SENTENCIA

I

El 28 de septiembre de 1994 el demandante recurrido René Aponte Caratini presentó ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda contra American Realty Investment Corp. (en adelante American), José A. Medina Marrero,(2) Luis Guillermo Ro-*478mán Torres, su esposa Alicia Santos Rivas y la sociedad de gananciales compuesta por ambos (Caso II).(3) Entre otras cosas, alegó que era el dueño de un inmueble que adquirió de Iris Nereida Alicea Aponte por la suma de trescientos setenta y cinco mil dólares ($375,000) mediante la Escri-tura Núm. 3 de 10 de junio de 1991 ante el notario público José H. Rivera Cintrón. Esta escritura de compraventa fue presentada para su inscripción en el Registro de la Propie-dad el 13 de abril de 1992. De otra parte, indicó que el 21 de agosto de 1991 había otorgado una hipoteca sobre dicho inmueble a favor de ÑECA Mortgage Corporation (en ade-lante ÑECA) por la suma de doscientos cincuenta mil dó-lares ($250,000). Esta hipoteca fue presentada en el Regis-tro de la Propiedad el 7 de julio de 1992.

Alegó, además, que el codemandado Medina Marrero había presentado una demanda anterior contra Alicea Aponte y que, en el curso de esos procedimientos, el tribunal había ordenado el embargo del inmueble antes mencio-nado (Caso I).(4) El mandamiento de embargo se expidió el 29 de agosto de 1991 y fue presentado para su inscripción en el Registro de la Propiedad el 18 de septiembre de 1991.

El demandante Aponte Caratini también expresó que, cuando se otorgaron las escrituras de compraventa e hipo-teca, él desconocía que existiera una controversia entre Marrero Medina y Alicea Aponte. Agregó que para la fecha cuando se otorgó la escritura de compraventa, el 10 de ju-nio de 1991, no se había expedido el mandamiento de embargo.(5) Este se emitió el 29 de agosto de 1991.

Continuó alegando que se enteró accidentalmente del Caso I (sobre cobro de dinero) y de la venta del inmueble en *479pública subasta. Intentó intervenir en dicho caso, pero el tribunal, el 28 de abril de 1993, le denegó la intervención basándose en la teoría de que la compraventa fue hecha en fraude de acreedores, y que, por lo tanto, él (Aponte Cara-tini) no tenía un interés propietario en el inmueble que se había subastado. De esta determinación Aponte Caratini solicitó la reconsideración y la acompañó con las copias de los documentos siguientes: (1) carta de 4 de febrero de 1991, en la cual Aponte Caratini le confirma a Alicea Aponte una oferta de opción de compra por la cantidad de trescientos mil dólares ($300,000);(6) (2) un pagaré personal de 5 de junio de 1991, por la cantidad de ciento ochenta y siete mil treinta y ocho dólares con treinta y cuatro centavos ($187,038.34),(7) y (3) varias fotocopias de cheques.(8) El tribunal denegó la moción. (9)

Asimismo, Aponte Caratini indicó que en el Caso I el tribunal había denegado la intervención sumariamente, sin vista previa en lá cual él pudiera presentar prueba y contrainterrogar testigos.(10) Señaló que la propiedad había *480sido vendida en pública subasta al codemandado Román Torres por “la suma irrisoria de $16,500.00” y que el 17 de mayo de 1993 se otorgó una escritura de venta judicial. Ésta fue presentada al Registro de la Propiedad.

A la luz de estos hechos, solicitó que: se anulara la su-basta pública; se ordenara al Registrador de la Propiedad que denegara la inscripción de la venta judicial, y mantu-viera en todo su vigor y efecto la inscripción de la propie-dad a su nombre.(11) Añadió que las sumas de dinero con-signadas deberían ser entregadas por el tribunal a la parte con mejor derecho a ellas.(12)

La codemandada American(13) contestó la demanda del Caso II, aceptando algunas de las alegaciones y negando otras. Presentó varias defensas afirmativas, entre las cua-les incluyó la de “impedimento colateral por sentencia y/o resolución”. También reconvino alegando que Aponte Cara-tini le había privado de su derecho de propiedad, impi-diendo que pudiese enajenar la propiedad, y que le causó daños que ascendían a doscientos cincuenta mil dólares ($250,000), además de sufrimientos y angustias emociona-les por la suma de cien mil dólares ($100,000).(14)

Así las cosas, el 19 de diciembre de 1994 el codeman-dado American le envió un requerimiento de admisiones al demandante Aponte Caratini. El 8 de febrero de 1995, no habiendo éste contestado aún el requerimiento de admisio-nes, la parte demandada solicitó, mediante una moción de *481sentencia sumaria, la desestimación de la demanda.(15) Alegó que procedía la defensa de cosa juzgada y la recon-vención presentada.

Luego de una serie de mociones, el 1ro de mayo de 1995 el foro de instancia denegó la moción de sentencia sumaria. Oportunamente, la parte demandada solicitó una reconsideración. Esta fue denegada el 26 de abril de 1995.

Inconformes, los demandados presentaron una petición de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante el Tribunal de Circuito). El 10 de octubre de 1995 dicho foro emitió una sentencia mediante la cual con-firmó la resolución dictada en el tribunal de instancia. Oportunamente, la parte demandada presentó ante nos una petición de certiorari en la cual alegó que el Tribunal de Circuito erró al confundir la acción rescisoria pauliana con la nulidad radical y absoluta por simulación, y al de-terminar que no era de aplicación la doctrina de cosa juz-gada o de impedimento colateral por sentencia. Visto el recurso presentado, concedimos al demandante recurrido un término para comparecer y mostrar causa por la cual no deberíamos revocar la sentencia recurrida. La parte recu-rrida compareció, por lo que resolvemos sin ulteriores procedimientos.

