emitió la opinión del Tribunal.

HH

Ya anteriormente nos ha tocado en tres (3) oca-siones resolver controversias relacionadas con la práctica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante E.L.A.) de “actualizar y preservar expedientes, carpetas, listas, ficheros, etc., de personas, agrupaciones y organiza-ciones, única y exclusivamente por creencias o tendencias políticas e ideológicas”.(1) En Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988),(2) (en adelante Noriega I) resolvimos que dicha práctica era inconstitucional y, posteriormente, en Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992), (en adelante Noriega II) resolvimos que no se podía eliminar de los ex-pedientes que fueran devueltos a las personas que los soli-citaran los nombres de quienes de alguna forma proveye-ron información a los agentes del orden público involucrados en la práctica declarada inconstitucional. Re-cientemente, en Medina v. Cruz Manzano, 141 D.P.R. 635 (1996), resolvimos que las personas que brindaron infor-mación al Estado para la confección de las carpetas no eran civilmente responsables, puesto que “la responsabili-dad civil y la condena total debe recaer única y exclusiva-mente en el Estado”. (Énfasis suprimido.) Cf. Noriega II, supra.

*122En esta ocasión regresan a nuestra atención varios ca-sos(3) para los que las decisiones emitidas en las opiniones relacionadas anteriormente sirven como punto de partida o de alguna otra forma demarcan su devenir. Hoy nos toca auscultar y analizar el alcance en nuestra jurisdicción de la disposición contenida en la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Mediante ésta, los tribunales pueden consolidar, total o parcialmente, casos pendientes ante sí que presentan cuestiones comunes de hecho o de derecho. Al resolver, no podemos olvidar que estamos “ante un caso constitucional e históricamente único, de singula-res remedios, cuya trayectoria requ[iere] el más ponderado análisis judicial sobre la marcha”. Noriega II, supra, pág. 932. También debemos tener presente que estamos ante un Tribunal de Primera Instancia de jurisdicción unificada, con amplia facultad para el manejo de los casos que se presentan ante su atención y que el Tribunal Supremo tiene facultad para, en bien de la justicia, ordenar la mejor utilización de los recursos disponibles del Sistema Judicial.

( — 1

Como corolario de nuestras decisiones en Noriega I, supra, y Noriega II, supra, se presentaron en las distintas salas del entonces Tribunal Superior varios casos civiles contra el E.L.A., entre otros demandados, en los que se reclamaba indemnización por los daños sufridos como con-*123secuencia de la práctica declarada inconstitucional en Noriega I, supra. El primero de estos casos, Fernández Pola y otros v. E.L.A. y otros, Civil Núm. ADP-90-0945, fue pre-sentado ante la Sala de San Juan del entonces Tribunal Superior. Posteriormente, otros siguieron. Entre éstos se encuentran: Vives Vázquez v. E.L.A. y otros, Civil Núm. BAC-93-0013 (Aibonito) y Gregory Carrasco y otros v. E.L.A., Civil Núm. ADP-92-1877 (Aguadilla).(4)

Ante la situación de haberse presentado estos casos en distintas salas del Tribunal de Primera Instancia y adu-ciendo la existencia de cuestiones comunes de hecho y de derecho con el caso de Fernández Pola y otros v. E.L.A. y otros, el Estado solicitó que los casos de Vives Vázquez v. E.L.A. y otros, supra (Aibonito) y Gregory Carrasco y otros v. E.L.A., supra (Aguadilla) fueran consolidados con el de Fernández Pola y otros v. E.L.A. y otros, supra (San Juan). Ambas solicitudes fueron declaradas sin lugar. De estas determinaciones recurre ante nos el E.L.A. En ambos casos le imputa al foro de instancia haber errado al denegar las solicitudes de consolidación. Nos pide que revoquemos los dictámenes y que ordenemos la consolidación de los casos ante nuestra consideración. Por los fundamentos que ex-*124pondremos procede que revoquemos los dictámenes recurridos(5)

Los casos ante nuestra consideración suponen la elabo-ración de una cuestión de derecho común a todos ellos. De-bemos establecer los parámetros y los criterios que deben guiar la discreción del Tribunal al analizar las solicitudes de consolidación presentadas por el E.L.A. Debemos tener presente varias consideraciones esenciales al llegar a nues-tra determinación. Primeramente, no podemos olvidar las dimensiones de los casos que se han presentado en el Tribunal de Primera Instancia motivados por la práctica ile-gal del Gobierno de levantar expedientes a base de consi-deraciones puramente ideológicas. En segundo lugar, cualquier análisis de las controversias procesales que se suscitan en nuestro ordenamiento requiere que reconozca-mos el carácter jurisdiccionalmente unificado de nuestro Sistema Judicial. También deben atenderse las normas que, no sólo reconocen la facultad, sino también el deber de los tribunales de intervenir dinámicamente en la tramita-ción de los casos ante su atención, aun cuando las partes no lo soliciten. Y, finalmente, debe recordarse la facultad inherente que tiene este Tribunal para disponer las bases reglamentarias necesarias para propiciar la más eficiente administración de la justicia, no sólo en relación con los casos ante nuestra consideración, sino también en cuanto al Sistema Judicial en general.

*125r — i i — I L_J

Para resolver la controversia que se nos presenta, co-menzaremos analizando los contornos de la figura procesal de la consolidación. Aunque esta figura ha formado parte de nuestro ordenamiento procesal desde comienzos de si-glo, nunca ha sido objeto de un análisis abarcador por nuestra parte. Sí hemos tenido la oportunidad de expresar-nos sobre los propósitos de la misma.

Así, en López Valdés v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 779, 792 (1968), reconocimos al comentar la regla de procedimiento civil atinente a la consolidación, entonces vigente, que “[u]n principio cardinal en nuestro derecho procesal es el de evitar la multiplicidad de pleitos, y de adjudicar en una causa las distintas reclamaciones de las partes cuando la naturaleza de las causas lo permiten”. De igual forma, pero años más tarde, reseñamos sobre la finalidad de la consolidación los aspectos siguientes: “evitar la proliferación de acciones, lograr la economía procesal y evitar la indeseable probabilidad de que suijan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente.” (Enfasis suprimido.) Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 608 (1989).

La regla de procedimiento civil de la cual surge la figura de la consolidación dispone como sigue:

Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que envuel-van cuestiones comunes de hechos o de derecho, éste podrá or-denar la celebración de una sola vista o juicio de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas envueltas en dichos pleitos; podrá ordenar que todos los pleitos sean consolidados; y podrá, a este respecto, dictar aquellas órdenes que tiendan a evitar gastos innecesarios o dilación. Regla 38.1 de Procedimiento Civil, supra.

Esta redacción corresponde sustancialmente a la Regla 42(a) Federal de Procedimiento Civil, 28 U.S.C. Ap. Dado lo anterior, resulta prudente que, al delimitar los contornos *126de la figura procesal de la consolidación en nuestra juris-dicción, examinemos la experiencia y los desarrollos nor-mativos en la jurisdicción federal respecto a esta figura. Este análisis, sin embargo, no puede perder de vista la naturaleza de nuestro sistema unificado de justicia, que supone consideraciones muy particulares, a la luz de las cuales se moldeará la norma que será de aplicación en nuestra jurisdicción. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983); Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 526, 530-531 (1961). Vistos los propósitos enumerados, atenda-mos el contenido de la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, supra, sobre consolidación.

De la redacción de la regla surge que existen dos (2) requisitos para que proceda inicialmente una solicitud de consolidación: que los casos presenten cuestiones comunes de hechos o de derecho, y que éstos estén pendientes ante el tribunal.

A. Con respecto al primero de estos requisitos, los tribunales federales, al interpretarlo, tienden a hacer un aná-lisis integrado de esta regla junto con las que regulan si-tuaciones análogas.(6) Por ejemplo, distinguen este requisito de la Regla 42(a) federal, supra, sobre consolida-ción, de los de la Regla 18 (28 U.S.C. Ap.) que trata sobre acumulación de reclamaciones (equivalente a nuestra Re-gla 14 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill) y los de la Regla 20(a) (28 U.S.C. Ap.) que trata sobre acumulación permisible de partes (similar a nuestra Regla 17.1 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III). Todas estas reglas, aunque difieren entre sí, tienen un propósito en común: que se puedan resolver distintas reclamaciones de forma simultánea. Con relación a la Regla 18, supra (nuestra Re-gla 14, supra) un demandante puede incluir en una de-*127manda todas las reclamaciones que tenga contra el deman-dado, aunque no exista relación alguna entre las distintas reclamaciones. En estos casos, por lo tanto, se admite la acumulación de reclamaciones sin necesidad de analizar la similaridad entre ellas. De otra parte, en la Regla 20(a) federal, supra (nuestra Regla 17.1, supra) se presta especial atención a los aspectos comunes de los hechos. La regla permite que se unan en un mismo pleito, como demandan-tes o demandados, a todas aquellas personas que tengan una reclamación o contra quienes se tengan reclamaciones, siempre que las mismas “surja[n] del mismo acto, omisión [o] evento”. Regla 17.1 de Procedimiento Civil, supra. El peso del análisis, por lo tanto, recae sobre la fuente de la reclamación.

