Torres Torres v. Tribunal Superior
Cases that cite this one
11 later published cases cite this decision.
- Lagares Pérez v. Estado Libre Asociado (Supreme Court of Puerto Rico 1997)
- Cupey High View Towers, Inc. v. Fortier (P.R. Cir. 1996)
- Inserni Castillo v. Betancourt Sieres (P.R. Cir. 2005)
- Pérez Marrero v. C.R. Jiménez, Inc. (Supreme Court of Puerto Rico 1999)
- Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental (Supreme Court of Puerto Rico 1999)
- Municipio De San Juan v. Junta De Calidad Ambiental, Administración De Reglamentos Y Permisos (Supreme Court of Puerto Rico 1999)
- Perez Marrero v. C.R. Jimenez, Inc. (Supreme Court of Puerto Rico 1999)
- Pagán Navedo v. Rivera Sierra (Supreme Court of Puerto Rico 1997)
- Aponte Correa v. Policía de Puerto Rico (Supreme Court of Puerto Rico 1996)
- Pueblo ex rel. R.S.R. (Supreme Court of Puerto Rico 1988)
- Cárdenas Maxán v. Rodríguez (Supreme Court of Puerto Rico 1987)
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Opinion of the Court
Un examen de los autos originales del caso de epígrafe nos lleva indefectiblemente a la conclusión de que el auto de certiorari fue impróvidamente expedido y debe ser anulado, y que, aún considerada la solicitud como una de revisión, procede rechazarla por falta de jurisdicción.
La solicitud de certiorari y la expedición del auto por el Tribunal persigue revisar una resolución en un pleito civil de daños y perjuicios por embargo ilegal iniciado por el peticionario Gamaliel Torres Torres contra los interventores P. & J. Roselló, Sucrs., en el Tribunal Superior, Sala de Ponce. Aunque la Sala de instancia utilizó el término “resolución”, ésta en realidad es una “sentencia”
El recurso apropiado para revisarla es el de revisión provisto en la Regla 58.1. Pero, aún considerada la solicitud de certiorari como una de revisión, procede rechazarse por carecer el tribunal de jurisdicción.
La “resolución” desestimando la demanda fue dictada y notificada a las partes el 4 de octubre de 1971. Al día siguiente la parte demandante presentó al tribunal una moción de reconsideración. Pero no fue hasta el 26 de noviembre de 1971, transcurridos cincuenta y tres días, que el tribunal proveyó sobre ella señalándola para vista y discusión. Habiendo expirado el término de treinta días para interponer el recurso, la Sala de instancia quedó privada de jurisdicción
En virtud de lo anteriormente expuesto, se anulará el auto de certiorari expedido. Considerada la solicitud como una de revisión, se declarará no ha lugar a la misma por falta de jurisdicción.
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, el término “sentencia”, según se usa en las reglas, incluye una resolu-ción y cualquier orden de la cual pueda apelarse.
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