SENTENCIA

(REGLA 50)

La parte peticionaria de epígrafe, LSM General Contractor, S.E. nos solicita que revisemos la resolución dic-tada el 25 de marzo de 1997 por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En dicha resolución se acogió una apelación instada por la peticionaria como un recurso de certiorari y se denegó su expedición por haber sido presentado tardíamente. Entendemos que el tribunal a quo se equi-vocó en su dictamen, por lo que, al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XX-A, revocamos.

I

El 21 de octubre de 1992 el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, dictó una sentencia sumaria me-diante la cual ordenó a la parte allí demandada, LSM General Construction, Inc., a pagar a la demandante y recu-rrida ante nos, Progressive Finance & Investment Corp., la suma de quince mil trescientos veinticinco dólares con cin-cuenta y cinco centavos ($15,325.55), más los intereses le-gales a partir de 31 de julio de 1991. Se archivó en autos *797una copia de la notificación de dicha sentencia el 4 de no-viembre de 1992; ésta advino final y firme.

El 5 de diciembre de 1994, en una Moción Informativa sobre Ejecución de Sentencia, LSM General Construction, Inc. informó que la parte demandante en ese pleito, ante nos recurrida, había embargado bienes pertenecientes a una tercera parte. Nótese que la tercera parte a quien le habían embargado bienes en ejecución de la sentencia, LSM General Contractor, S.E., es la peticionaria ante nos.

El 13 de enero de 1995, Progressive Finance & Investment Corp. presentó ante el foro de instancia una moción mediante la cual argumentó que un miembro de una socie-dad especial no constituye un ente jurídicamente indepen-diente de ésta. Adujo, por ello, que procedía el embargo de bienes pertenecientes a LSM General Contractor, S.E. El 24 de enero de 1995 el tribunal ordenó que se efectuara el pago correspondiente a Progressive Finance & Investment Corporation.

Es ante esta situación que tres (3) años después de dic-tada la sentencia contra LSM General Construction, Inc., el 30 de enero de 1995, la interventora peticionaria de epí-grafe presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción para solicitar intervención.(1) LSM General Contractor S.E. expuso que tenía sólo un dos porciento (2%) de participación en el haber social de LSM General Construction, Inc. y que el embargo de sus bienes, efectuado al am-paro de la orden judicial de 24 de enero de 1995, había excedido su participación en el haber social de la deman-dada, por lo que, en cuanto al exceso, la ejecución de la sentencia era nula.

El tribunal celebró una vista evidenciaría y denegó la intervención mediante una resolución emitida el 26 de ju-nio de 1995 y notificada el 30 de junio de 1995. El 10 de julio de 1995, LSM General Contractor S.E. presentó una *798moción para solicitar determinaciones de hecho y conclu-siones de derecho al amparo de la Regla 43.3 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.(2) El tribunal emitió una resolución el 28 de agosto de 1995 en la que formuló nueve (9) determinaciones de hecho;(3) la notificación de esta re-solución se archivó en autos el 29 de agosto de 1995.

Inconforme, el 28 de septiembre de 1995, LSM General Contractor S.E. presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.(4) La apelación pre-tendía la revisión de la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar su petición de intervención. Se presentó ante el foro a quo el apéndice conjunto el 30 de octubre de 1995.

*799El 25 de marzo de 1997 el Tribunal de Circuito de Ape-laciones, mediante resolución, acogió el escrito de revisión presentado como certiorari y no como apelación, y denegó la expedición del recurso por entender que éste fue presen-tado fuera de término. El tribunal a quo concluyó, además, que la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra, no apli-caba al caso y a tenor con la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill,(5) éste debía ser denegado. Esa resolución fue notificada el 1ro de abril de 1997.

Por quedar insatisfecha con esa resolución es que recu-rre ante nos la peticionaria, LSM General Contractor S.E., con una petición de certiorari que formula el señalamiento de error siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al acoger el recurso radicado como de Certiorari y no como uno de Apela-ción y denegar el auto solicitado por haber sido radicado fuera de término.