1 — I

Por la importancia que tiene para la solución de la con-troversia que se nos plantea, hemos examinado el expe-diente original del Caso I en el tribunal de instancia. De éste surge que la demanda en dicho caso versa sobre el cobro de un pagaré no garantizado por la cantidad de doce mil dólares ($12,000). La parte demandada, Alicea Aponte, *482no compareció, por lo que la sentencia se dictó en rebeldía. Luego de una serie de trámites procesales, la mayor parte de los cuales ya hemos mencionado, la subasta se celebró el 5 de octubre de 1992 y el adquirente por la cantidad de dieciséis mil quinientos dólares ($16,500) fue el codeman-dado en el Caso II, Román Torres. A pesar de esto y de que el 17 de mayo de 1993 se había otorgado una escritura de venta judicial a favor de Román Torres, que ésta había sido presentada al Registro de la Propiedad el 24 de julio de 1994 y que, el 11 de febrero de ese mismo año, American había retirado los fondos consignados por el adjudicatario Román Torres, fue American quien solicitó el lanzamiento de Alicea Aponte de la propiedad objeto de la controversia.

Surge también del expediente del Caso I en instancia que ÑECA solicitó la intervención el 12 de abril de 1995, ya que tenía un pagaré garantizado por una hipoteca sobre la propiedad que era objeto de controversia por la suma principal de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000).(16) El 26 de abril el tribunal denegó la solicitud de intervención de ÑECA.

El día después de celebrada la subasta, el 6 de octubre de 1992, Aponte Caratini presentó un escrito en el cual solicitó la intervención. Este alegó ser el propietario del inmueble subastado. El tribunal ordenó a la parte deman-dante contestar; ésta contestó planteando que el contrato de compraventa entre Alicea Aponte y Aponte Caratini ca-recía de causa, ya que se trataba de una simulación. El tribunal entonces ordenó al “interventor” Aponte Caratini replicar. El 29 de octubre de 1992 Aponte Caratini pre-sentó otro escrito donde de nuevo alegó que era el titular del inmueble en controversia; acompañó éste con una copia certificada de la escritura de compraventa. Expresó que la *483escritura de compraventa se había presentado al Registro de la Propiedad para su inscripción el 13 de abril de 1992.

El 23 de octubre de 1992 American presentó una moción para esbozar la teoría de que la compraventa había sido en fraude de acreedores. Arguyo que según el Art. 1249 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3498, y el Art. 40 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2203,(17) surgía una presunción de que la venta había sido en fraude de acreedores. Específicamente, se basó en que en la escritura de compraventa se expresaba que Alicea Aponte había recibido el dinero con anterioridad al acto del otorgamiento de la escritura, y que la compraventa se rea-lizó con posterioridad a que se hubiese dictado la sentencia en el caso de cobro de dinero.

Del expediente del Caso I en instancia no surge que el codemandado en el Caso II, Román Torres, quien es el dueño de la propiedad y adjudicatario en pública subasta, hubiese sido parte en esos procedimientos ni que se le hu-biese notificado de la impugnación de la subasta y la soli-citud de invalidar su título propietario.

Con este marco fáctico en mente, procederemos a expo-ner el derecho aplicable a esta situación.

III

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que serán partes indispensables en un pleito aquellas “personas que tuvieren un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, [éstas] se harán partes y se acumularán como demandantes o de-mandadas según corresponda”.

*484En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de examinar la figura procesal de parte indispensable. La he-mos comparado con su contraparte federal, de la cual pro-viene: la Regla 19 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C.(18) En Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983), señalamos que, a diferencia de la federal, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, con-tiene la frase “sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”. Advertimos que ésta tiene su entronque en la antigua doctrina inglesa sobre la indispensabilidad. También expresamos que el interés afectado tiene que ser de índole real e inmediata, al extremo de impedir la con-fección de un remedio adecuado.

En Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 623 (1994), indicamos que esta regla persigue el propósito de proteger a la persona ausente de los posibles efectos perjudiciales de un dictamen judicial y evitar la multiplicidad de pleitos. Véanse, además: Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412-413 (1982); Hernández Agosto v. López Nieves, supra. También recal-camos que ésta entronca con la cláusula constitucional del debido proceso de ley. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Proce-sal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, T. II, pág. 212.

Con relación a la omisión de incluir una parte indispensable, hemos expresado que “aunque es motivo para deses-timar un pleito, no constituye impedimento para que, a solicitud de la parte interesada, el tribunal pueda conceder *485la oportunidad de traer al pleito a la parte originalmente omitida, siempre y cuando el tribunal pueda adquirir juris-dicción sobre la misma”. Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 816 (1983). El Ledo. Rafael Hernández Colón comenta al respecto que “si una parte indispensable no ha sido unida al pleito, el tribunal debe ordenar que dicha parte sea incorporada y en caso de que no se le acumule porque dicha parte esté fuera de la jurisdicción o por cual-quier otra razón, procederá entonces la desestimación de la demanda”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de Puerto Rico, 1997, Sec. 1208, pág. 116. Con relación a la falta de parte indispensable, también hemos resuelto que “es de orden tan relevante y vital que puede presentarse en apelación por primera vez o aun suscitarse por este Tribunal sua sponte”. Hernández Agosto v. López Nieves, supra, pág. 603.

Además, hemos sostenido que cuando a las personas au-sentes del pleito no se les ha brindado la oportunidad de salvaguardar unos derechos e intereses que podrían verse afectados, no se le puede imprimir finalidad a la adjudica-ción de la controversia medular. Dichas personas tienen que ser acumuladas como partes. No es suficiente ni si-quiera que el ausente haya sido informado de su oportuni-dad de intervenir en el pleito. Mientras no sea parte, no se le puede privar de sus derechos mediante una sentencia. Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 604; Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952); Pueblo v. Henneman, 61 D.P.R. 189, 194 (1942).

En cuanto a la figura procesal de la intervención, la Re-gla 21.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, esta-blece específicamente —y en lo pertinente— que cuando “un alguacil procediere a cumplimentar una orden de eje-cución, embargo o cualquier otra orden contra alguna pro-piedad mueble o inmueble y dicha propiedad, o cualquier parte de ella, o algún interés en la misma, fuere reclamado *486por un tercero, éste tendrá derecho a presentar una de-manda de intervención”. (Enfasis suplido.) Como puede ob-servarse, esta intervención procede como cuestión de derecho. La Regla 21.5 de Procedimiento Civil, supra, es autóctona y está inspirada en la ya derogada Ley de Ter-cería de 14 de marzo de 1907, Leyes de Puerto Rico, pág. 308. Esta ley disponía en su Sec. 16a, añadida mediante enmienda, que “[l]a tercería respecto a bienes inmuebles se iniciará por demanda que formalizará el reclamante contra todas las personas que tengan interés en el asunto y el juicio se sustanciará por los trámites del Código de Enjui-ciamiento Civil”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. sec. 1187 (ed. 1955).(19) En cuanto a la posible suspensión de una subasta, la ley establecía específicamente que ésta proce-día sólo mediante un interdicto prohibitorio (injunction) emitido de acuerdo con la Ley de Injunctions de 8 de marzo de 1906, Leyes de Puerto Rico, págs. 81-85.