En lo que respecta a la regla sobre consolidación, la Re-gla 42(a) federal, supra (nuestra Regla 38.1, supra) ésta sólo requiere la existencia de cuestiones comunes de he-chos o de derecho. Los casos a consolidarse, por lo tanto, deben tener asuntos en común, a diferencia de la Regla 18 federal, supra (Regla 14 nuestra, supra) pero no tienen que surgir del mismo evento o transacción, como requiere la Regla 20(a) federal, supra (Regla 17.1 nuestra, supra).

En cuanto al contenido específico de la regla sobre consolidación, se ha resuelto que no es necesario que la totalidad de las cuestiones de hecho y de derecho sean idénticas. De ahí que la existencia de consideraciones particulares sólo a algunos de los casos no impide que se conceda la consolidación. Skirvin v. Mesta, 141 F.2d 668 (10mo Cir. 1944). Tampoco se requiere que tanto las cuestiones de hechos como las de derecho sean comunes en los casos a consolidarse, siendo suficiente que haya similaridad en una u otra. La consolidación tampoco depende de que exista identidad entre las partes en los pleitos a consolidarse, aunque es un aspecto que puede pesar sobre el ánimo del juzgador al tomar la determinación. In re New York Asbestos Litigation, 145 F.R.D. 644 (1993); Cruz v. *128Robert Abbey, Inc., 778 F. Supp. 605 (E.D. N.Y. 1991); Thayer v. Shearson, Loeb, Rhoades, Inc., 99 F.R.D. 522 (W.D. N.Y. 1983). De ordinario, las acciones a consolidarse son de igual naturaleza, aunque ello no es un requisito indispensable para concederla. Moore’s Federal Practice Sec. 42-16 (1995).

B. El otro elemento que, según la regla, debe corroborarse antes de conceder la consolidación, es que los casos estén pendientes ante el tribunal. La jurisprudencia federal ha sostenido reiteradamente que este requisito implica que los casos tienen que estar pendientes ante un mismo distrito federal. In re Penn Central Commercial Paper Litigation, 62 F.R.D. 341 (S.D. N.Y. 1974); Silver v. Goodman, 234 F. Supp. 415 (D. Conn. 1964); Swindell-Dressler Corporation v. Dumbauld, 308 F.2d 267 (3er Cir. 1962); National Equipment Rental, Ltd. v. Fowler, 287 F.2d 43 (2do Cir. 1961); Anschell v. Sackheim, 145 F. Supp. 447 (D. N.J. 1956); Facen v. Royal Rotterdam Lloyd S.S. Co., 12 F.R.D. 443 (S.D. N.Y. 1952). Esta interpretación responde a la naturaleza del sistema federal, uno de jurisdicción limitada que requiere de un estatuto para que a un tribunal se le confiera jurisdicción sobre un asunto,(7) y por su organización en noventiún (91) tribunales de distrito, con una clara y particularizada demarcación territorial,(8) y trece (13) tribunales de apelaciones, también con una demarcación territorial específica(9). La misma impide que se consoliden casos que están pendientes ante varios tribunales de distritos federales(10) o ante los tribunales federales y los tribunales de los estados. El razonamiento en estos Ca-*129sos ha sido técnico y ha estado inmerso en consideraciones jurisdiccionales propias de un sistema de jurisdicción limitada. Los tribunales federales se refieren a conceptos que suponen en dicha jurisdicción la falta de autoridad en ley para promover la consolidación de casos pendientes ante distintos distritos judiciales; conceptos tales como competencia {venue) y traslado.(11)

*130En este sentido cabe destacar la diferencia en la naturaleza de los conceptos de competencia en nuestra jurisdicción y en la jurisdicción federal. En la nuestra, los conceptos de “competencia” y “traslado” son normas de trámite administrativo que promueven la mejor distribución de los casos y asuntos a través del sistema, procurando así una más eficiente utilización de los recursos y velando más cabalmente porque se haga justicia. Estas normas disponen las salas del Tribunal de Primera Instancia en las cuales, de ordinario, deberán presentarse y tramitarse las causas. Esto se hace a base de la ubicación de bienes inmuebles, del lugar donde haya surgido la causa de acción o de la residencia de las partes, entre otras consideraciones. Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ciertamente se trata de un concepto de importancia en nuestra jurisdicción, para los fines de una eficiente administración de la justicia. La inobservancia injustificada de estas nor-mas “puede conducir a la anarquía y resultar en detrimento de ‘una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento’ ”. Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 130 D.P.R. 203, 207-208 (1992). Sin embargo, no se trata de un concepto que dispone la autoridad o facultad potestativa de un tribunal para adjudicar controversias o para administrar los casos ante su consideración. La propia regla aclara que “[t]odo pleito podrá tramitarse en la sección o sala en que se presente por convenio de las partes y la anuencia del juez que presida dicha sala en ese momento. De lo contrario, será transferido por orden del juez a la sección o sala correspondiente”. Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véase la Orden Administrativa Núm. I de 20 de enero de 1995. Más aún, consistente con la unificación de nuestro Sistema Judicial, la referida regla dispone específicamente que ningún caso podrá ser desestimado por haberse presentado en una sala sin competencia. En este sentido, los conceptos de “competencia” y “traslado” que rigen en nuestro Sistema Judicial, se distinguen mar-*131cadamente de sus análogos federales, donde dichos concep-tos son de naturaleza jurisdiccional y requieren un análisis distinto.

En este sentido vemos que 28 U.S.C. see. 1391, por un lado, y 28 U.S.C. sees. 1404 y 1406, por el otro, tratan de las normas de competencia {venue) que facultan, bajo ciertas circunstancias, el traslado de una causa de un tribunal de distrito a otro en la esfera federal. En 28 U.S.C. sec. 1404(a)(12) se provee para el traslado de ciertas acciones que han sido correctamente presentadas en un tribunal de distrito, cuando sea necesario para la conveniencia de las partes o los testigos y en el interés de la justicia. La acción, sin embargo, y a diferencia de lo aplicable en nuestra jurisdicción, tiene que ser una que pudo haberse presentado originalmente en el tribunal de distrito al cual se transfiere la misma. En otras palabras, sólo procede el traslado si en ambos distritos hay competencia sobre la acción. Se ha interpretado que es indispensable que el tribunal al cual se va a transferir la acción tenga competencia {venue), conforme algún estatuto; requiere, además, que el demandado hubiese podido ser emplazado en el distrito donde se transfiere la acción {transferee forum must be one in which process could have been served on defendant). Este último requisito se refiere a la actuación afirmativa que le permite al tribunal concretizar la jurisdicción sobre la persona del demandado. C.A. Wright, The Law of Federal Courts, 4ta ed., Minnesota, West Publishing Co., 1983, pág. 263.

En este sentido la sección ha sido interpretada por el Tribunal Supremo federalp(13) como dispositiva de que el tribunal al cual se quiera transferir la causa es uno en el cual *132el demandante la pudo haber presentado desde un princi-pio, por lo que debe existir competencia en el tribunal al cual se transfiere la acción y, además, los fundamentos ne-cesarios para establecer la existencia de jurisdicción sobre la persona del demandado. Este requisito impide que, de no existir los requisitos necesarios, el demandado los supla allanándose a la solicitud de transferencia. Cuando el tribunal al cual se trasladará la acción no es uno donde la acción inicialmente pudo haber sido presentada, el consen-timiento del demandado no subsana el defecto jurisdiccional. Esta frase de 28 U.S.C. sec. 1404(a) (where it might have been brought) impone la obligación de que se tome en consideración la situación existente al momento en que se presenta la acción. (14) Si al efectuar dicho análi-sis se concluye que al momento en que se presentó la de-manda, el distrito al cual se quiere trasladar la acción no es uno en el cual el demandante pudo haber presentado la demanda, carecería el tribunal de facultad o autoridad para ordenar el traslado. Hoffman v. Blaski, 363 U.S. 335 (1960).

Vemos de este análisis que, en la jurisdicción federal, el concepto de “competencia” {venue) goza de características propias del concepto de “jurisdicción”. Se trata como una falta de autoridad para disponer respecto a un caso sobre el cual no existe competencia, de conformidad con algún estatuto que se la confiere (como en el caso de la see. 1406) o de falta de autoridad para trasladar un caso a un tribunal que carece de competencia (como en el caso de la sec-ción 1404).

