Ruiz-Sierra v. Registrador de la Propiedad de Sec. I de Caguas

emitió la opinión del Tribunal.

Presentado al Registro de la Propiedad, Sección Primera, de Caguas, un mandamiento de embargo de finca urbana *579originado en el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, para asegurar la efectividad de la sentencia sobre cobro de dinero, ya firme y ejecutoria, en el pleito civil Complete Service Corporation v. Magda García Dávila y Frank del Río Colón, se negó el Registrador a anotarlo fundando su rechazo en la siguiente nota: “Se suspende la inscripción del documento relacionado en el epígrafe porque falta la copia de la demanda. No surge que el demandado Frank del Río lo es en represen-tación de la sociedad de gananciales que compone [síc] Ana Delia García o que esta última ha sido emplazada o que tra-tándose de deuda privativa se ha hecho excusión de los bienes del demandado.”

Rompiendo una lanza por lo que considera un discrimen perjudicial a la mujer (1) en la esfera registral, el Registrador invoca como fundamento de su nota el Art. 19 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 44) que le faculta para requerir documentos complementarios indispensables únicamente cuando la falta de éstos constituya defecto insubsanable. Su posición tendría el efecto de pasar sobre el Art. 18 de la Ley que le ordena calificar la legalidad de los documentos expedidos por autoridad judicial ajustándose a lo que resulte de los mismos. Extiende indebidamente dicha facultad e invade el campo de decisión judicial, exigiendo elementos de prueba cuya relevancia, admisibilidad y suficiencia propiamente son de la competencia del juez sentenciador. Al Registrador le está vedado considerar los fundamentos intrínsecos de la sentencia o sustituir su criterio por el del tribunal en cuanto concierne a sus *580determinaciones de hecho. Bermúdez v. Registrador, 74 D.P.R. 151, 155 (1952). La calificación no ha de estar gobernada por el ardor del reformista sino por la mesura del jurista. Banco de San Juan v. Registrador, 103 D.P.R. 417 in fine, (1975).

La deseabilidad del requisito al efecto de que para inscribir un embargo originado en juicio ejecutivo sobre finca ganancial haya sido dirigida la demanda contra ambos cónyuges, no es suficiente para enmendar la Ley Hipotecaria. Hasta que se enmiende la Regla 15.3 de Procedimiento Civil o por la Asamblea Legislativa se modifique el esquema de derecho ordenado por el Art. 72 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 121), y el concordante Art. 97 de su Reglamento (30 L.P.R.A. see. 977),(2) ha de prevalecer la norma de Banco San Germán v. Reg. San Germán, 31 D.P.R. 189 (1922), que aplicada al presente caso admite la inscripción del mandamiento de embargo toda vez que la falta de acompañar la sen-*581tencia, documento este que ha dado lugar a la orden de embargo, sólo constituye defecto subsanable.

Se dictará sentencia ordenando la anotación del embargo con el defecto subsanable apuntado, y la nota del Registrador será revocada.