A tenor de la jurisprudencia que precedió a la aproba-ción de la Ley de Tercería, este Tribunal había resuelto en Hidalgo v. García de la Torre, 1 D.P.R. 495, 497 (1903), que “de un embargo acordado por providencia judicial, como dirijido [sic] únicamente á garantir las consecuencias del juicio, no altera la naturaleza de las obligaciones, ni puede convertir en real é hipotecaria la acción personal que ca-rece de este carácter, pues no produce otros efectos que los que el acreedor que la obtenga sea preferido, en cuanto á los bienes anotados, solamente, á los que tengan contra el mismo deudor otro crédito, contraido con anterioridad a dicha anotación”. En dicho caso, se había constituido una escritura de préstamo hipotecario antes de la anotación del embargo, pero ésta no se había inscrito. Según estas cir-cunstancias, el tribunal resolvió que “por más que la ins-cripción de aquella escritura se hiciera con fecha posterior a la anotación, pues una vez verificada dicha inscripción, *487se llenó el requisito que faltaba para que la hipoteca que-dara válidamente constituida”. Id., págs. 497-498. En igual sentido resolvimos recientemente, con respecto a la figura del embargo, en Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 D.P.R. 134 (1992).

Como se puede apreciar, tanto la Regla 21.5 de Procedi-miento Civil, supra, como su antecesora, la Ley de Terce-ría, estaban predicadas bajo la premisa de que cuando en la etapa posterior al juicio se suscitaba un conflicto sobre titularidad relacionado con la propiedad que había sido embargada y en la etapa de ejecución era objeto de su-basta, o había sido objeto de una subasta judicial, para resolver este conflicto se hacía necesario la presentación de una demanda contra “todas las personas que tengan interés en el asunto”. Ambas disposiciones procesales exigen que los procedimientos para dirimir el conflicto de titularidad se rijan por las Reglas de Procedimiento Civil.

Siguiendo esta misma vertiente, el Art. 125 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2414, dispone, con relación a la figura del embargo, lo si-guiente:

Podrán registrarse los títulos en que se enajenen o graven bienes inmuebles anotados sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, siempre que su enajenación no esté prohibida o, estándolo, se trate de ventas en ejecución de derechos registrados con anterioridad.

Si antes que el acreedor haga efectivo su crédito, pasare el bien o derecho anotado a manos de un tercer poseedor o subad-quirente, éste, acreditando su título, podrá pedir que se le ex-hiban los autos en la Secretaría y el Tribunal lo acordará así sin paralizar el curso del procedimiento, disponiendo a la vez que se entiendan con él los trámites ulteriores, como subrogado en el lugar y grado del deudor, pero sólo en cuanto a los efectos de la ejecución del bien o derecho anotado.

Los adquirentes anteriores a la anotación podrán inscribir sus títulos e instar las acciones adecuadas para hacer valer sus derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en las sees. 2403 y 2473 de este título. (Enfasis suplido.)

Aplicando esta disposición, en Rosario Pérez v. Registra-*488dor, 115 D.P.R. 491, 493 (1984), resolvimos que “los actos dispositivos otorgados con anterioridad a la anotación no están afectados por ésta, como tampoco los actos dispositi-vos posteriores basados en la venta en ejecución de dere-chos registrados con anterioridad”.

Por su parte, el Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante el Reglamento Hipotecario) dispone, en lo aquí pertinente, que “[e]n cuanto al procedimiento adecuado para la intervención por el tercer poseedor, subadquirente, o cualquier otro interesado en el pleito anotado, se estará a lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes”. Regla 123.3 del Reglamento Hipotecario, 30 L.P.R.A. sec. 2003-123.3, edición especial. De estas disposi-ciones surge con meridiana claridad que cuando una persona adquiere una finca antes de que se haga una anota-ción preventiva de embargo sobre ella, esta persona tiene el derecho a instar contra todas las personas cuyos dere-chos puedan quedar afectados las acciones adecuadas para hacer valer sus derechos, incluyendo una intervención en el pleito original.

En cuanto a la norma de derecho utilizada por el foro de instancia para resolver la controversia en el caso de autos, la de cosa juzgada, el Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343, dispone, en lo pertinente, que “[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro jui-cio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. (Enfasis suplido.) En lo que respecta a la doctrina de impedimento colateral por sentencia, una modalidad de cosa juzgada, hemos re-suelto que una “sentencia anterior es concluyente sola-mente en cuanto a aquellas materias que de hecho se sus-citaron y verdaderamente o por necesidad se litigaron y adjudicaron, pero no es concluyente en cuanto a aquellas *489materias que pudieron ser pero que no fueron litigadas y adjudicadas en la acción anterior”. (Enfasis suplido.) Millón v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 506—507 (1961).

En A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753 (1981), analizamos las dos (2) modalidades de la doctrina de impedimento colateral por sentencia, la ofensiva y la defensiva. En dicho caso expresamos que en esta área del derecho hemos ido creando un derecho autóctono con miras a aprovecharnos de los mejores elementos de los dos (2) sistemas de derecho que rigen en nuestra jurisdicción, uno en el campo sustantivo y otro en el procesal. Advertimos, sin embargo, que debe tenerse presente que la doctrina de cosa juzgada, por ser parte de nuestro derecho civil sustan-tivo, hace “innecesario, excepto para fines comparativos, acudir a otras fuentes para su análisis”. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 535 (1975). Véase A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra.

Como parte de la creación de nuestro derecho autóctono y como complemento a la doctrina de cosa juzgada, hemos adoptado la figura procesal de impedimento colateral por sentencia. Esta adopción, sin embargo, sujeta esta figura jurídica a las disposiciones de nuestro derecho sustantivo. Por lo tanto, ella sólo “surte efectos cuando un hecho esen-cial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final... [y] es con-cluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas”. (Enfasis suplido y en el original.) A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 762.

