emitió la opinión del J‘ rümnal.

La cuestión envuelta en este recurso es la constituciona-lidad de la Ley nnm. 174 de 13 de mayo de 1941, (1) que impuso una contribución de dos por ciento sobre el valor de los solares que el municipio de Caguas cedió en usufructo a *186vecinos de aquella ciudad. El caso fué sometido por esti-pulación a base de los liechos alegados en la demanda y en la contestación. La corte de distrito de San Juan dictó una sentencia declaratoria sosteniendo la constitucionalidad de la ley. La contención del contribuyente apelante está pre-dicada: (a) en que la ley en cuestión niega a los contribu-yentes usufructuarios de solares de la ciudad de Caguas la igual protección de las leyes, por cuanto no imponiéndose esa contribución sobre solares cedidos en usufructo en otros municipios de la Isla de Puerto Eico, se crea un discrimen en contra de los usufructuarios de solares de Caguas, y que por tal circunstancia la referida Ley núm. 174 carece del requisito de uniformidad exigido por el párrafo 22 del artículo 2 de la Ley Orgánica; (ó) en que dicha ley infringe el párrafo 5 del artículo 2 de la Ley Orgánica porque menos-caba el valor de los contratos originalmente celebrados entre el municipio de Caguas y los usufructuarios de solares, toda vez que según el demandante impone a los usufructuarios condiciones distintas de las pactadas al celebrarse el contrato de usufructo entre el municipio de Caguas y dichos usufruc-tuarios; y (c) en que dicha ley es confiscatoria porque en el supuesto de que los usufructuarios de solares no pudieran satisfacer el tributo que la ley impone, dichos usufructuarios tendrían que responder del mismo con su propiedad particular, que podría ser embargada y vendida en pública su-basta para el pago de dicha contribución, no obstante haber sido adquirido el usufructo de dichos solares sin habérsele impuesto como condición el pago de tributo alguno.

Los solares afectados por la Ley núm. 174 los adquirió el Municipio de Caguas en parte por donación de una parcela de terreno de ochenta y una cuerdas que le fué hecha en el año 1819 para la fundación de la ciudad, y los demás los adquirió el municipio por compra en distintas ocasiones. Hasta la fecha en que se aprobó la citada ley dichos solares no habían pagado contribuciones. Estimó la *187Asamblea Legislativa que era conveniente y justo que esos solares compartiesen con la propiedad privada el sosteni-miento del gobierno municipal de Caguas y dispuso la con-tribución especial que ya conocemos. Prescribió en el ar-tículo 3 de la ley que el producto de esa contribución lo invertiría y dedicaría el Municipio de Caguas única y exclu-sivamente a la construcción, reparación, alineación, embreado, arbolado, conservación y sostenimiento de calles de la zona urbana de Caguas y a mejoras, reparación, conservación y sostenimiento del Parque Palmer de dicha ciudad. De suerte que la contribución en controversia es de carácter local y para beneficio exclusivo de una área determinada, la zona urbana del Municipio de Caguas.

La Ley Orgánica no prohíbe a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la aprobación de leyes especiales. Por el contrario, el artículo 37 prescribe que la autoridad legislativa se extenderá a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean legalmente inaplicables, y en el artículo 2 la propia Ley Orgánica dispuso que “Todo dinero que se recaude por contribución impuesta o fijada para un fin especial, será considerado como un fondo especial en el Tesoro, y desem-bolsado para, dicho fin únicamente, a no ser cuando medie la aprobación del Presidente de los Estados Unidos. Y en el caso de Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253, 261, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después de refe-rirse a la sección 32 de la Ley Foraker y a la 37 de nuestra vigente Ley Orgánica, comentando sobre los amplios pode-res que la Ley Orgánica concede a nuestra Asamblea Legis-lativa, dice:

“El propósito perseguido por la Ley Foraker y por la Ley Orgá-nica fué conceder a Puerto Rico completos poderes de propia deter-minación local, con una autonomía semejante a la de los estados y territorios incorporados. [Citas.] ... El poder de imponer con-tribuciones y el de aprobar y hacer cumplir leyes, y otros poderes característicamente gubernamentales, fueron concedidos. Y en lo que concierne a asuntos locales, como ya hemos demostrado con *188respecto a territorios continentales, le fueron concedidos poderes legislativos, casi tan amplios, si no tan amplios, comd los ejercitados por las legislaturas estatales.”

