García v. Tribunal Superior de Puerto Rico
Cases that cite this one
15 later published cases cite this decision.
- Rodríguez Quintana v. Rivera Estrada (Supreme Court of Puerto Rico 2015)
- Secretario de Justicia v. Tribunal Superior de Puerto Rico (Supreme Court of Puerto Rico 1968)
- Valentin Campos, Eliu v. Departamento De Justicia (P.R. Cir. 2025)
- Reliable Financial Services, Inc. v. Estado Libre Asociado (Supreme Court of Puerto Rico 2017)
- Santini Casiano v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico Y Otros (Supreme Court of Puerto Rico 2017)
- Reliable Financial Services, Inc. Y Otros v. Estado Libre Asociado Y Otros (Supreme Court of Puerto Rico 2017)
- Rodríguez Quintana v. Rivera Estrada (Supreme Court of Puerto Rico 2015)
- Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, Inc. v. Rivera Schatz (Supreme Court of Puerto Rico 2011)
- El Pueblo de Puerto Rico v. Gascot Cuadrado (Supreme Court of Puerto Rico 2005)
- Banco Santander de Puerto Rico y Universal Insurance Co. v. Estado Libre Asociado (P.R. Cir. 2003)
- Santiago Meléndez v. Superintendente De La Policía De Puerto Rico (Supreme Court of Puerto Rico 2000)
- William Santiago Meléndez v. Superintendente De La Policía De Puerto Rico, Secretario De Justicia De Puerto Rico (Supreme Court of Puerto Rico 2000)
- Painewebber Inc. v. First Boston (Puerto Rico) Inc. (Supreme Court of Puerto Rico 1994)
- Fernández Salgado v. Secretario de Hacienda (Supreme Court of Puerto Rico 1988)
- Vázquez Fontánez v. Tribunal Superior (Supreme Court of Puerto Rico 1974)
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Opinion of the Court
emitió la opinión del Tribunal.
La “Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones” — Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, según fue enmendada por la Núm. 10 de 1ro. de septiembre de 1961 — dispone que cuando un vehículo, bestia o embarcación marítima o aérea fuere confiscado en virtud de lo dispuesto por ... la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, ... el procedimiento se iniciará mediante la ocupación de la propiedad por el Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda, o el Superintendente de la Policía. ... El funcionario bajo cuya autoridad se actúe notificará al dueño, encargado o persona con derecho o interés en la propiedad ocupada, de la ocupación y tasación de los bienes ocupados; “debiendo efectuarse la notificación en forma fehaciente, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocupación; entendiéndose perfeccionada la notificación mediante su envío por correo con acuse de recibo. Los dueños, encargados o interesados en los bienes ocupados podrán impugnar la confiscación dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación, mediante demanda contra el funcionario bajo cuya autoridad se haya efectuado la confiscación,”. . . . Dis-pone la Ley que . . . “[L]a radicación de la demanda de impugnación dentro del término aquí establecido se considerará requisito jurisdiccional previo para el ejercicio de la acción aquí autorizada.”
“1. — El Secretario de Justicia notificó a Pedro García Rodrí-guez a su dirección en Barriada Felicia 1, #19 de Santa Isabel, Puerto Rico, por correo certificado con acuse de recibo la confisca-ción del vehículo a que se refiere la demanda, depositando en el correo de San Juan dicha notificación el día 21 de junio de 1963.
“2. — Aunque del sobre que contiene la notificación aparece que el mismo se recibió en el correo de Santa Isabel en junio 22, no fue hasta el 1ro. de julio que se le entregó la carta certificada a Pedro García Rodríguez.”
La Sala sentenciadora se declaró sin jurisdicción.
La controversia ante nos gira en torno a la interpretación de las disposiciones estatutarias aludidas. Dice la Ley que la demanda se radicará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación. El Secretario de Justicia sostiene que esa fecha la constituye el momento en que él depositó la notificación en el correo. El peticionario sostiene que debe contarse a partir del momento en que se le entregó la notificación.
La confiscación de un vehículo, cualquiera que sea su justificación en protección de la sociedad, no deja de ser una privación de la propiedad por la autoridad pública. El hecho debe quedar revestido de todas aquellas garantías que el debido procedimiento de ley requiere. Creemos que el estatuto por su texto concede dichas garantías. Dispone que la notifi-cación, punto de partida para el término de caducidad, se
Estipulado por las partes que como cuestión de hecho la notificación puesta en el correo se le entregó al peticionario el 1ro. de Julio de 1963, ahí ocurrió el acuse de recibo, o sea, tuvo lugar el segundo factor del perfeccionamiento.
Se revocará la sentencia recurrida, se dictará otra soste-niendo la jurisdicción de la Sala sentenciadora y se le devuel-ven los autos para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí dispuesto.
Sainz de Robles: Diccionario Español de Sinónimos.
Vox da “acusar” en su acepción 4ta. como “avisar o notificar [el recibo] de cartas, oficios, etc.” “Acuse”: Acepción 4ta., acción y efecto “de recibo”. “Acuse” — Cabanellas, Diccionario Ideológico: Acción y efecto de acusar recibo de una cantidad, de una cosa o documento. “Acusar”— con relación a cartas, pagos, documentos, etc. “participar que se ha recibido”.
Case-law data current through December 31, 2025. Source: CourtListener bulk data.