emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación contra sentencia a favor de los demandantes en un procedimiento ordinario para ejecutar una hipoteca de $3,000, intereses y costas. La principal contención de los demandados,-tanto en su contestación como en la prueba ofrecida por ellos, fué que la deuda hipo-tecaria había sido pagada. La hipoteca en cuestión era ori-ginalmente de $10,000. La prueba de los demandantes fué al efecto de que se pagaron $7,000 de la misma por medio de un préstamo héchole al deudor por el Federal Land Bank» Los demandados afirmaron que los demandantes habían con-venido en aceptar los $7,000 en pago total de la deuda hipo-tecaria, ya que el ciclón de San Felipe había destruido casi totalmente la propiedad envuelta. Los demandantes negaron esta prueba, afirmando que los $7,000 se habían pagado con el fin de rebajar la hipoteca de $10,000 a $3,000. La corte de distrito dió crédito a la prueba de los demandantes. No encontramos base para alterar esta conclusión, especialmente debido a que el registro de la propiedad refleja el mismo resultado.

Los demandados son menores, representados aquí por su padre Bartolomé Castañer. Cuando murió su madre, se les declaró judicialmente únicos y universales herederos de la misma. Una escritura de partición de los bienes de la ma-dre fué otorgada el 2 de julio de 1928. Dicha escritura de-cía en parte que los bienes aquí envueltos se les adjudicaban a los menores “en común y por mitad en pago parcial de su *412haber . . . quedando dichos menores responsables del pago de los tres mil dólares de la parte del crédito hipotecario so-bre ella constituido a favor de Ventura Cortés”. Esta es-critura se otorgó en beneficio de los demandados por un de-fensor judicial nombrado por la corte. Aunque no presen-taron específicamente la contención en su contestación o en el juicio, los demandados en moción de reconsideración y en apelación alegan en efecto que la escritura de partición es nula porque no hubo prueba afirmativa de que la escritura de partición, que afectaba los bienes de los menores, había sido aprobada judicialmente. Pero aquí tenemos un caso en que el registro demostraba desde el año 1928 que los bienes en cuestión pertenecían a estos menores sujetos a su responsa-bilidad por la hipoteca en cuestión. El registrador no le-vantó cuestión alguna en relación con el requisito de apro-bación judicial antes de inscribir los bienes a nombre de ellos en esa forma. Podría ser que se le hubiera sometido prueba de tal aprobación. Y asumiendo que tal cuestión pueda levantarse en un caso de esta naturaleza, los deman-dados han fracasado completamente en el peso de la prueba que bajo las circunstancias cae sobre" ellos con el fin de de-mostrar que una escritura válida de su faz, que fué inscrita sin defecto alguno hace un número de años, es nula por falta de aprobación judicial. (Cf. Annoni v. Sucn. Nadal, 59 D.P.R. 640; Torres v. Lothrop, 231 U. S. 171, 180).

En efecto, los apelantes alegan que la corte inferior erró al resolver que los demandantes podían actuar como lo han hecho aquí por el mero hecho de que la propiedad hipotecada aparecía inscrita a su nombre en el registro. Pero •del registro surge el hecho de que, al heredar esta propiedad, los demandados se obligaron en la escritura de partición a cancelar la hipoteca en cuestión.1 Y hemos sostenido que en un pleito sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es correcto disponer en la sentencia, como se hizo aquí, *413q-ue en caso de qne los demandados no paguen la obligación garantizada por la hipoteca, la finca hipotecada sera vendida en pública subasta para pagar la hipoteca (Véase Canet v. Corte, 61 D.P.R. 150, 154).

La sentencia de la córte de distrito será confirmada.