Con estas normas de derecho presentes pasemos ahora a analizar su aplicación al caso de autos.

IV

De los hechos antes expuestos surge con meridiana cla-ridad que el adjudicatario Román Torres (dueño por venta *490judicial del inmueble objeto de esta controversia) nunca fue parte de los procedimientos postsentencia sobre nuli-dad de subasta; que dicho procedimiento fue de naturaleza interlocutoria; que él nunca presentó una demanda de in-tervención; que, por lo tanto, no se siguieron los procedi-mientos que establecen las reglas para la tramitación de las demandas, y que la determinación del foro de instancia al resolver un incidente procesal interlocutorio (la proce-dencia de una solicitud de intervención) fue una resolu-ción, no una sentencia.

Tampoco cabe duda que el codemandado Román Torres era una parte indispensable en cualquier procedimiento en que se pretendiese impugnar la subasta o anular la com-praventa judicial. Cualquier sentencia o resolución que en su día pudiera dictar el tribunal podría incidir sobre sus derechos propietarios. Para que el tribunal pudiera adjudi-car la titularidad del referido inmueble, su dueño era y es una parte indispensable en el proceso.

Por otro lado, es obvio que para levantar eficazmente la defensa de cosa juzgada, el pleito actual (Caso II) tiene que ser entre las mismas partes que el pleito anterior (Caso I). Por requisito estatutario, tiene que haber la más completa identidad en los litigantes. Art. 1204 del Código Civil, supra. Ahora bien, Román Torres nunca fue parte en el pleito anterior ni en los procedimientos postsentencia. La desestimación del pleito contra el codemandado Román Torres (Caso II), conforme a la doctrina de cosa juzgada, no procedía, pues faltaría el requisito de que la sentencia pre-via fuese entre las mismas partes. Este hecho procesal también impide la finalidad de las determinaciones sobre titularidad hechas por el foro de instancia en el Caso I, lo que a su vez imposibilita la desestimación del pleito contra American, ya que sus derechos podrían quedar afectados por la sentencia que en su día pudiera recaer en el Caso II.

De otro lado, debemos destacar que, aun cuando se den todos los requisitos, la doctrina de cosa juzgada no se apli-*491cará inflexiblemente cuando así hacerlo derrotaría los fines de la justicia. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108, 114 (1968); Millán v. Caribe Motors Corp., supra; Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 226 (1961).(20) Según expresá-ramos, el dueño por venta judicial del inmueble nunca fue parte en el Caso I, aim cuando era parte indispensable sin cuya presencia no se podía adjudicar la controversia. Bajo las circunstancias procesales del caso de autos, además de no estar presentes todos los requisitos que exige la doc-trina de cosa juzgada, se sirven mejor los intereses de la justicia si ésta no se aplica.

. Abona esta posición el hecho de que la jurisprudencia norteamericana no es tan clara ni uniforme al determinar el efecto que tiene la denegatoria de una intervención con relación a la defensa de cosa juzgada. Por ejemplo, en Enterprise Bank v. Magna Bank of Missouri, 92 F.3d 743 (8vo Cir. 1996), se resolvió que no apelar la denegatoria de una intervención no siempre excluye la posibilidad de que una parte presente una nueva acción que levante las mismas reclamaciones subyacentes en la moción de intervención. Esto quiere decir que la cosa juzgada sería la intervención en sí, más no cualquier otro derecho que se pudiera haber reclamado.

En conclusión, Román Torres es y era una parte indispensable en cualquier procedimiento para anular la su-basta y venta judicial. Contra él, cualquier determinación sobre este particular no podía ser final y firme, y no podía tener la naturaleza de cosa juzgada. Después de todo, si una parte es o no indispensable en un pleito no depende de si éste se resuelve o no a su favor. Una parte resulta ser indispensable si tuviere un interés común y sin cuya pre-*492senda no puede adjudicarse la controversia.(21) En el Caso I, el tribunal de instancia no podía anular la subasta y, por ende, la venta judicial sin la presencia en el pleito del com-prador en venta judicial, Román Torres. A lo sumo, lo que el tribunal podía resolver era si procedía o no la intervención. La resolución emitida en el Caso I no consti-tuye cosa juzgada para el Caso II en cuanto a la titularidad de la propiedad objeto de la controversia. No procedía, pues, la desestimación de la demanda presentada por Aponte Caratini. El Tribunal de Circuito actuó correcta-mente al confirmar la resolución dictada por el foro de ins-tancia y devolver el caso a dicho tribunal para que conti-nuara con los procedimientos.

Por las razones antes expuestas, se confirma la senten-cia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río emitió una opinión disidente.

(Fdo.) Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

La parte peticionaria, Luis G. Román Torres y otros, nos solicita que revisemos la Sentencia dictada el 10 de octubre *493de 1995 por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En dicha sentencia se dictaminó que por no haberse adjudicado previamente la controversia planteada ante el Tribunal de Primera Instancia, en el Caso Núm. KCD 90-0331, no aplica la defensa de cosa juzgada. Entendemos que el tribunal a quo erró en su dictamen; por no resolver así la mayoría, disentimos.

I

En un caso seguido por José A. Medina Marrero, poste-riormente substituido por American Realty Investment Corp. (en adelante American Realty), contra Iris Nereida Alicea Aponte, Civil Núm. KCD 90-0331 sobre cobro de dinero, se dictó sentencia en rebeldía el 3 de agosto de 1990, la cual condenó a la demandada a pagar la cantidad de doce mil dólares ($12,000), intereses, costas, gastos y hono-rarios de abogado. El 18 de septiembre de 1991 se presentó una orden de anotación de embargo en el Registro de la Propiedad sobre el referido inmueble, como parte de los trámites para la ejecución de la sentencia. El embargo se anotó el 24 de septiembre de 1991. Mientras tanto, el 10 de junio de 1991 la señora Alicea Aponte vendió la propiedad objeto de la anotación posterior de embargo al Sr. René Aponte Caratini mediante una escritura pública. El 10 de junio de 1992 se presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad la compraventa del inmueble a favor del señor Aponte Caratini. El 5 de octubre de 1992 se celebró una subasta pública en ejecución de sentencia mediante la cual se vendió judicialmente la propiedad al señor Román Torres y esposa.