Como podemos observar, en nuestra jurisdicción *133la situación es completamente distinta a la expuesta res-pecto a la jurisdicción federal. No es de aplicación, por lo tanto, la interpretación restrictiva y extremadamente téc-nica que sostiene la jurisprudencia federal respecto al re-quisito de la Regla 42(a) de Procedimiento Civil, supra, de que las acciones estén pendientes ante el mismo distrito. Esta interpretación es contraria a los principios básicos de un sistema judicial unificado. Sostiene una política proce-sal ajena a la norma de flexibilidad y liberalidad que debe prevalecer al atenderse solicitudes de consolidación y mi-lita en contra del concepto de tribunal unificado que im-pera en nuestra jurisdicción. Analicemos, aunque somera-mente, el principio de unificación en nuestro sistema de justicia.

C. Expresamente reconocida en el Art. IV, Sec. 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, la idea de la unificación del Sistema Judicial en Puerto Rico antecedió la adopción de nuestra Ley Fundamental. Ya para la reforma judicial impulsada en Puerto Rico en 1950, Ley Núm. 432 de 15 de mayo de 1950, se pueden reconocer trazos de la misma. En este sentido nos señala el ex Juez Presidente de este Tribunal, Don José Trías Monge, que la Ley Orgánica de la Judicatura de 1950, en su Art. 3 (4 L.P.R.A. sec. In.) “anticipaba ya una parte esencial del sistema vigente”. J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1978, pág. 108. El mismo disponía lo siguiente:

... Por la presente el territorio de Puerto Rico se constituye en un distrito judicial.

Los tribunales de justicia ejercerán su jurisdicción sobre la totalidad del territorio comprendido en dicho distrito judicial. Art. 3 de la Ley Núm. 432 de 15 de mayo de 1950, supra.

La citada redacción establece un sólo distrito judicial y dispone claramente de limitaciones jurisdiccionales, hasta entonces prevalecientes en nuestro sistema de impartir justicia. El mismo interés que propulsó en 1950 la adop-*134ción de esta disposición, encontró apoyo en la Asamblea Constituyente. La disposición finalmente aprobada e incor-porada a la Constitución expresa que: “Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y adminis-tración.” Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 355.

El ex Juez Presidente Señor Trías Monge nos relata que la adopción de la disposición, aun con su precedente ava-lado legislativamente sólo dos (2) años antes, encontró, por consideraciones extrañas al asunto que hoy discutimos, fuertes tropiezos entre los miembros de la Asamblea Constituyente.

La transacción alcanzada, que en realidad no afectó la sustan-cia de la versión original, consistió en no establecer constitucio-nalmente el tribunal único, aunque disponiendo, del otro lado, que los tribunales de Puerto Rico constituirían un sistema in-tegrado en cuanto a determinados aspectos. La enumeración que se hacía de tales aspectos cubría, no obstante, todos los ne-cesarios para el logro de una unificación total. (Enfasis suplido.) Trías Monge, op. cit., págs. 117-118.

Logró así rango constitucional una idea que precedente-mente sólo había sido avalada por legislación. Esta carac-terística de unificación judicial era relativamente novel; al momento, sólo el estado de Nueva Jersey había logrado tal propósito.

Con relación a la enumeración contenida en la Ley de la Judicatura de 1952, que es la misma que contiene la Cons-titución, se ha dicho que:

[n]o se estimó que la adición de la frase [“en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración”], tomada de la propia Constitución, limitaba en modo significativo alguno el ámbito de dicha idea, dada la amplitud de los conceptos “juris-dicción”, “funcionamiento y administración”. Trías Monge, op. cit., pág. 133.

La interpretación de los términos “jurisdicción”, “funcionamiento” y “administración” ha sido siempre y *135debe seguir siendo liberal, de suerte que se pueda alcanzar en la práctica el propósito de la unificación. Por lo tanto, en lo referente a jurisdicción, la aplicación del principio debe producir el reconocimiento que cualquier parte del Sistema Judicial tiene la facultad para resolver una causa. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223 (1994); Noriega I, supra; Ramírez v. Registrador, 116 D.P.R. 541 (1985); Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752 (1981); Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153.(1980); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451 (1974); Rosado v. Registrador, 71 D.P.R. 553 (1950). La unificación judicial, en la práctica, debe propender a soluciones que atiendan adecuadamente las necesidades cambiantes y cada vez más complejas que tiene nuestra sociedad. Nosotros, como Tribunal de última instancia, tenemos la responsabilidad constitucional de asegurarnos que el referido principio pro-duzca los resultados esperados de suerte que facilitemos la administración justa, rápida y económica de las causas que se presentan ante nuestros tribunales de justicia.

Tomando en consideración todo lo anteriormente ex-puesto, surge con meridiana claridad que en nuestro Sis-tema Judicial unificado la frase “[cjuando estén pendientes ante el tribunal”, contenida en la Regla 38.1 de Procedi-miento Civil, supra, sobre consolidación, sólo requiere que los casos a consolidarse se hayan presentado y su trámite esté pendiente ante alguna de las salas del Tribunal de Primera Instancia. (15)

D. Analizados y delimitados los dos (2) requisitos ya mencionados,(16) pasemos a considerar otros criterios *136cuya aplicación podría ayudar a guiar el criterio del juzga-dor al resolver solicitudes de consolidación. En términos generales, la jurisprudencia federal ha resuelto que al de-cidir sobre una solicitud de consolidación, el juzgador debe considerar si la misma propendería a una resolución justa, rápida y económica de las acciones. Igualmente debe con-siderar si la consolidación tiende a evitar resultados incon-sistentes entre las distintas disputas que presenten cues-tiones similares de hecho o de derecho. Hendrix v. Raybestos-Manhattan, Inc., 776 F.2d 1492 (11mo Cir. 1985); Consorti v. Armstrong World Industries, Inc., 72 F.3d 1003 (2do Cir. 1995). También de forma general, los tribunales han considerado los perjuicios que la consolida-ción podría causarles a los litigantes y al sistema de impar-tir justicia, y la posibilidad de que los mismos no puedan ser evitados mediante órdenes cautelares emitidas por el tribunal sentenciador, prestando especial atención a las circunstancias particulares del caso. Lo importante es que dadas las circunstancias, la consolidación tienda a promo-ver la buena administración de la justicia, la aceleración en la resolución de las disputas y la reducción de costos en la litigación. Prudential Ins. Co. of Am. v. Marine Nat. Exch. Bank, 55 F.R.D. 436 (E.D. Wis. 1972); Hendrix v. Raybestos-Manhattan, Inc., supra.(17)

Hay que considerar, también, que la posibilidad de perjuicio no impide necesariamente la concesión de la consolidación. Frente a una alegación de perjuicio por una de las partes, el tribunal debe hacer un balance de los in-*137tereses involucrados y ponderar el supuesto perjuicio, que debe ser real, no subjetivo, versus el interés de que se logre una solución justa, rápida y económica de la controversia. Debe, además, considerarse la posibilidad de que mediante órdenes cautelares puedan evitarse los efectos peijudicia-les de la consolidación. Consorti v. Armstrong World Industries, Inc., supra.(18)

El momento en que se solicita la consolidación es también un factor a considerar. Moore’s Federal Practice and Procedure, supra, pág. 42-6. El tribunal deberá analizar la etapa procesal en la cual se encuentran las acciones cuya consolidación se solicita. En este respecto considerará: la existencia de mociones potencialmente dispositivas de las acciones que estén pendientes ante los tribunales; si se han presentado todas las alegaciones requeridas por las Reglas de Procedimiento Civil; el descubrimiento de prueba a efectuarse o efectuado en los casos, y cualquier otra consideración respecto al desarrollo procesal de los casos que pueda ofrecer criterios al juzgador para guiar su ánimo.

En todo caso la decisión es circunstancial y requiere me-dir todas las consideraciones a favor y en contra de la con-solidación, prestando particular atención a los hechos que tenga ante sí el juzgador en relación con todos los casos respecto a los cuales se solicita la misma. Wright and Miller, supra, pág. 438. Es el balance de todas las considera-ciones lo que determina la decisión.