Más recientemente, en el caso de Puerto Rico v. Rubert Co., 309 U. S. 543, el mismo tribunal, ratificando lo dicho en el caso de Puerto Rico v. Shell Co., supra, por voz de su Juez Asociado Sr. Frankfurter se expresó así:

“La amplitud de la Autonomía local conferida por el Congreso a la Asamblea Legislativa fué elucidada tan recientemente y de manera tan completa en Puerto Pico v. Shell Co., . . . que es inne-cesario repetirlo ahora. Bastará decir que la opinión en aquel caso enfatizó la amplitud del poder que el Congreso concedió a Puerto Rico al prescribir en la §37 de la Ley Orgánica de 1917 que ‘la autoridad legislativa ... se aplicará a todos los asuntos de carác-ter legislativo que no sean localmente inaplicables.’ ” (Pág. 547.)

Sostiene el apelante que como la contribución especial se impuso exclusivamente a los usufructuarios de solares de la zona urbana del Municipio de Caguas, y no a los usufructuarios de solares de los otros municipios, dicha legislación no es uniforme y constituye un discrimen contra los usufructuarios de los solares de la zona urbana del Municipio de Caguas, privándoles así de la igual protección de las leyes.

Establecido que la autoridad legislativa conferida por el Congreso a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico es casi tan extensa, si no tan extensa, como la autoridad de las legislaturas de los estados, si logramos demostrar que éstas pueden ejercer y como cuestión de hecho ejercitan el mismo poder que por la Ley núm. 174 ejercitó la Asamblea Legis-lativa de Puerto Rico, no habrá duda alguna de que la ley impugnada es constitucional.

En el caso de Ft. Smith Light Co. v. Paving Dist., 274 U. S. 387, la Asamblea Legislativa de Arkansas pasó una ley imponiendo a la apelante, una compañía de tranvías urbanos, la obligación de pavimentar aquella parte de ciertas calles de la ciudad de Fort Smith, Arkansas, comprendida entre sus *189railes. La ley se aplicaba exclusivamente a la compañía apelante, a pesar de que en el Estado de Arkansas habían otras compañías de tranvías urbanos. Fort Smith Light and Traction Company, al cobrársele de acuerdo con la misma ley el importe de dicha pavimentación por no haberla hecho ella, alegó, como lo hace el aquí apelante, que como habían otras compañías de tranvías urbanos en el Estado, algunas-de las cuales operaban sus tranvías bajo permisos indetermi-nados igual que el de la apelante, los cuales no les exigían pavimentar calles, la ley en cuestión le negaba la igual pro-tección de las leyes. Resolviendo la contención de la ape-lante, dijo el tribunal.

“La Enmienda Catorce no prohíbe legislación por el mero hecho de que sea especial, o esté limitada en su aplicación a una deter-minada subdivisión geográfica o política del estado. [Numerosas chas;.] Si un estado puede delegar en un municipio el poder de requerir pavimentación de calles a un tranvía urbano, [cita], no comprendemos por qué razón, por medio de una ley de la Asamblea Legislativa no pueda el estado exigir igual requisito limitándolo a un solo municipio.

“Nada encontramos en el récord que nos permita -decir que la legislación que ahora nos ocupa fuere innecesariamente arbitraria o irrazonable, o que justifique desechar el criterio de la corte estatal quo sostuvo su íazonabilidad.” (Págs. 301, 392.)

Véase al mismo efecto la obra del Profesor Charles K. Burdick, The Law of the American Constitution, pág. 595, sección 280.

A nuestro juicio las autoridades citadas demuestran sin lugar a dudas que nuestra Asamblea Legislativa, al igual que la de los estados, puede ejercitar válidamente la facultad que ejercitó en la referida ley.

Es evidente que las personas afectadas por la contribu-ción especial se han de beneficiar con la mejora que habrán de tener las calles y el Parque Palmer de la ciudad de Ca~ guas. Además la contribución es uniforme para todos los *190usufructuarios, quienes pagarán por dicho concepto el dos por ciento del valor de sus respectivos solares.

De los autos no aparece que el Municipio de Caguas, al recibir la donación de las ochenta y una cuerdas de terreno de que hemos hecho mención, y mucho menos al ceder el usufructo de los solares, lo hiciera sujeto a la condición de que dichos solares estarían exentos de contribución. Pero asumiendo, a los efectos del argumento solamente, que tal condición pudiera limitar el amplísimo poder que hemos visto tiene nuestra Asamblea Legislativa para imponer con-tribuciones, no vemos cómo la Ley núm. 174 que nos ocupa, puede menoscabar condiciones que no existen en el contrato de usufructo, a menos que se quiera incurrir en el manifiesto absurdo de sostener que dicha contribución equivale a un canon de arrendamiento de dichos solares.

Finalmente sostiene el apelante que la Ley núm. 174 es confíscatoria porque si deja de pagar la contribución por ella impuesta -se expone a que su propiedad particular sea vendida en pública subasta para pagarla. Bastará decir que ese es el riesgo a que se expone todo contribuyente y no por ello podrá decirse que la contribución sea confíscatoria.

Procede por lo expuesto la confirmación de la sentencia.