Emitimos una resolución el 30 de mayo de 1996 para concederle a la parte recurrida un término de veinte (20) días para que mostrase causa por la cual no procedía expe-dir el auto solicitado con el fin de revocar la resolución recurrida. Nuestra resolución fue notificada el 2 de junio de 1997. La parte recurrida cumplió oportunamente con el cometido ordenado, mediante un escrito denominado “Opo-sición a Petición de Certiorari” presentado el 20 de junio de *8001997, por lo que estamos listos para resolver según lo intimado.

HH HH

Examinados los escritos presentados por las partes, ex-pedimos el auto solicitado y al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, supra, revocamos la resolu-ción emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 25 de mayo de 1997y devolvemos el caso a ese foro para que lo evalúe y resuelva en sus méritos como proceda.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Presidente Señor Andréu Gar-cía y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin una opinión escrita.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón hace cons-tar que disiente por entender que lo resuelto en Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237 (1996), no es de aplicación al caso de autos. Los hechos procesales en ambos casos son claramente distinguibles. Tratándose de la revisión de una resolución y no de una sentencia, y no estando presente las circunstancias que avalaron nuestra decisión en el caso de Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., supra, el recurso apropiado para revisarla ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones era el de certiorari. De otra parte, la moción para solicitar determi-naciones de hecho adicionales, presentada al amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra, no interrumpe el término para revisar resoluciones. Por lo tanto, el Tribunal de Circuito de Apelaciones actuó correctamente al acoger el recurso de apelación presentado como uno de certiorari y luego denegarlo por haber sido radicado fuera del término *801jurisdiccional estatutario. El Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton disintió sin una opinión escrita.

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Opinión concurrente del

I

Como un espíritu fantasmal que se pasea impunemente por los pasillos de este Tribunal y se niega a ser enterrado, el ilógico precedente de Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237 (1996), sigue generando confusión. Allí la mayoría quebró el concepto unitario del proceso judicial civil que se inicia con la demanda y conti-núa en etapas con una serie de actos jurídicamente tutela-dos por el Tribunal, con la participación de las partes, se-gún la lógica en que se inspiran las Reglas de Procedimiento Civil.

Sostuvo la tesis de que una resolución postsentencia se-gún la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, constituía una sentencia final en supuesto pleito inde-pendiente, ficticiamente creado por la mayoría. En su abono citó A.F.F. v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 903 (1967); Arroyo v. Quiñones, 77 D.P.R. 513 (1954), y Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R. 656 (1953), clara-mente inaplicables, pues en esa casuística los dictámenes desestimaron las demandas y, por ende, pusieron fin a los litigios. Definitivamente, siendo sentencias fueron erró-neamente denominadas como resoluciones. Se trataba de situaciones distinguibles, a saber, adjudicaciones finales, las cuales distan mucho de ser una negativa en incidente *802postsentencia para dejarla sin efecto al amparo de la alu-dida Regla 49.2.(1)

Distinto a Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., supra, en el caso de autos estamos ante una sentencia equi-vocadamente denominada Resolución; insistir en lo contra-rio es crear otra ficción. Expongamos su trasfondo procesal.

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El 21 de octubre de 1992 el Tribunal Superior, Sala de Humacao, sentenció a LSM General Construction, Inc. a pagar a Progressive Finance & Investment Corp. (en ade-lante Progressive) quince mil trescientos veinticinco dóla-res con treinta y cinco centavos ($15,325.35), más intereses legales. Dicha sentencia se archivó el 4 de noviembre y ad-vino final y firme. El 26 de enero de 1993 se expidió un mandamiento de ejecución, el cual fue diligenciado el 9 de noviembre de 1994 mediante la retención de unos fondos en poder del municipio de Luquillo.

El 30 de enero de 1995, LSM General Contractor S.E., solicitó intervenir en el pleito entre Progressive y LSM General Construction, Inc. Alegó que LSM General Construction, Inc. sólo tenía el 2% de la participación de la sociedad y el embargo excedió dicha participación.

