emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de violar la Ley de la Bolita. Como defensa alegó que dicha ley no estaba en vigor a la fecha en que ocurrieron los hechos que motivaron la acusa-ción, y solicitó, además, la supresión de la evidencia ocupada por haber sido ilegalmente obtenida. Desestimadas ambas cuestiones, el acusado se declaró culpable y fué sentenciado a cumplir seis meses de cárcel.

Sostiene el apelante que la Ley de la Bolita no empezó a regir inmediatamente después de su aprobación porque su disposición al efecto de que dicha ley, “por ser de carácter urgente y necesaria, empezará a regir inmediatamente después de su aprobación”, no cumple con los requisitos de la Carta Orgánica. (1) Alega, entonces, que como la *266misma faé aprobada el lo de mayo de 1948 y los heclios del presente caso ocurrieron el 12 de jnnio de 1948, él no puede-ser convicto de su violación, pues no había transcurrido el término de noventa días que exige la Carta Orgánica para que la ley entrara en vigor.

En Díaz Cintrón v. People of Porto Pico, 24 F.2d 957 (CC.A. 1, 1928), la Corte de Apelaciones, considerando una cláusula sustaneialmente igual a la aquí envuelta, (2) resol-vió que la misma cumplía con las disposiciones del Acta Orgánica y sostuvo la vigencia inmediata del estatuto, pues una vez que la Legislatura establece que existe una emergen-cia, para que una ley entre en vigor inmediatamente des-pués de su aprobación, esa determinación es concluyente para los tribunales.

El acusado se declaró culpable del delito imputádole. En consecuencia, admitió la certeza y veracidad de los hechos bien alegados en la acusación. Era, pues, innecesario, determinar si la evidencia ocupada lo fue legalmente, ya que su admisión de culpabilidad hizo innecesario el uso de Ja referida evidencia.

Ataca, además, el apelante, la constitucionalidad de la ley porque, según él, la definición del delito que declara la sección 4, es vaga e imprecisa. Pero esta cuestión ha sido ya resuelta adversamente a su contención en el caso de Pueblo v. De Jesús, ante, pág. 37 y no tenemos motivos para apartarnos de la doctrina allí establecida.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.