Pueblo v. Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Varios agentes del Departamento de Hacienda entraron al negocio del apelante y ocuparon once latas de cerveza y dos botellas de ron. El día anterior a la incautación de las bebidas alcohólicas uno de los agentes había comprado dos cervezas y había visto a otras personas comprando. El acusado no apa-rece con licencia registrada en los archivos del Departa-mento de Hacienda y no le mostró a los agentes que intervi-nieron en su negocio licencia alguna autorizándolo a expender bebidas alcohólicas. Uno de los agentes que intervino declaró que se identificaron como agentes de Rentas Internas; que al principio el acusado trató de impedir la entrada, pero le con-vencieron y les permitió entrar e inspeccionar con el resultado arriba expuesto.

El apelante fue acusado de infringir el Art. 107(a) de la Ley de Bebidas, Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969 (13 L.P.R.A. see. 6107 (a)) que establece como delito menos grave el expender bebidas alcohólicas sin obtener una licencia. Convicto, se le impuso una multa de $150. Apeló.

Sostiene que el tribunal sentenciador erró al admitir la evidencia sometida (las bebidas incautadas) por ser la misma producto de un registro ilegal e irrazonable.

*806Tradicionalmente el negocio de destilar, almacenar y vender bebidas alcohólicas ha sido objeto de reglamentación. Para dedicarse a las distintas fases de ese negocio se requiere la obtención de una licencia del Secretario de Hacienda. Específicamente los Arts. 12 y 75 de la Ley de Bebidas!1) — 13 L.P.R.A. sees. 6012 y 6075 — reglamentan la obtención de una licencia para traficante al detalle en bebidas alcohólicas.

El Art. 101 de la citada ley — 13 L.P.R.A. see. 6101 — fa-culta al Secretario de Hacienda a “entrar en cualquier desti-lería, fábrica, planta, establecimiento comercial o almacén sujeto a las disposiciones de esta ley para realizar investiga-ciones relacionadas con esta ley.”

La facultad concedida al Secretario para inspeccionar los establecimientos comerciales no está limitada a aquellos que ya han obtenido licencia para expender bebidas alcohólicas sino que se extiende a todo negocio “sujeto a las disposiciones de esta ley”. Si la facultad sólo se limitara a los que hubieran obtenido licencia, los negocios que no la hubieran obtenido gozarían de un privilegio no justificado. La facultad concedida al Secretario está predicada en la naturaleza del negocio, no en el hecho de que haya obtenido o no la licencia requerida por esa ley.

Estando así reglamentado el negocio de vender bebidas alcohólicas la persona o entidad que se dedique al mismo implícitamente reconoce la autoridad del Secretario de Hacienda para inspeccionarlo y determinar si ha cumplido con la ley y los reglamentos que la implementaron. Colonnade *807Catering Corp. v. United States, 397 U.S. 72 (1970). Se en-tiende que la disposición estatutaria que autoriza al Secreta-rio “a entrar en cualquier . . . establecimiento comercial” equivale a una orden de allanamiento. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso relacionado con el negocio de armas de fuego, que al igual que el negocio de bebidas al-cohólicas está permeado de gran interés público, expone: “Sin mayor dificultad concluimos que cuando como en este caso las inspecciones reglamentarias promueven la protección impera-tiva de los intereses federales y el riesgo o amenaza de que la privacidad quede sujeta al abuso no opera en grado o exten-sión significativos, procede la inspección sin orden de allana-miento cuando el estatuto específicamente lo autoriza.” United States v. Biswell, 406 U.S. 311, 317 (1972). Y en G.M. Leasing Corp. v. United States, 429 U.S. 338-353 (1977), ratificando a United States v. Biswell, supra y Colonnade Catering Corp. v. United States, supra, expuso: “El Tribunal, por su-puesto, ha reconocido que determinado negocio debido a su naturaleza especial y al hecho de que opera voluntariamente, podría quedar sujeto a intrusiones que resultarían impermisi-bles de tener lugar éstas dentro de un contexto puramente privado.” Ver además a Almeida-Sánchez v. United States, 413 U.S. 266-271 (1973); United States ex rel. Terraciano v. Montanye, 493 F.2d 682 (2d Cir. 1974); United States v. Petrucci, 486 F.2d 329-332 (9th Cir. 1973); Daley v. Berzanskis, 269 N.E.2d 716 (Ill. 1971); Nota: 23 S.D. L. Rev. 261 (1978); Rothstein & Rothstein, Administrative Searches and Seizures: What Happened to Camara and See?, 50 Wash. L. Rev. 341-358 (1975); Nota: Inspections by Administrative Agencies: Clarification of the Warrant Requirement, 49 Notre Dame Law. 879-886 (1974). Pero véase: Nota: The Constitution and Privilege Holders: Conditioning the Issuance of a Liquor License Upon Consent to a Warrantless Search, 48 Ind. L.J. 117 (1972). Ahora bien, esa facultad con-*808cedida al Secretario por el estatuto no es una ilimitada e irres-tricta. Si el dueño o su representante objetan, no procede ha-cer uso de la fuerza para llevar a cabo la inspección. Lo que procede entonces es formular denuncia contra el dueño o su representante por violación al Art. 114 de la Ley de Bebidas, 13 L.P.R.A. see. 6114, que dispone que “[t]oda persona que impida u obstruya la inspección por parte del Secretario de establecimientos comerciales . . . incurrirá en delito menos grave . . . .” Colonnade Catering Corp. v. United States, supra y United States v. Biswell, supra.

Habiendo actuado los agentes de Rentas Internas con-forme a la facultad concedida al Secretario de Hacienda por la Ley de Bebidas, se confirmará la sentencia apelada.