Este escrito —aunque denominado solamente Interven-ción— es una demanda. Primero, sigue el clásico formato y contenido —epígrafe, comparecencia, alegaciones, súplica y notificación— de una demanda. Segundo, substantiva-mente hablando, la demanda aduce hechos constitutivos de un embargo ilegal y solicita como remedio la devolución del dinero al interventor, alegado titular de éste. Tercero, con su presentación se adhirieron y cancelaron los derechos correspondientes a una demanda: veinte dólares ($20) en Sellos de Rentas Internas y el sello forense de un dólar *803($1). Progressive nunca formuló formalmente una contestación. En una vista celebrada el 16 de marzo el tribunal, luego de escuchar los planteamientos de las partes, permitió la intervención y señaló una vista en sus méritos a los únicos efectos de poder resolver si procedía el embargo.

La vista evidenciaría se celebró el 6 de junio. La inter-ventora LSM General Contractor S.E. presentó dos (2) tes-tigos que fueron contrainterrogados por la demandante Progressive. El 26 de junio el tribunal denegó la interven-ción con una simple resolución de no ha lugar. LSM General Contractor S.E. solicitó determinaciones de hecho adi-cionales, las cuales el tribunal concedió, pero reiteró su negativa con fundamentos. Aunque no es determinante, su archivo en autos fue notificado en un volante titulado No-tificación de Sentencia. Inconforme, noventa (90) días des-pués de notificada la resolución original, pero treinta (30) días desde que se le notificaron las determinaciones de he-cho requeridas, LSM General Contractor S.E. apeló al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Ese tribunal acogió el recurso como certiorari y denegó su expedición por haberse presentado fuera de término.

I — i HH

Notamos que la resolución ante nos declaró sin lugar la demanda de intervención en sus méritos. Esa intervención —formulada a escasos días de realizado un embargo— se produjo al amparo de la Regla 21.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,(2) que como cuestión de derecho abso-luto siempre la autoriza cuando se embarga una propiedad perteneciente, o con interés, de un tercero.

*804Aunque de los autos surge que se prescindió de una con-testación formal, de las minutas se desprende que en la vista evidenciaría implícitamente la demandante Progressive negó las alegaciones de la demanda de la interventora LSM General Contractor S.E. y sometió a contrainterroga-torio a sus testigos. Así dilucidada, el foro de instancia de-claró improcedente la demanda; criterio que reiteró al oportunamente acceder, a solicitud de la interventora, a formular determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.

La Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, autoriza a solicitar determinaciones de hecho y conclu-siones de derecho, diez (10) días después de haber sido ar-chivada en autos copia de la notificación de una sentencia. No autoriza ese trámite en cuanto a resoluciones. Por ende, la interrupción del término jurisdiccional de treinta (30) días, según ese trámite, no se da ante una resolución. Sin embargo, aquí tuvo ese efecto interruptor por tratarse de una sentencia.

IV

En resumen, el dictamen del tribunal de instancia contra las pretensiones de la interventora LSM General Contractor S.E., en nada alteró la declaración judicial de he-chos y derecho, o sea la finalidad y firmeza de la sentencia dictada tres (3) años antes en el pleito entre Progressive y LSM General Construction, Inc. La demanda de interven-ción de LSM General Contractor S.E. no era sobre esos hechos, sino su alegado título sobre una porción de los fon-dos embargados. El dictamen del Tribunal adjudicó en su contra esa pretendida titularidad, y con ello puso fin a la demanda de intervención. Más allá de su etiqueta, su trá-mite y naturaleza nos revelan que estamos ante una verda-dera sentencia.

La mal denominada resolución adjudicó la improceden-cia de la demanda de intervención. Aunque fue un inci-dente postsentencia de tercería, definió y adjudicó final-*805mente las pretensiones de titularidad sobre parte del dinero embargado. Como controversia distinta a la principal, dilucidada previamente entre las partes originales, ge-neró una sentencia separada revisable vía apelación.