Por último, el juzgador debe tomar en consideración también, cuando sea pertinente, la complejidad de los casos. La consolidación ha sido citada como uno de los mecanismos a seguir para atender adecuadamente casos complejos, ya por la naturaleza de las controversias que pre-*138sentan o por la multiplicidad de partes. Manual for Complex Litigation, Centro Judicial Federal, 3ra ed., 1995, pág. 322.(19) En este sentido, en nuestra jurisdicción la con-solidación es un mecanismo adicional con el que cuenta el Tribunal de Primera Instancia para asegurarse de que en los pleitos ante su atención se produzca una “solución justa, rápida y económica ...”. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. De esta forma el Tribunal de Primera Instancia puede cumplir con mayor acierto su obligación de atender cabalmente los casos de esta natura-leza sometidos para su atención. En este sentido nos expre-samos anteriormente así, respecto a los casos complejos:

Los llamados casos complejos constituyen un reto a nuestro sistema judicial, y en particular al ordenamiento procesal moderno. Estos casos se caracterizan por tener múltiples par-tes y controversias de hechos o de derecho complejas y técnicas. Su manejo requiere remedios extraordinarios y órdenes parti-culares que reglamenten la conducta procesal de las partes y atiendan adecuadamente las reclamaciones de millonarias su-mas de dinero que suelen caracterizar estos litigios. A la par que nuestra sociedad crece y se desarrolla, este tipo de caso aumenta. Los problemas que surgen de la explosión urbana, industrial, científica y tecnológica desafían los esquemas adju-dicativos vigentes. Es ineludible el deber de los tribunales de acoplarse a esta nueva realidad. La forma tradicional de reso-lución de disputas resulta inadecuada para la litigación compleja. A este reto los tribunales tienen que enfrentarse de forma decidida e imaginativa, adaptando los mecanismos pro-cesales existentes y haciendo uso activo de todos los recursos que tienen a su disposición. Hay que estructurar los mecanis-mos procesales necesarios para adjudicar pronta y adecuada-mente este nuevo tipo de controversias. Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838, 847 (1986). Cf. Ortiz Rivera v. E.L.A., National Ins. Co., 125 D.P.R. 65, 69 (1989). Véase, además, Amaro González v. First Fed. Savs., 132 D.P.R. 1042 (1993).

*139Entendemos que la consolidación podría en circunstan-cias apropiadas propender a la mejor administración de este tipo de casos. La determinación, sin embargo, des-cansa en la sana discreción del juez de instancia, quien deberá decidir, a la luz de los hechos ante sí, la procedencia de la misma. En este sentido el tribunal sentenciador tiene amplia facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia. Véase Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra.

Se trata de la misma facultad que hemos reconocido, o a la cual hemos aludido, en el pasado en múltiples ocasiones y ante diversas situaciones. Véase Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, esc. 8 (1991). Más que una facultad, en la mayor parte de los casos hemos aludido a un deber que se le impone al Tribunal de Primera Instancia de ac-tuar afirmativa y dinámicamente en la tramitación de los casos ante su consideración. Véanse: Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994); Cuadrado Carrion v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434 (1988); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986). Esta interven-ción no tiene que depender de la solicitud que a los efectos le hagan las partes, sino que puede surgir incluso motu proprio por parte del Tribunal. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743-744 (1986); Coop, de Crédito v. Soc. de Gananciales, 104 D.P.R. 675, 677 (1976); Corporación Azucarera v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 214, 218 (1975). En este último caso expresamos que:

En la ventilación de pleitos que absorben gran parte del tiempo útil del tribunal, las salas de instancia no deben vacilar en utilizar al máximo los recursos de Reglas para aligerar los procedimientos, aun cuando tengan que originarlos motu pro-prio ante la falta de iniciativa de las partes, con la restricción y mesura que proteja los derechos de los litigantes. Corporación Azucarera v. Tribunal Superior, supra, pág. 218.

*140Debemos recordar que las Reglas de Procedimiento Civil, al igual que los otros cuerpos de normas procesales, tienen que servir el propósito de resolver justa, rápida y económicamente las controversias que se presenten ante nuestros tribunales. Es por eso que la facultad de actuar afirmativa y dinámicamente en la tramitación de los casos debe ir acompañada de “un enfoque integral, pragmático y creativo de nuestro ordenamiento procesal y sustantivo [para] que con voluntad, sinceridad y acción, [se] le dé vida a dichos valores y los convierta en vivencias y realidades cotidianas, atendiendo así las altas expectativas de nuestro contorno social”. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 288 (1988).

Esta facultad permite incluso, en ocasiones, la creación por parte de los tribunales de normas procesales que pro-muevan la administración de la justicia y la búsqueda de la verdad.

Los tribunales poseen el poder inherente de crear las reglas de procedimiento necesarias para facilitar la administración de la justicia y promover la búsqueda de la verdad. Este poder, por lo tanto, no es creado ni se circunscribe por los estatutos y re-glamentos que lo definen. Por el contrario, se observa que am-bos, el procedimiento civil y el procedimiento criminal, com-prenden un cuerpo legal creado judicialmente. Meléndez, F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994).(20)

Estas expresiones tienen gran impacto sobre la gestión de los tribunales sentenciadores, que son los que con mayor frecuencia, en el trámite cotidiano, se encuentran ante situaciones noveles para las cuales podría no existir un procedimiento previamente establecido.

De otra parte, sobre el Tribunal Supremo, por ser el Tribunal de última instancia, recae la responsabilidad de velar por el adecuado funcionamiento del Sistema *141Judicial. Para viabilizar esta gestión, el Art. V, Sec. 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, dispone que el poder de reglamentación de los procedi-mientos en los tribunales es uno que la Rama Legislativa comparte con nosotros. El Art. V, Sec. 7, Const. E.L.A., supra, por su parte, hace claro que la administración de los tribunales es un deber que recae exclusivamente en este Tribunal, y en particular sobre el Juez Presidente que es el que dirige su administración.

De todo lo antes expuesto, se puede colegir que mientras la función del tribunal sentenciador es atender los casos y asuntos inmediatamente ante su consideración, nuestro deber trasciende esta función y nos obliga a velar por el adecuado funcionamiento de todo el sistema, en todo momento. Nuestras actuaciones necesariamente van más allá de las particularidades de cualquier caso. Sus efectos están destinados a afectar generalmente los trámites ante los tribunales de justicia. Siempre hemos estado conscien-tes de este deber y de las responsabilidades que el mismo entraña. Así, por ejemplo, en Márquez Estrella, Ex parte 128 D.P.R. 243, 248 (1991), aludimos a “nuestra facultad inherente para pautar normas procesales cuando [é]stas sean necesarias para hacer viable la tramitación de los casos”. Allí dispusimos un procedimiento para reglamentar el juicio de exequátur. Igualmente, en Asoc. Drs. Cuidado Salud Visual v. Morales, 124 D.P.R. 591 (1989), dispusimos mediante resolución que, sobre el cómputo de los términos dispuestos en las leyes y reglas aplicables a los casos pen-dientes o a ser presentados ante los tribunales, se exclui-rían los días que siguieron al paso del huracán Hugo por nuestra isla. En el presente caso actuamos de conformidad con dicha facultad.

En cuanto al alcance de la discreción que am-para al Tribunal de Primera Instancia en la tramitación de los casos, también se ha reconocido bastante amplitud, más aún cuando se trata del manejo de casos complejos. *142Igual alcance tiene respecto al mecanismo de la consolidación. El tribunal puede ordenar, a estos efectos, la consolidación sobre determinadas controversias, tanto para fines de los procedimientos anteriores al juicio, como para el juicio propiamente. Estas alternativas son cónso-nas con el amplio marco de discreción que tienen los jueces de instancia en el manejo de este tipo de caso.

Igualmente, puede recurrir a otras vías para asegurar el mismo propósito. Por ejemplo, el tribunal sentenciador puede agrupar las reclamaciones a base de su contenido o de las partes envueltas. Podría agruparlas, también, a base de las defensas que se hayan presentado y cuya reso-lución esté pendiente.

La discreción es amplia. Una determinación sobre una solicitud de consolidación, efectuada luego de un análisis ponderado de la totalidad de las circunstancias de los casos cuya consolidación se solicita, merecerá gran deferencia por parte del tribunal que la revise. Sólo será alterada cuando se haya omitido considerar algún factor importante o cuando de alguna otra forma se incurra en un abuso de discreción.

IV

En los casos ahora ante nuestra consideración, los jue-ces que atendieron las mociones de consolidación no tuvie-ron el beneficio de nuestro análisis. Emitieron sus decisio-nes sólo a base de los hechos del caso que tenían ante sí. Por ende, no consideraron los factores atinentes a los casos pendientes en otras salas, con los que se pretendía efectuar la consolidación. (21) Al no tener el beneficio de estos otros *143hechos, y nuestras guías de análisis con respecto a la con-solidación, el balance de intereses efectuado estuvo incompleto. Procede, pues, revocar las determinaciones emitidas en Vives Vázquez v. E.L.A. y otros, CE-93-341, y Gregory Carrasco y otros v. E.L.A., CE-93-575, mediante las cuales se denegaron las peticiones de consolidación presentadas.