El 6 de octubre de 1992 el señor Aponte Caratini pre-sentó una moción para intervenir en el pleito Núm. KCD90-0331. A ello se opuso American Realty, alegando que la compraventa otorgada por la señora Alicea Aponte a favor del señor Aponte Caratini estaba acompañada de una *494presunción de haberse celebrado en fraude de acreedores, por haber sido efectuada luego de haber recaído la senten-cia(1) contra la vendedora, y otra presunción de fraude por haberse enajenado a título gratuito, ya que el notario otor-gante del contrato no dio fe de la entrega del precio de la compraventa.(2) Solicitó que se declarase la nulidad del contrato. El 21 de diciembre de 1992 el tribunal de instan-cia le notificó una orden al señor Aponte Caratini para que, en el término de quince (15) días desde la notificación de la orden, replicara a las alegaciones de la parte demandante, lo que nunca hizo. El 10 de febrero de 1993 el tribunal emitió una orden, mediante la cual denegó la moción de intervención, y la fundamentó el 28 de abril de 1993.

En su dictamen, el tribunal sentenciador dispuso que al título de compraventa le acompañaban las presunciones mencionadas y que éstas no fueron rebatidas por el señor Aponte Caratini. Resolvió que la transacción de compra-venta “se hizo en fraude de acreedores y por tanto el inter-ventor carece de título alguno”. Apéndice, pág. 52.

Aponte Caratini solicitó la reconsideración por el tribunal, pidiendo que se celebrase una vista evidenciaría en la que se le permitiera refutar las presunciones aludidas.

Argüyó que la parte demandante no alegó haber sido peijudicada por la enajenación ni tampoco por la ausencia de otro recurso legal para hacer efectivo su crédito, y que ambos son requisitos esenciales de la acción pauliana. Im-pugnó, además, sobre el fundamento de que había sido pri-vado de su propiedad sin el debido proceso de ley. La mo-ción fue declarada no ha lugar, sin expresión de funda-*495mentos. El señor Aponte Caratini acudió a este Tribunal mediante un recurso de certiorari, el cual fue denegado por un craso incumplimiento con las disposiciones de nuestro reglamento y por no haber acreditado nuestra jurisdicción.

El 28 de septiembre de 1994 el señor Aponte Caratini presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una acción independiente, Caso Núm. KAC94-1429, de nulidad de su-basta y venta judicial, contra Román Torres y su esposa, de Medina Marrero y de American Realty. La parte deman-dada, Román Torres y esposa, reconvino por los daños ale-gadamente sufridos al no poder disponer de su propiedad y, posteriormente, presentó una moción de sentencia sumaria en la que alegó que los planteamientos presentados fueron previamente adjudicados en el Caso Núm. KCD-90-0331, por lo que procedía la defensa de cosa juzgada.

En su oposición a la moción de sentencia sumaria, la parte demandante señaló que la existencia del caso anterior no estaba en controversia ni que él era el titular regis-tral del inmueble objeto de la controversia, sino que mera-mente tocaba dirimir la procedencia en derecho de dictar sentencia sumaria y la aplicabilidad de la doctrina de la cosa juzgada.(3) La moción de sentencia sumaria fue decla-rada no ha lugar. Se solicitó la reconsideración del dicta-men y el tribunal de instancia no emitió resolución alguna, por lo que se consideró como rechazada de plano.

La parte demandada recurrió al Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante un recurso de certiorari en revisión de la resolución dictada. En éste expuso similares plantea-mientos de derecho a los discutidos en su moción de sen-tencia sumaria.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó al tribunal recurrido mediante su Sentencia de 10 de octubre de 1995, cuya notificación fue archivada en autos el 25 de oc-*496tubre de 1995. Fundamentó su sentencia en que, al nunca haberse alegado ni resuelto en el primer caso lo relativo a la ausencia de otros medios para que el acreedor hiciera valer su acreencia ni sobre el perjuicio causádole por la enajenación y siendo estos requisitos esenciales de la ac-ción pauliana, la controversia trabada en el pleito de autos nunca había sido concluyentemente adjudicada, por lo que no aplica la defensa de cosa juzgada ni su vertiente de impedimento colateral por sentencia. Señaló, asimismo, que en ocasiones los tribunales se han negado a aplicar en forma inflexible la defensa de cosa juzgada cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, y que el caso de marras resultaba apropiado para someterlo a ese balance y escrutinio. Dispuso que a pesar de que los hechos esencia-les del caso, según alegados por los demandados, no esta-ban en controversia, como cuestión de derecho no procedía dictar la sentencia sumaria a su favor.

En su recurso ante nos presentado el 14 de noviembre de 1995 la parte recurrente señala:

A. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones, al confundir la acción rescisoria pauliana con la de nulidad radical y absoluta por simulación.

B. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones, al determinar que no era de aplicación la doctrina de cosa juzgada y/o impe-dimento colateral por sentencia. (Énfasis suprimido.) Petición de certiorari, pág. 9.

Alega la parte recurrente que la presunción establecida en el Caso Núm. KCD 90-0331 fue de simulación absolu-ta,(4) y que al no ser rebatida según ordenado por el tribunal, se dictó la resolución para denegar la intervención y resolver que el recurrido Aponte Caratini carecía de título alguno. Arguye que ño aplican los fundamentos esgrimidos *497por el tribunal recurrido contra la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia en cuanto a que los requisitos de la acción pauliana no son los mismos que los de una acción de nulidad.

La parte recurrida, en su objeción a que se revoque la sentencia, alega que lo resuelto en el Caso Núm. KCD 90-0331 fue la rescisión del contrato de compraventa y no su nulidad. Expone que no compareció dentro del término concedídole por el juez de primera instancia porque no te-nía que hacerlo. En primer lugar, sostiene que se pretendió convertir el incidente de intervención en una acción rescisoria. En adición, el título que reclamaba la persona a quien se le adjudicó la subasta descansaba en una anota-ción de embargo que fue hecha con posterioridad a la fecha de adquisición del título de propiedad por el recurrido. En-tiende éste que su título no podía ser cancelado mediante una oposición a su intervención; que era necesaria la pre-sentación de una demanda; que la resolución fue dictada sin jurisdicción, y que se le privó de su propiedad sin el debido proceso de ley. Veamos.