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Opinión de conformidad emitida por

Estamos conformes con la sentencia emitida por este Tribunal en el día de hoy, por considerar que el Tribunal de Circuito de Apelaciones erró al acoger el recurso como un certiorari y no como una apelación, y al denegar la expedi-ción del auto por presentación tardía. La resolución dic-tada el 20 de junio de 1995 por el tribunal de instancia resolvió finalmente la cuestión litigiosa presentada por la interventora y no dejó nada para una futura deter-minación. Por lo tanto, lo emitido por el foro de instancia constituye, en efecto, una sentencia de la cual se puede presentar una moción al amparo de la Regla 43.3 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En su Resolución de 25 de mayo de 1997, el Tribunal de Circuito de Apelaciones expresó su criterio de que la peti-cionaria presentó su recurso noventa (90) días después de la fecha de la notificación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Entendió el tribunal a quo que esa parte tomó erróneamente la fecha de la resolución del tribunal de instancia, sobre la moción en la cual se solicitan determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, como base para acudir ante el foro apelativo. Explicó el Tribunal de Circuito de Apelaciones que la Regla 43.3 de Procedi-miento Civil, supra, no dispone que una parte pueda soli-citar determinaciones de hecho y conclusiones de derecho de una resolución; por lo que una moción al amparo de esa regla no interrumpe el término para presentar un recurso *806de certiorari, según la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Es decir, el tribunal apelativo dispuso que dicha moción sólo interrumpe el término para solicitar la apelación o revisión de una sentencia. Por esos funda-mentos, fue del criterio de que la moción que solicitaba determinaciones de hecho y conclusiones de derecho pre-sentada por la peticionaria no interrumpió el término que tenía ésta para acudir en alzada ante ese tribunal, lo que llevó a la presentación tardía del recurso.

Es correcto el análisis del Tribunal de Circuito de Ape-laciones en cuanto a las disposiciones que controlan el trá-mite apelativo para la revisión de una resolución emitida por instancia. No obstante, erró dicho foro apelativo al aco-ger el recurso presentado como uno de certiorari y no como una apelación, y denegar el auto solicitado por haber sido presentado fuera de término.

Este Tribunal ha establecido que cuando un tribunal dicta una resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a la controversia entre las partes, la referida resolución constituye una sentencia final sobre la cual puede interpo-nerse un recurso de apelación. En Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237 (1996), señalamos que para enmarcar un dictamen judicial dentro de las cla-sificaciones de resolución o sentencia se deben evaluar sus efectos jurídicos y no sólo su denominación(1)

La parte peticionaria en el caso de autos arguye que la decisión del Tribunal de Primera Instancia fue final y firme *807al disponer totalmente de la controversia en cuanto a si eran embargables sus bienes para ejecutar una sentencia dictada contra otra parte. Estamos de acuerdo. Al ser de-negada su moción de intervención sobre la sentencia emi-tida tres (3) años antes, en lo que a la peticionaria res-pecta, el trámite legal se dio por terminado ante instancia. Lo que significa que, aunque el Tribunal de Primera Ins-tancia denominó su decisión como resolución, lo emitido realmente constituía una sentencia; o sea, una determina-ción del tribunal que resuelve finalmente la cuestión liti-giosa y de la cual puede presentarse moción al amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Notamos, además, que la notificación de la “resolución” emitida por instancia el 26 de junio de 1995 se hizo en un formulario de notificación de sentencia y se expresó que el tribunal había dictado sentencia, de la cual podía apelarse.(2)

Por lo tanto, consideramos que en el caso de autos pro-cedía la presentación de la moción para solicitar determi-naciones de hecho adicionales y conclusiones de derecho. Era a partir de la notificación de la determinación del tribunal a quo, en la cual ésta resolvía, el 29 de agosto de 1995, que comenzaba a decursar el término para acudir en apelación. El recurso de apelación fue correcta y oportuna-mente presentado el 28 de septiembre de 1995, por lo que el Tribunal de Circuito de Apelaciones deberá acogerlo como tal y entender sobre los méritos del caso.