Por la naturaleza de los casos, el hecho que se encuen-tran pendientes ante el foro de instancia otros que emanan de los mismos hechos y en consideración a nuestra facultad inherente para administrar el Sistema Judicial, el Tribunal le instruye al Juez Presidente que designe un Juez Superior para que atienda todos los casos de esta natura-leza que hayan sido presentados y se encuentren pendien-tes ante el Tribunal de Primera Instancia.(22) El E.L.A. de-berá informar(23) al Juez Superior, así designado, todos los casos de esta naturaleza que se encuentren pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia, dentro de un tér-mino no mayor de diez (10) días a partir de la fecha en que se notifique la designación de dicho juez. A este Juez Superior se le asignarán todos los casos identificados y será éste quien resuelva las mociones de consolidación a tenor con las normas antes esbozadas; también determinará cuál será el manejo de los mismos y los resolverá en los méritos. Los casos continuarán en las Salas en que han sido presen-tados hasta que el juez designado disponga otra cosa. Di*144cho juez actuará como juez itinerante en estas salas para propósitos de atender estos casos, facilitando así el acceso de las partes y de los litigantes al tribunal de justicia(24) Si después de analizar los casos, el juez designado entendiese que el estado procesal de alguno de ellos no justificaba la reasignación del mismo por la etapa avanzada en que se encuentre su tramitación, se lo informará al Juez Presi-dente quien podrá ordenar que éste continúe bajo la aten-ción del juez que antes lo tenía a su cargo. Este proceder es cónsono con el interés que ha informado el curso decisorio que hemos seguido en la presente opinión.

Se dictará sentencia de conformidad con lo anterior.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Una de las funciones principales de un juez apelativo, no hay duda, consiste en asegurarse de que se le haga cum-plida justicia a los ciudadanos de la jurisdicción donde ejerce su delicado ministerio. Ello se logra, entre otros, me-*145diante el establecimiento por el juez de normas jurispru-denciales jurídicamente correctas, claras y prácticas que promuevan, y regulen, el eficiente funcionamiento del sis-tema de justicia en el cual labora.

En la consecución de ese deseado objetivo, tampoco debe haber duda alguna sobre ello, el juez apelativo tiene que actuar con imaginación y creatividad. Dichas característi-cas, sin embargo, no pueden llevar al juez a envolverse en un ejercicio de “acrobacia mental jurídica” que resulte o desemboque en la creación de “embelecos procesales jurídi-cos”; situación que, en lugar de simplificar, aclarar y fo-mentar la correcta solución jurídica de las controversias que se plantean, presentes y futuras, ante los tribunales de nuestro País, lo que causa es confusión y desorientación en la profesión en general.

Una lectura, sosegada y analítica, de la opinión que hoy emite una mayoría de los integrantes del Tribunal demues-tra que, lamentablemente, eso es lo que ha sucedido en el presente caso. So color de la “facultad inherente [de este Tribunal] para administrar el Sistema Judicial” (opinión mayoritaria, pág. 143), del “deber ... de actuar afirmativa y dinámicamente en la tramitación de los casos ante su con-sideración” (id., pág. 139), y de la “flexibilidad y liberalidad que debe prevalecer al atenderse solicitudes de consolida-ción” id., pág. 133), en el día de hoy la Mayoría crea o establece la figura del “juez itinerante”, o flotante. Este, al igual que el vendedor a domicilio o el embajador plenipo-tenciario y sin cartera, viajará por nuestro País, presi-diendo las diferentes Salas del tribunal de primera instan-cia en que se hayan radicado las distintas demandas relacionadas a la materia que hoy ocupa nuestra atención; además, conforme dictamina la Mayoría, “determinará cuál será el manejo de los [casos] y los resolverá en los méritos”. íd., pág. 143.

Por considerar que el procedimiento establecido por la Mayoría de los integrantes del Tribunal es uno totalmente *146innecesario y completamente impráctico, el cual difícil-mente podrá ser utilizado o aplicado en posteriores ocasio-nes a otros casos, es que disentimos.

En nuestro criterio procede denegar, desde este mismo momento y en esta etapa de los procedimientos, la solicitud de consolidación radicada por el Estado; ello por los funda-mentos que más adelante expondremos y argumentaremos en detalle.

Realmente no alcanzamos a comprender la necesidad de privar a los distinguidos magistrados que laboran en las diferentes Salas del Tribunal de Primera Instancia de la facultad que por ley poseen de resolver los casos y contro-versias que surgen en sus respectivas regiones judiciales, tal y como ello debe ser.

Las cuestiones de derecho planteadas en los casos ante nuestra consideración —respecto a la existencia de culpa y quién responde por los daños causados por la misma— ya fueron resueltas por este Tribunal a favor de los demandantes. En consecuencia no existe peligro alguno de decisiones contradictorias. Únicamente resta por dilucidar si los demandantes efectivamente sufrieron daños debido a la acción culposa del Estado y la cuantía a concederse, por este concepto, a los demandantes en cada caso conforme los hechos particulares de los mismos; cuantía de daños que, en algunos casos, será nominal, y, en otros casos, será considerable.

En otras palabras, y dicho de manera sencilla, se trata de la dilucidación —entiéndase, la adjudicación y aprecia-ción de unos hechos— de casos de daños y perjuicios que no plantean mayor dificultad, los cuales deben ser resueltos en la región judicial en la cual surgieron por los magistra-dos que laboran en las mismas; ello con el consabido bene-ficio para los diferentes demandantes, y sus testigos, los cuales no tendrán que incurrir en gastos de viaje y de alimentos.

*1471 — I

En Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988), al confirmar la sentencia del foro de instancia mediante la cual éste había declarado que era inconstitucional la prác-tica del Estado de levantar, actualizar y preservar expe-dientes, carpetas, listas, ficheros, etc., de personas, agru-paciones y organizaciones, única y exclusivamente debido a las creencias o tendencias políticas e ideológicas de éstas, expresamos que:

No hay nada más preciado para un “hombre de bien” que su dignidad y reputación en la comunidad. Si por sus actuaciones ilegales o inmorales las hace quedar en entredicho, responderá a su conciencia, a sus seres más íntimos y a todos sus congéneres. Estará, en dicho caso, sujeto a las sanciones pena-les y civiles que correspondan. Pero si su dignidad y reputación son afectadas ilegalmente por el propio Estado por el mero he-cho de haber ejercitado sus derechos fundamentales, según és-tos están garantizados en la Constitución, su yo interno debe poseer un cauce adecuado para la reparación por las faltas a su dignidad y a su honor. En el sistema democrático en que convi-vimos le corresponde a los tribunales atender tales reclamos y diseñar remedios que propendan a aminorar el daño irreparable que el ciudadano ha sufrido por razón de los desmanes del Estado. (Énfasis suplido.) Noriega v. Gobernador, ante, pág. 654.

Aproximadamente cuatro (4) años más tarde, en Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919, 932 (1992), al recono-cer que desde sus inicios “estábamos ante un caso consti-tucional e históricamente único de singulares remedios, cuya trayectoria requería el más ponderado análisis judicial sobre la marcha”, resolvimos que, salvo las excepciones indicadas —referentes las mismas a expedientes de agru-paciones clandestinas que “han asumido y aceptado públi-camente, como medio para lograr sus fines, la amenaza y la violencia” (íd., pág. 944)— no resultaba procedente en de-recho el reclamo de confidencialidad que hacía el Estado en *148relación con dichas carpetas; razón por la cual confirma-mos la negativa del tribunal de instancia de eliminar de dichas carpetas el nombre de los agentes, y personas, que se mencionaban en las mismas.

Procede que se enfatice el hecho de que en la decisión antes mencionada, hicimos claro que, sujeto a las normas vigentes en materia de daños, “la responsabilidad civil y la condena total y única [por esta situación] tienen que recaer sobre el Estado, [que fue el] que montó todo un costosísimo y elaborado aparato oficial para pervertir la útil facultad investigativa de la policía y así mal utilizar esas discrepan-cias ciudadanas”. (Énfasis en el original suprimido y énfa-sis suplido.) Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919, 947 (1992).

Las demandas contra el Estado no se hicieron esperar. Las mismas se han estado radicando en el Tribunal de Pri-mera Instancia de nuestro País.(1) El Estado ha solicitado la consolidación de los referidos pleitos. Los demandantes se han opuesto a dicha solicitud. Esa es la controversia que hoy nos toca dilucidar y resolver.

HH HH

Los hechos

A. En febrero de 1993, el señor Julio Vives Vázquez radicó ante la Sala de Aibonito del Tribunal Superior de Puerto Rico, hoy Tribunal de Primera Instancia, (2) una de-manda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en *149adelante' E.L.A.) y la Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados en la que alegó que el E.L.A. violó sus derechos ci-viles mediante la práctica de levantar expedientes, ficheros o tarjetas (“carpetas”) a través de la Policía de Puerto Rico.

En síntesis, alegó que durante la década de 1960 la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico le abrió la carpeta número 15852 de esa División y que, desde en-tonces hasta el presente, ha sufrido persecución y hostiga-miento continuo por agentes del E.L.A. en todas las fases de su vida, y que todas esas actuaciones ocurrieron por el único motivo de que el demandante era, y es, independentista. (3) Como consecuencia de las actuaciones antes indicadas, alegadamente se vio privado de su salario y sufrió pérdida de ingresos, lo cual estima en un millón de dólares. Alegó, además, que en el 1971 se le fabricó un caso por violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico, a con-secuencia de lo cual sufrió pérdida de ingresos, daños mo-rales de diversas índoles, así como otros daños generales y especiales no especificados en la demanda, daños que va-lora en una suma no menor de un millón de dólares (1, 000, 000).

Por otra parte, el señor Vives Vázquez alegó en su de-manda que agentes del E.L.A. “realizaron actos similares de mantener fichas, expedientes y/o carpetas abiertas a un sinnúmero de ciudadanos puertorriqueños” y que “realiza-ron actos de persecución y hostigamiento similares y dis-tintos de los realizados contra él, contra otros miles de ciu-dadanos de Puerto Rico, por el hecho de profesar la ideología independentista”. Como consecuencia de los actos realizados, contra él y contra otros ciudadanos, por motivo de su ideología independentista, el señor Vives alega que el *150E.L.A. ha ocasionado “daños inestimables” a dicha ideolo-gía, que según su estimación requerirán una erogación no menor de cincuenta millones de dólares (50, 000, 000) para ser mitigados.(4)

En marzo de 1993, el E.L.A. solicitó de la Sala de Aibo-nito del antiguo Tribunal Superior la consolidación del caso de Vives Vázquez con el caso Civil Núm. KPD-90-945, Rosalí Fernández Pola v. E.L.A. Procede que se enfatice que el caso de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A. es un pleito de clase, radicado ante el antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, sobre derechos constitucionales, derechos civiles, 42 U.S.C. see. 1983 y es a su vez el caso más antiguo (radicado el 1ro de octubre de 1990) de los que han surgido como secuela de los casos de Noriega v. Gobernador, ante. Dicha solicitud fue declarada no ha lugar por el tribunal de instancia.(5) El Estado recurrió entonces ante este Tribunal vía recurso de certiorari. Mediante Re-solución de 4 de agosto de 1993, le concedimos a la parte demandante recurrida el término de veinte (20) días para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto so-licitado y dictar sentencia revocatoria de la resolución recurrida. La parte demandante recurrida ha comparecido. Debemos, en consecuencia, resolver si procede o no la con-solidación del caso de Vives Vázquez con el de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante.

B. Por otra parte, durante los años 1992 y 1993, tres (3) grupos de demandantes radicaron, separadamente, ante el antiguo Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, tres *151(3) acciones civiles de daños y perjuicios contra el E.L.A. en las que alegaron haber sufrido daños de diversas índoles como consecuencia de la misma práctica declarada incons-titucional en Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992).(6) El 31 de marzo de 1993, el Estado igualmente solicitó de la Sala de Aguadilla del antiguo Tribunal Superior la consolidación de dichos casos con el antes mencio-nado caso de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante, que está pendiente en la Sala de San Juan del antiguo Tribunal Superior. Dicha solicitud fue declarada no ha lugar me-diante resolución emitida por el antiguo Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, el 15 de septiembre de 1993. En la misma, el referido tribunal de instancia indicó que, a pesar de que existen cuestiones de hecho comunes entre los ca-sos, razón esta por la cuál los tres (3) casos radicados en Aguadilla ya habían sido consolidados entre sí, las partes allí demandantes se oponen a su consolidación con el caso de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante. Además, a juicio del tribunal de instancia, conceder lo solicitado por el Es-tado haría del litigio uno muy oneroso para las partes de-mandantes y los testigos. Por esas razones, el antiguo Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, declaró sin lugar la solicitud de consolidación(7)

El Estado, igualmente, recurrió de dicha resolución, vía petición de certiorari, ante este Tribunal. Mediante Reso-lución, de 1ro de octubre de 1993, este Tribunal ordenó a la parte demandante recurrida mostrar causa por la cual no se debía expedir el auto solicitado y dictar sentencia revo-catoria de la resolución recurrida. Además, en auxilio de nuestra jurisdicción, ordenamos la paralización de los pro-cedimientos a nivel de instancia. La parte demandante re-currida ha comparecido. Debemos, igualmente, resolver si *152procede la consolidación de estos casos con el de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante.

C. Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante —caso radi-cado ante la Sala de San Juan del antiguo Tribunal Superior— es un pleito de clase que fue presentado por los allí demandantes, "por sí, en representación y para beneficio de otros similarmente situados, de conformidad con la Re-gla 20 de las de Procedimiento Civil”. (8) En la demanda enmendada que se radicara en dicho caso se alega que, cada uno de los demandantes, así como cada uno de los integrantes de la clase, ha sido discriminado por razones ideológicas, razón por la cual “los demandantes poseen el mismo interés y han sufrido daños similares a los demás integrantes de la clase”.

Se señala, además, que la clase representada por los allí demandantes fue objeto de una o más de diversas prácticas realizadas por el E.L.A., así como por personas particula-res y entidades privadas, tales como: (1) recopilación de información; (2) intervenciones indebidas con patronos (públicos y privados) e instituciones educativas (públicas y privadas); (3) observación y vigilancia indebida; (4) hosti-gamiento, intimidación, persecución, fabricación de casos criminales y otras intervenciones injustificadas; (5) distri-bución indebida de la información recopilada. Finalmente, se señala que “los miembros de la clase han sufrido daños de diversas índoles a causa de las actuaciones aquí alega-*153das, aunque similares y comunes a todos los integrantes de la clase”.(9) Por todo ello, los allí demandantes alegan tener causas de acción bajo las Constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos, así como bajo el Art; 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141, la Ley Federal de Derechos Civiles y diversas otras leyes especiales.(10)

Merece que se señale que en dicho caso, el Estado soli-citó del tribunal que ordenara la consolidación, de este caso, con otras ocho (8) acciones civiles radicadas contra éste a raíz de la práctica que fuera declarada inconstitucio-nal en Noriega v. Gobernador, ante, El foro de instancia —Hon. José E. Broco Oliveras, Juez— no ha resuelto aún la mencionada solicitud de consolidación.(11)

*154HH h-I b-1

El Estado solicita la consolidación de los casos de epí-grafe con el caso de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante, para lograr, según alega, una solución rápida, justa y eco-nómica de todos los pleitos. Según el Estado, todos los ca-sos plantean cuestiones comunes de hecho y de derecho porque todas las alegaciones “surgen del mismo hecho, evento y práctica ilegal de persecución por razones ideológicas”. Señala, además, que el derecho aplicable a todas las acciones es el mismo: “la imposición de responsa-bilidad civil por los alegados daños causados a los demandantes.”

También invoca el Estado, como fundamento para su solicitud de consolidación, lo extremadamente oneroso que resultaría para éste, en términos de recursos económicos, esfuerzos y tiempo, el tener que atender reclamaciones si-milares alrededor de toda la Isla. En relación a los testigos, señala que todos los potenciales testigos de la parte de-*155mandada son “presumiblemente” de San Juan, por lo que la consolidación permitiría una mejor utilización de éstos. Por último, el Estado señala que no conceder la consolida-ción‘solicitada, crearía el riesgo de que en pleitos similares resulten decisiones dispares o contradictorias.

Por su parte, el demandante Julio Vives Vázquez se opone a la consolidación de su caso con el de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante, porque alega que ello le priva-ría de manera definitiva de una solución, justa, rápida y económica en su caso; ello, en vista de que la consolidación aumentaría los costos del litigio y dilataría su solución final. Señala, además, que las alegaciones que hace el Es-tado en su moción solicitando la consolidación y en la mo-ción de reconsideración, no demuestran la existencia de cuestiones comunes de hecho o de derecho que justifique consolidar los casos. El demandante alega que su caso pre-senta unos hechos particulares, tales como la fabricación de un caso criminal, persecución y'hostigamiento por parte del Estado al realizar allanamientos ilegales en lugares bajo su control, y que se le forzó a salir de su empleo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otros. Se-gún señala el demandante Vives Vázquez, la adecuada ad-judicación de su caso requiere prueba distinta a la que re-quiere el caso de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante. Señala que, a pesar de haber sufrido los daños de todas aquellas personas a quienes se levantó expedientes, él ha sufrido otros daños particulares con respecto a los cuales, “[l]a carpeta o el expediente lo que sirve es como prueba robusta y convincente para su reclamación”.

