Para el 3 de mayo de 1974 cuando la recurrente presentó su instancia en el Registro, disponía el Art. 388-C de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 705) que los registradores de la propiedad procederían a cancelar de oficio o a instancia de parte las anotaciones de embargo por razón de contribuciones, al transcurrir cuatro años desde la fecha de la anotación. (1) Invocando dicho artículo, la Compa-*463ñía de Fianzas presentó instancia al Registrador de Maya-güez solicitando la cancelación por caducidad de dos embargos por contribuciones anotados a favor del Estado Libre Asociado sobre finca adquirida por la promovente en ejecución de sen-tencia contra su deudor Antonio C. Pagán. El Registrador suspendió la inscripción interesada por constituir dicho gravamen la garantía del plan de pagos a que se había acogido el contribuyente moroso, a tenor de la Ley Núm. 8 de 10 de abril de 1964, que en su See. 5 dice: “Se faculta al Secretario de Hacienda a someter a, y se ordena, a los Registradores de la Propiedad a inscribir el total de la deuda incluida en los planes de pagos autorizados por esta ley como gravámenes sobre cualquier propiedad del deudor a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación contraída. El gravamen así anotado quedará vigente hasta tanto el deudor haya satis-fecho totalmente la deuda.”

La citada Ley de 1964, posterior en vigencia al invocado Art. 388-,C de la Ley Hipotecaria, regula con especialidad la vida de este embargo contributivo extendiéndolo por el tiempo que esté pendiente la deuda y por lo tanto prevalece sobre cualquier otra disposición general que autorice cancelaciones en el Registro. Se ajusta a derecho la actuación del Registrador porque estos embargos no han caducado.

La nota recurrida será confirmada.