1 I — i

La defensa de cosa juzgada figura en nuestro Código Civil en el capítulo relativo a la prueba de las obligaciones y, en específico, en la sección relativa a las presunciones. El Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343, dispone, en lo pertinente, que:

Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta iden-tidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

El efecto de la doctrina de cosa juzgada, cuando ésta aplica, es que la sentencia dictada en un pleito anterior *498impide que se litiguen en un pleito posterior, entre las mis-mas partes y sobre la misma causa de acción y de cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pu-dieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior. Véanse: Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372 (1967); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268 (1962); Sastre v. Cabrera, 75 D.P.R. 1 (1953); Manrique Gil v. Goffinet, 37 D.P.R. 336 (1927).

En términos generales, puede afirmarse que la regla está fundada en consideraciones de necesidad y de orden público, en el interés del Estado en que se le ponga fin a los litigios y que no se eternicen las cuestiones judiciales, en la conveniencia de dar la debida dignidad a los fallos de los tribunales y en la deseabilidad de que no se someta en dos (2) ocasiones a un ciudadano a las molestias que supone litigar la misma causa. Véanse: S. de 5 de julio de 1924, Núm. 87, T. 163, III Jurisprudencia Civil 504; Pagán Hernández v. U.P.R., supra; Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961); F. De León y Olarieta, Observaciones filosóficojurídicas acerca de la autoridad de cosa juzgada, 44 Rev. Gen. Leg. Jur. 5, 15-22 (1874).

La doctrina en cuestión es parte de nuestro Derecho Civil y es innecesario, excepto para fines comparativos, acu-dir a otras fuentes para su análisis. Véanse: Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, supra; A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753 (1981); Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312 (1988). Sin embargo, nuestra juris-prudencia no ha vacilado en acudir a distintas fuentes para interpretar la doctrina de cosa juzgada, recurriendo tanto a los textos españoles como a las fuentes de derecho común, aun cuando difieren en varios aspectos.

*499Estas diferencias han permitido el desarrollo de una vertiente de la cosa juzgada, el impedimento colateral por sentencia. Aplica ésta cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida realmente y se determina por una sentencia válida y final aunque estén implicadas causas de acción distintas. Véanse: Vidal v. Monagas, 66 D.P.R 622 (1946); Long Corporation v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 788 (1951); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959 (1952); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra.

De la propia fuente estatutaria de la doctrina surgen los requisitos constitutivos de res judicata-, que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las cau-sas, los litigantes y la calidad con que lo fueron.

Teniendo presente los principios generales aplicables de nuestra jurisprudencia, veamos los hechos del recurso ante nos para determinar si, en efecto, concurren los elementos necesarios. Lo primero que se pone de manifiesto es que ciertamente está presente el requisito de identidad; esto es, identidad de las cosas, el “objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, supra, pág. 535. La cosa o el objeto es el contrato de com-praventa otorgado entre la señora Alicea Aponte y el señor Aponte Caratini y la propiedad mediante éste vendida, la cual es la misma que fuera ejecutada judicialmente en el primer procedimiento, y cuya ejecución fue impugnada por el señor Aponte Caratini. Cualquier duda al respecto se disipa al aplicar la regla de Lacoste para determinar si hay o no identidad de objeto: “[La hay si] estatuyendo sobre el objeto de una demanda, el Juez está expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando un derecho nacido o na-ciente o un derecho afirmado por esta decisión precedente. Si no puede estatuir más que exponiéndose a esta contra-dicción hay identidad de objeto.” E. Jiménez Asenjo, Sobre *500el alcance real de la cosa juzgada (en torno a una jurispru-dencia nueva), 184 Rey. Gen. Leg. Jur. 63, 73 esc. 1 (1948).

Asimismo, no existe duda de que está presente el requi-sito de identidad de causas. Recuérdese que causa "es el motivo de pedir”. Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. XX, pág. 535. Se constituye el re-quisito de identidad de causas “cuando la nueva acción es-tuviera como embe[b]ida en la primera o fuese consecuencia inseparable de la misma”. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 303-304. Véanse: Mercado Riera v. Mercado Riera, supra; Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452 (1996). Para cumplir con este requisito “basta que se refiera al mismo asunto, aunque en el uno se aborde totalmente y sólo par-cialmente en el otro”. Scaevola, op. cit., pág. 534. Véanse: Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra. Manresa señala: “Para los efectos de la cosa juzgada, la palabra causa tiene un sentido que no es de razón o motivo de un contrato o acto jurídico. Significa el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos legales de las pretensiones deduci-das por las partes.” (Enfasis en el original.) Manresa, op. cit., pág. 301. Así, el Tribunal Supremo de España ha dic-taminado que “ la causa equivale a un fundamento o razón de pedir, siendo la acción mera modalidad procesal que es necesario ejercitar para que aquélla tenga efectividad en juicio’ ”. S. de 30 de octubre de 1965, según citada en Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827, 835 (1993). Véase A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765.

Tanto en la acción de autos como al solicitar la interven-ción en la primera acción —que fue denegada— el motivo de pedir, el fundamento capital, el origen de las acciones y *501el asunto al que se refieren son los mismos. Se cuestiona la validez del contrato de compraventa mediante el cual el señor Aponte Caratini alega haber adquirido la propiedad ejecutada. Habiendo identidad de causa, resulta innecesa-rio considerar la cuestión de impedimento colateral por sentencia. Véase A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra.

En cuanto a la identidad de las personas, basta señalar que son las mismas partes las que de nuevo se enfrentan sobre el mismo asunto. Apunta Manresa, op. cit., pág. 311:

La calidad en que las partes litiguen en los pleitos no puede confundirse con la respectiva situación procesal de actor o reo, porque entonces el demandado en el primer pleito, con sólo de-mandar él luego podría renovar la cuestión ya fallada. La cali-dad en que las partes lo fueron se refiere a su relación con los derechos y acciones que ejercitan, y así cabrá que renueve un litigio el que por derecho propio reclamó una cosa, si luego lo hace como mandatario, cesionario o heredero de otra persona.