El demandante Vives Vázquez, además, señala que la consolidación solicitada por el Estado no puede estar ba-sada en la existencia de una supuesta cuestión común de derecho entre los pleitos, porque en ninguno de ellos existe necesidad de adjudicar cuestión de derecho alguna en re-lación a la ilegalidad de la práctica de levantar expedien-tes; ello en vista de que la misma ya fue adjudicada por *156este Tribunal en Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992).(12)

Los demandantes, en los tres (3) casos consolidados en el antiguo Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, aducen que las acciones radicadas en Aguadilla no deben ser con-solidadas con el pleito de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., ante, porque, entre otras razones: (1) los casos de Aguadilla están mucho más avanzados que los de otros tribunales;(13) (2) no existe riesgo de que se produzca prueba duplicati-va;(14) (3) la consolidación produciría una leve economía para el Estado, pero tendría un alto costo para cada liti-gante, (15) lo cual a su vez, desalentaría a los demandantes de ejercer su derecho a reclamar, produciendo un efecto de enfriamiento {chilling effect) en el interés de éstos en soli-citar un justo remedio por los agravios padecidos; (4) nin-*157guna de las reclamaciones de los casos de Aguadilla es similar a la del caso Rosalí Fernández Pola v. E.L.A. ante; (5) no hay controversias similares en cuanto a los daños sufridos por cada uno de los demandantes, porque los de-mandantes de Aguadilla alegadamente “tienen muy poco en común con los demandantes del área metropolitana”.(16)

*158IV

El texto de la vigente Regla 38.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) es prácticamente■ idéntico —por no decir igual— al de su contraparte federal, esto es, la Regla 42(a) Federal de Procedimiento Civil; razón por la cual la jurisprudencia federal interpretativa de la misma, y la doctrina, resulta persuasiva. en nuestra jurisdicción. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983). En vista a ello, examinamos brevemente la misma. La ci-tada Regla 42(a) federal establece que:

... When actions involving a common question of law or fact are pending before the court, it may order a joint hearing or trial of any or all the matters in issue in the actions; it may order all the actions consolidated; and it may make such orders concerning proceedings therein as may tend to avoid unnecessary costs or delay. 28 U.S.C. Ap.

En síntesis, la norma vigente en la jurisdicción federal, respecto a la consolidación de pleitos, es a los efectos de que para que se pueda ordenar la consolidación solicitada tienen que concurrir dos (2) requisitos, a saber: (1) que los pleitos cuya consolidación se solicita contengan “cuestiones comunes de hecho o de derecho”, In re Dearborn Marine Service Inc., 499 F.2d 263 (5to Cir. 1974), 9 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d See. 2382 (1995), y (2) que dichos pleitos estén pendientes “ante el mismo distrito judicial”, In re Penn Central Commercial Paper Litigation, 62 F.R.D. 341 (1974), confirmado en 515 F.2d 505 (2do Cir. 1975), Swindell-Dressler Corporation v. Dumbauld, 308 F.2d 267, (3er Cir. 1962); Anschell v. Sackheim, 145 F. Supp. 447 (D.C. N.J. 1956); Facen v. Royal Rotterdam Lloyd S.S. Co., 12 F.R.D. 443 (1952); Federal Electric Products Co. v. Frank Adam Electric Co., 100 F. Supp. 8 (1951). Ausente cualquiera de estos requisitos, la solicitud de consolidación debe ser denegada. Wright and Miller, ante.

*159Como podrá notarse, el segundo de los requisitos —que los pleitos estén “ante el mismo distrito judicial”— no surge expresamente de la transcrita Regla 42(a) federal. Esta lo que exige es que los pleitos estén pending before the court, esto es, “ante el tribunal”. Los tribunales federales, sin embargo, han interpretado que esta frase significa, re-petimos, que los casos a consolidarse estén pendientes “ante el mismo distrito judicial”. Wright and Miller, ante, págs. 257-258; interpretación que resulta perfectamente lógica en vista del hecho de que los tribunales federales de primera instancia {District Courts) no constituyen un solo distrito judicial. Véanse: 28 U.S.C. secs. 81-131; C.A. Wright, The Law of Federal Courts, 4ta ed., Minnesota, West Publishing Co., 1983, pág. 8.

Por otro lado, procede que señalemos que en la jurisdic-ción federal se ha resuelto que la decisión de conceder o denegar la solicitud de consolidación realizada por un tribunal de instancia federal no será alterada en apelación a menos que el tribunal apelativo determine que el de ins-tancia incurrió en un claro abuso de discreción. Véanse: U.S. E.P.A. v. City of Green Forest, Ark., 921 F.2d 1394 (8vo Cir. 1990), cert. denegado, 112 S.Ct. 414 (1990); Arnold v. Eastern Air Lines, Inc., 712 F.2d 899 (4to Cir. 1983), cert. denegado, 464 U.S. 1040 (1984); Molever v. Levenson, 539 F.2d 996 (4to Cir. 1976), cert. denegado, 429 U.S. 1024 (1976); Shumate & Co., Inc. v. National Ass’n of Sec. Deal., Inc., 509 F.2d 147 (5to Cir. 1975), cert. denegado, 423 U.S. 868 (1975).

A esos efectos, procede destacar que se ha resuelto que, en el ejercicio de esa discreción, el tribunal de instancia debe sopesar, de un lado, la economía de tiempo y esfuerzo que la consolidación produciría, y del otro, cualquier incon-veniente, retraso o gasto que la consolidación pueda causar. Wright and Miller, ante, See. 2383.(17) La doctrina *160también señala que el costo adicional de litigación, que la consolidación pueda significar para las partes, es un factor a considerarse al determinar si procede o no la consolida-ción, aunque no es necesariamente un factor conclusivo. Wright and Miller, ante, See. 2383, pág. 261; Véase Shultz v. Manufacturers & Traders Trust Co., 29 F. Supp. 37 (W.D. N.Y. 1939).

De lo antes expuesto, claramente se desprende que para que en la jurisdicción federal proceda la consolidación, tie-nen que cumplirse, en primer lugar, los dos (2) requisitos antes señalados y, en segundo término, el tribunal, dentro de su discreción, deberá sopesar, de un lado, las ventajas que la consolidación produciría y, del otro, los posibles inconvenientes. En otras palabras, la petición de consoli-dación, aun cumpliéndose los dos (2) requisitos, puede ser denegada cuando a juicio del tribunal la misma causaría dilación(18) confusión o perjuicio(19) o si las controversias individuales predominan sobre las comunes(20) Véase *161Southwest Marine, Inc. v. Triple A Mach. Shop, Inc., 720 F. Supp. 805 (N.D. Cal. 1989).

V

Nuestras Reglas de Procedimiento Civil tienen como principio rector la consecución de soluciones justas, rápi-das y económicas en la tramitación de las causas de acción que se radican ante nuestros tribunales. Regla 1 de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 288 (1988). Con el pro-pósito de fomentar el cumplimiento con este principio, la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, ante, dispone que:

Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que envuel-van cuestiones comunes de hechos o de derecho, éste podrá or-denar la celebración de una sola vista o juicio de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas envueltas en dichos pleitos; podrá ordenar que todos los pleitos sean consolidados', y podrá, a este respecto, dictar aquellas órdenes que tiendan a evitar gastos innecesarios o dilación. (Enfasis suplido.)

La consolidación de acciones, bajo la transcrita Regla 38.1, ante, permite a los tribunales mantener un mayor control de la litigación y utilizar más eficientemente los recursos humanos y económicos de nuestro sistema de ad-ministración de la justicia. Es por ello que hemos expre-sado que la consolidación sirve a los tribunales de útil he-rramienta para evitar la multiplicidad de pleitos y para adjudicar, en una sola causa, las distintas reclamaciones de las partes cuando la naturaleza de las acciones lo permiten. López Valdés v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 779, 792 (1968).

Procede que se señale que en nuestra jurisdicción se ha reconocido que, para que proceda una solicitud de consoli-dación bajo la citada Regla 38.1, deben concurrir los dos (2) requisitos antes mencionados, esto es: (1) que los pleitos estén pendientes ante el mismo tribunal y (2) que éstos *162contengan cuestiones comunes de hecho o de derecho. Véase J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorri-queña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, Cap. VI, pág. 199. Este Tribunal ha enfatizado el hecho de que, aun cumpliéndose con los mencionados dos (2) requisitos, los tribunales de instancia tienen amplia discreción para decidir si la consolidación procede o no. Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989).

