En el presente caso se mantiene lá constitucionalidad de la vigente ley prohibiendo portar armas, ratificando la doc-trina sentada ya en los casos de El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.E. 462; El Pueblo v. Velasco, 36 D.P.R. 273, y El Pueblo v. Díaz Cintrón, decidido en abril 8, 1927, (pág. 571).