Vistos los requisitos doctrinales de la defensa, forzoso es concluir que todos están presentes en el caso de autos. Aponte Caratini está reclamando el mismo derecho, por los mismos fundamentos, a las mismas personas y en la misma calidad que lo hizo en el Caso Núm. KCD 90-0331. Nos parece claro que entre el actual pleito Núm. KAC 94-1429 y el proceso de intervención del Caso Núm. KCD 90-0331 existe identidad de partes, de cosa y de causa de acción. La controversia realmente quedó trabada en cuanto al derecho del interventor como alegado dueño de la finca en cuestión.

III

El presente recurso plantea una cuestión interesante en cuanto, técnicamente, Aponte Caratini no fue original-mente parte en el primer pleito. Sin embargo, debemos destacar que no es lo resuelto originalmente en el Caso Núm. KCD 90-0331 lo que se le intenta oponer como cosa *502juzgada. Fue al denegársele su moción de intervención que el Juez de primera instancia dictaminó la carencia de titu-laridad por parte de Aponte Caratini. Resuelve la mayoría que, por Aponte Caratini no haber sido parte en el primer pleito, no se cumple con el requisito de identidad de partes y, por lo tanto, no aplica la defensa de cosa juzgada. No estamos de acuerdo.

Debemos recordar que “en Puerto Rico tenemos la situa-ción particular de que rigen dos sistemas de derecho, uno en el campo sustantivo, y otro de índole procesal, producto de la influencia del derecho anglosajón proveniente de los Estados Unidos. Con miras a crear un derecho autóctono, nuestra posición siempre ha sido aprovechar los mejores elementos de ambos sistemas (sin menoscabo de acudir a otras latitudes), armonizarlos y hacerlos formar parte de nuestro ordenamiento jurídico”. A & P Gen. Contractors, Inc. v. Asoc. Caná, supra, pág. 762. A pesar de que nuestra doctrina en el ámbito de la cosa juzgada proviene del De-recho Civil, nuestras reglas de procedimiento civil son, en gran parte, traídas de las federales.

En Ninlliat v. Suriñach et al., 27 D.P.R. 74, 78-79 (1919), adoptamos la posición siguiente:

“Cuando algún hecho fundamental o cuestión sustancial para la determinación de ambas acciones ha sido resuelto en un pleito anterior, y el mismo hecho o cuestión está otra vez en controversia entre las mismas partes, el fallo del mismo en el primer pleito será concluyente, si se presentare en debida forma, de la misma cuestión en el último pleito, sin tener en cuenta la cuestión de ... si es o no la misma forma de procedimiento.” (Enfasis suplido.)

... Para invocar con éxito la defensa de cosa juzgada precisa no sólo la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron, sí que también que la sentencia anterior por su naturaleza o por dis-posición de la ley resuelva definitivamente el asunto. Muñoz v. Pardo, 68 D.P.R. 612, 618 (1948). Véanse, también: Meléndez v. Cividanes, 63 D.P.R. 4 (1944); Balasquide v. Luján, 45 D.P.R. 548 (1933).

*503La Regla 21.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, al entender en las intervenciones como cuestión de de-recho, dispone:

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá dere-cho a intervenir en un- pleito (a) cuando por ley o por estas reglas se le confiere mi derecho incondicional a intervenir; o (b) cuando el solicitante reclame algún derecho o interés en la pro-piedad o asunto objeto del litigio que pudiere de hecho quedar afectado con la disposición final del pleito.

Como puede observarse, la disposición citada le impone límites a la intervención. El solicitante debe reclamar al-gún derecho o interés en la propiedad o en el asunto que sea objeto del litigio, y debe demostrar que tal derecho o interés puede, de hecho, quedar afectado por la disposición final del pleito. La regla obliga a utilizarse un criterio de orden pragmático. ¿Existe de facto un interés que amerite protección? ¿Quedaría afectado, como cuestión práctica, tal interés por la áusencia del interventor en el caso? El aná-lisis puede variar de pleito a pleito. En el fondo, la decisión depende del equilibrio que persigue lograrse en la situa-ción específica entre los valores en conflicto: el interés en la economía procesal representada por la solución en un solo pleito de varias cuestiones relacionadas entre sí y el inte-rés en evitar que los pleitos se compliquen y eternicen innecesariamente. Véanse: 7A Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure Sec. 1904, págs. 483 y 509 (1986); Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 D.P.R. 767 (1981). Es evidente que un tribunal al cual se le soli-cita que reconozca el derecho a intervenir en un pleito ante su consideración tiene que examinar y dirimir la existencia del interés reclamado por el peticionario. Así lo hizo el juez de primera instancia al denegarle la intervención al señor Aponte Caratini, quien evidentemente era parte en dicho proceso de intervención.

*504IV

En Estados Unidos se le ha dado el efecto de cosa juz-gada a las denegatorias de intervención como cuestión de derecho cuando en éstas se ha resuelto una controversia legal que se presenta posteriormente en una acción judicial independiente. Enterprise Bank v. Magna Bank of Missouri, 92 F.3d 743 (8vo Cir. 1996); James v. Wampanoag Tribal Council, 499 N.E.2d 1213 (1986); Unites States v. Harris, 733 F.2d 994 (2do Cir. 1984); Reed v. Frey, 458 P.2d 386 (Ariz. 1969); Brotherhood of Loc. Fire & Eng. v. Seaboard Coast Line R. Co., 413 F.2d 19 (5to Cir. 1969); Cheyenne River Sioux Tribe of Indians v. United States, 338 F.2d 906 (8vo Cir. 1964), cert. denegado, 382 U.S. 815 (1965). El fundamento esbozado para darle tal efecto es que la parte afectada, al no utilizar su derecho de apela-ción sobre dicha determinación, está posteriormente impe-dida de relitigar el mismo asunto. La doctrina prevale-ciente en la jurisdicción federal es que las denegatorias de las mociones de intervención son apelables en aquellos ca-sos cuando la intervención se solicita como una cuestión de derecho, mas no cuando se solicite como una permisible. 7 Cyclopedia of Federal Procedure 3d Sec. 24.47, págs. 83—85 (1992); 3 Moore’s Federal Practice 3d, págs. 85-91; Wright and Miller and Kane, supra, Vol. 7C, Sec. 1923, págs. 507-518; Railroad Trainmen v. B. & O.R. Co., 331 U.S. 519 (1947).

A pesar de que estas órdenes son de naturaleza interlo-cutoria, por lo que se podría entender que el tribunal revi-sor sólo tendría que atender estos recursos discrecional-mente,(5) se ha interpretado que una orden que deniegue una moción de intervención como cuestión de derecho “es final para el apelante”, por lo que existe un derecho de apelación’ para revisarlas.(6) Williams v. Katz, 23 F.3d 190 *505(7mo Cir. 1994); Stringfellow v. Concerned Neighbors in Action, 480 U.S. 370 (1987); Railroad Trainmen v. B. & O.R. Co., supra; Cyclopedia of Federal Procedure, supra; Moore, supra; Wright, Miller and Kane, supra, Vol. 7C, Sec. 1923, págs. 507-518.

Debemos destacar que el dictamen que denegó la mo-ción de intervención en el Caso Núm. KCD-90-0331 es una sentencia y no una resolución. La Regla 43.1 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, define el término “senten-cia” como cualquier determinación del tribunal que re-suelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse o solicitarse revisión. En consonancia con lo anterior, en reiteradas ocasiones hemos resuelto que si un tribunal dicta una resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a la controversia entre las partes, la resolución consti-tuirá una sentencia final de la cual puede interponerse el recurso de apelación. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237 (1996); A.F.F. v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 903 (1967); Arroyo v. Quiñones, 77 D.P.R. 513 (1954). Para enmarcar un dictamen judicial dentro de las clasificaciones de resolución o de sentencia se deben evaluar sus efectos jurídicos y no sólo su denominación.

En Rodríguez v. Tribunal Municipal y Ramos, 14, D.P.R. 656, 664 (1953), explicamos la diferencia entre una resolu-ción y una sentencia. Señalamos allí lo siguiente:

No es muy difícil concluir que existe una diferencia conceptual categórica entre una “resolución” y una “sentencia”. Nin-guna de las dos constituye un término genérico dentro del cual pueda entenderse comprendida la otra específicamente. Una resolución pone fin a un incidente dentro del proceso judicial, mientras una sentencia pone fin a la controversia entre las par-tes mediante una adjudicación final.

La denegatoria a la moción de intervención puso fin a las controversias relativas a la validez del contrato otor-gado entre la señora Alicea Aponte y el señor Aponte Ca-ratini y el interés propietario de éste sobre la propiedad *506ejecutada. Es evidente que se trata de una sentencia de la cual podía apelar el señor Aponte Caratini.(7)

De acuerdo con el derecho anteriormente enunciado, concluimos que los fundamentos esbozados por el tribunal de primera instancia en su denegatoria tienen fuerza de cosa juzgada en este pleito. No cabe duda alguna sobre el hecho de que el dictamen del Juez del Tribunal de Primera Instancia fue uno considerado y fundamentado a los efec-tos de decretar la carencia de título válido por parte del señor Aponte Caratini. Basta una somera lectura de dicho dictamen para así confirmar este hecho. El Juez del Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión estable-ciendo que:

Cuando la parte interventora adquiere el título de propiedad el día 10 de junio de 1991, hacía nueve (9) meses con diez (10) días, que el Tribunal había dictado sentencia condenando a la parte demandada al pago de la suma reclamada por los demandantes. Es por ello que al título de propiedad del inter-ventor lo acompaña la presunción de haberse transmitido frau-dulentamente, y corresponde a él rebatir tal presunción.

Como si lo anteriormente fuera poco, en la escritura de com-praventa del interventor, el notario autorizante no dio fe de que en su presencia el comprador pagó el importe de la compraventa.

Como hemos visto, corresponde al interventor acreditar que efectuó el pago del precio de la compraventa. Este Tribunal mediante orden fechada 8 de enero de 1993, declaró con lugar la moción de la parte demandante titulada “Moción Solicitando Se Paralice Todo Este Caso, Excepto lo Ordenado por el Tribunal el Día 19 de Noviembre de 1992”, en la que en el apartado tercero de la súplica solicitó que se le concediera al interventor el plazo de quince días para presentar prueba al Tribunal que derrotara la presunción de que su título es fraudulento. Esta *507orden fue notificada el 15 de enero de 1993, y transcurrió el término de quince (15) días sin que el interventor anunciara y presentara la prueba que destruyese esa presunción. Por lo que al día de hoy el título se presume en fraude de acreedores.

Por lo anteriormente expresado al título de interventor tam-bién lo acompaña la presunción de ser en fraude de acreedores, y habiendo tenido amplia oportunidad la parte interventora de poder rebatir esta presunción de ley y no haberlo hecho, se re-suelve que la transacción de compraventa en que el interventor adquirió título se hizo en fraude de acreedores y por tanto el interventor carece de título alguno. (Énfasis suplido.) Resolu-ción del Tribunal de Primera Instancia, págs. 2-3.

El interés propietario del recurrido sobre la finca em-bargada y vendida ya ha sido considerado y adjudicado previamente por un tribunal de justicia. Esa adjudicación es, al día de hoy, final y firme.

Poco importa si la actuación del juez sentenciador fue o no correcta o si los fundamentos esbozados por éste son correctos. La defensa de res judicata puede invocarse aun-que los fundamentos de la sentencia sean erróneos, siem-pre que se hubiera dictado con jurisdicción y en ausencia de fraude. Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816 (1961). Como señala Manresa,

... el fundamento de la cosa juzgada no está en una preten-sión de infalibilidad en el juzgador, ni menos en el intento de ocultar sus errores, sino que se encuentra en la esencia misma de la resolución judicial, que no merecería tal nombre ni ten-dría fuerza y resultado, si no se fortaleciera de ese modo. Es por tanto, una consecuencia directa de la autoridad necesaria al fallo, y en un orden eminentemente práctico tiene el funda-mento indiscutible de que sin esa fuerza atribuida a lo juzgado, los pleitos nunca tendrían fin. Manresa, op. cit, pág. 279.

El señor Aponte Caratini se encuentra impedido de re-litigar el mismo asunto mediante una acción impugnatoria del proceso de subasta seguido para vender la propiedad en controversia. Debió utilizar el mecanismo de apelación que tenía disponible para revisar la sentencia dictada. Se equi-*508voca la mayoría al dictaminar que el dictamen que denegó la intervención no es una sentencia.

Por los fundamentos antes expuestos, disentimos.