Ahora bien, procede que se destaque el hecho de que, como surge de una somera lectura de las disposiciones de la transcrita Regla 38.1, dicha disposición reglamentaria —al igual que su contraparte federal— no exige, de ma-nera expresa, que se trate del mismo tribunal. La Regla 38.1, ante, habla de casos “pendientes ante el tribunal”. ¿Procede que hagamos la misma interpretación que ha he-cho el foro federal? En relación a la contestación de dicha interrogante cobra importancia el hecho de que, con la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, el 25 de julio de 1952, se instituyó en nuestra Isla un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. Art. V, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo l.(21) Véanse: Clark y Rodgers, The New Judiciary Act of Puerto Rico: A Definite Court Reorganization, 61 Yale L.J., 1147 (1952); M.A. Velázquez Rivera, Jurisdicción y competencia de los tribunales de Puerto Rico, 48 Rev. Jur. U.P.R. 27 (1979); J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, Ed. Universitaria, 1978.

Por lo tanto, para efectos de jurisdicción,(22) nuestros *163tribunales constituyen un solo distrito judicial, sobre el cual un sólo tribunal, el Tribunal General de Justicia —compuesto por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones y por el Tribunal de Primera Instan-cia— ejerce su poder y autoridad.(23) Sin embargo, nuestros tribunales de instancia ejercen su jurisdicción conforme a unas normas de competencia(24) que le son asignadas por ley. Art. V, Sec. 2, Const. E.L.A., ante. Conforme a estas normas, el Tribunal de Primera Instancia actualmente se compone de un sólo tribunal con distinta competencia sobre la materia y cuantía,(25) el cual está a su vez dividido en varias Salas con distinta competencia por razón de área geográfica. Véanse: Arts. 5.001, 5.003, 5.005 y 9.001 de la Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. secs. 22m, 22o, 22q y 23c).

Con el propósito de evitar el caos a que, inevitable-mente, llevaría el ejercicio desorganizado de la jurisdicción de nuestros tribunales de instancia, resulta necesario que los casos se ventilen en la sala con competencia para ello. Véanse: Aetna Ins. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 480, 483 (1975); Longoria v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. *164267, 269 (1974); Colón v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 106, 122-123 (1969). De lo contrario, tendríamos la unificación del sistema para fines de jurisdicción, pero no lograríamos la más eficiente organización para fines de funcionamiento. Véanse: Pueblo v. De Jesús Gómez, 100 D.P.R. 629, 635-636 (1972); Colón v. Tribunal Superior, ante. En vista a ello, y no obstante la existencia de un solo tribunal unifi-cado, encontramos aconsejable adoptar en nuestra jurisdic-ción el requisito establecido por la jurisprudencia federal conforme al cual, para que proceda una solicitud de conso-lidación, los casos a consolidarse deben estar pendientes ante una misma sala o región.(26) Adaptada a nuestras cir-cunstancias particulares, el referido requisito significará que los casos a ser consolidados deberán estar pendientes ante, o bajo la competencia, de una misma Sala del Tribunal de Primera Instancia.

Somos del criterio que resolver lo contrario significaría, en primer lugar, la eliminación —de un plumazo y en vir-tud de una disposición constitucional de tipo general— del requisito a los efectos de que los pleitos a consolidarse de-ben, de ordinario, estar pendientes ante el “mismo tribunal”. No creemos que esa fuera la intención ni de este Tribunal ni de la Asamblea Legislativa, al promulgar y adoptar las Reglas de Procedimiento Civil, por primera vez, en el año de 1958, en específico la citada Regla 38.1. Como expresáramos anteriormente, la terminología de la Regla 38.1, ante, es prácticamente igual, por no decir idén-tica, a la de la Regla 42(a) federal, ante. Somos de la opi-nión que no debe haber duda sobre el hecho de que el Co-mité Consultivo de las Reglas de Procedimiento Civil, compuesto el mismo por distinguidos miembros de nuestra profesión, tenían pleno conocimiento de la interpretación de que había sido objeto la Regla 42(a) federal, ante, por *165parte del foro judicial federal, y su "aplicabilidad” en nues-tra jurisdicción. De no ser así, la terminología de la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, ante, al ser adaptada del sis-tema federal, hubiera sido seguramente variada o “enmen-dada” por el referido Comité Consultivo ya que la termino-logía federal, en este aspecto, resultaría superflua o innecesaria.

Por otro lado, debe señalarse que una interpretación contraria a la que hoy sugerimos daría al traste con la razón de ser de la norma sobre competencia, vigente en nuestra jurisdicción, la cual tiene el propósito de promover el ordenado ejercicio de la jurisdicción de los tribunales. Además, ello significaría, con toda probabilidad, un grave perjuicio para la ciudadanía en general. Ello así en vista del hecho de que, no importa cuán distante estuviera el lugar de residencia de un ciudadano reclamante, pertene-ciente a una sala o región judicial en particular, su pleito podría ser consolidado con otro radicado en una lejana, y distinta, sala o región judicial; esto es, los factores sobre gastos, costo, e inconveniencias que se le pudieran causar a las partes por razón de la consolidación se convertirían, prácticamente, en académicos. No podemos, en fin, estar de acuerdo con dicha interpretación.

Somos del criterio, por lo tanto, que para que proceda una solicitud de consolidación bajo la Regla 38.1 de Proce-dimiento Civil, ante, deberán cumplirse, de ordinario, los siguientes dos (2) requisitos: (1) que los casos a consolidarse estén pendientes ante una misma Sala del Tribunal de Pri-mera Instancia; y (2) que exista entre ellos cuestiones comu-nes de hecho o de derecho.

VI

¿Se cumple, en los casos de epígrafe, con los dos (2) re-quisitos que, conforme anteriormente hemos expresado, exige la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, ante, para que *166se pueda ordenar la consolidación de varias acciones? Veamos.

Los pleitos de epígrafe fueron correctamente radicados, conforme la norma sobre competencia, ante las Salas de Aibonito y Aguadilla —en el caso de Rosalí Fernández Pola v. E.L.A., en la Sala de San Juan— del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico, hoy Tribunal de Primera Instancia. Esto es, y dicho de otra forma, los pleitos fueron radicados, y están ventilándose, ante distintas Salas del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, y con-forme la interpretación que hemos realizado de las dispo-siciones de la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, ante, no se cumple con el primero de los dos (2) requisitos exigidos por la mencionada disposición reglamentaria(27)

En relación con el segundo de los requisitos exigidos por la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, ante, esto es, con el de que los pleitos planteen “cuestiones comunes de hecho o *167de derecho”, como correctamente sostiene el demandante Vives Vázquez, las cuestiones principales de derecho, “co-munes” entre su caso y los demás pleitos radicados en las otras Salas del Tribunal de Primera Instancia, ya fueron resueltas y adjudicadas por este Tribunal, esto es, en los dos (2) casos de Noriega v. Gobernador, ante, de 1988 y de 1992.

Recordaremos que, en el primero de ellos, resolvimos que era inconstitucional la práctica del Estado de levantar, actualizar y preservar “carpetas o listas” de personas y or-ganizaciones debido, única y exclusivamente a las creen-cias o tendencias políticas e ideológicas de éstos y que, a dichos individuos y organizaciones, había que proveerle un cauce procesal para que pudieran reclamar los daños que pudieran haber recibido como consecuencia de dicha práctica. En la segunda de dichas decisiones, resolvimos que, en relación a esos daños, el Estado era el único responsable.

De manera, pues, que conforme correctamente sostiene Vives Vázquez lo único restante, prácticamente, lo es la dilucidación, por las mencionadas Salas del antiguo Tribunal Superior, de los hechos específicos de cada caso en particular; cuestiones de hechos que, obviamente, son distintas en cada caso, razón por la cual no existe fundamento jurí-dico alguno que justifique una orden para la consolidación de dichos casos.

Por otro lado, somos del criterio que, para la adjudica-ción, y apreciación, de unos hechos —distintos los unos de los otros— no se requiere la designación de un “juez itine-rante”, el cual, dicho sea de paso, no poseerá mayores atri-butos que cualesquiera de los demás distinguidos magis-trados que laboran, día a día, en las distintas regiones judiciales del País. Dicha designación, a nuestra manera de ver las cosas, desembocará en la erogación innecesaria de fondos públicos y en la tardanza en la solución final de los casos.

*168En vista de lo antes expresado, nos parece forzosa la conclusión a los efectos de que no erraron las antiguas Salas de Aibonito y de Aguadilla del antiguo Tribunal Superior al negarse a trasladar y/o consolidar los casos radica-dos en dichas Salas con el caso radicado ante la antigua Sala de San Juan del referido Tribunal Superior. En con-secuencia, debería dictarse, sin más, sentencia confirmato-ria de las resoluciones emitidas, el 21 de junio y el 15 de septiembre de 1993, por las Salas de Aibonito y Aguadilla, respectivamente, del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico.