumplida su sentencia, y tras no incurrir en delitos posteriores, el señor Meléndez acudió al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo, para solicitar la eliminación de sus antecedentes penales; lo cual le fue concedido mediante Resolución a esos efectos8.

Según alegado en la petición que hoy atendemos, la única controversia a ser dilucidada es si procedía o no la devolución de sus huellas digitales y de las fotografías que formaban parte de su récord criminal, una vez la condena impuesta fue extinguida.

En su recurso ante nos, el señor Meléndez apuntó la comisión de los siguientes errores: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud de devolución de fotos y huellas del compareciente, en contravención a las disposiciones de la Ley 143 de 26 de agosto de 2014.

Erró el TPI al no ordenar la eliminación de los casos del portal cibernético del Poder Judicial. (Énfasis omitido).

Cual mencionado, el 18 de noviembre de 2024, el Estado compareció y se opuso a la expedición del auto. Apuntó que la retención de las fotografías y las huellas dactilares de las personas convictas de delito es válida, no vulnera derecho constitucional alguno y, por el contrario, esa información resulta útil para el Estado en caso de que la persona reincida en otros delitos. Ello, conforme claramente lo dispone el Art. 4 de la Ley Núm. 45, 25 LPRA sec. 1154, y cual fuera validado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Archevali v. E.L.A.

II Conforme a lo dispuesto en la Regla 32(d) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, las resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria dictadas por el Tribunal de

KLCE202401186 4 Primera Instancia se formalizarán mediante la presentación de una solicitud de certiorari, dentro del término jurisdiccional de 30 días, computado a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución final recurrida. Por tanto, el análisis que se impone es el correspondiente al recurso discrecional de certiorari.

Como es sabido, distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).

Es decir, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de primera instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

III Evaluada la petición del señor Meléndez, así como la oposición del Estado, a la luz del derecho vigente, este Tribunal concluye que no se nos ha persuadido de que el foro primario hubiera incurrido en un craso abuso de discreción o que hubiera actuado con prejuicio o parcialidad, o que se hubiera equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Por tanto, nuestra intervención en este asunto no se justifica.

KLCE202401186 5 IV A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari.

La juez Lebrón Nieves concurre con el resultado sin opinión escrita.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones