SENTENCIA

En relación con las elecciones generales, que fueron ce-lebradas en Puerto Rico durante 1996, la Comisión Estatal de Elecciones le denegó participación alguna en el Fondo Electoral al Frente Unido Riograndeño (Frente Riogrande-ño), el cual había sido certificado por la referida Comisión, el 29 de julio de 1996, como un “partido local por petición”, habiendo éste postulado un candidato a alcalde para el Municipio de Río Grande. Fundó su negativa la Comisión Estatal de Elecciones en la posición de que no resultaba procedente asignarle fondos al Frente Riograndeño debido, alegadamente, a que la Ley Electoral de Puerto Rico, sólo así lo autoriza únicamente para partidos políticos que pos-tulen un candidato a gobernador.

El Frente Riograndeño acudió en solicitud de revisión ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, la cual denegó su solicitud por el mismo funda-*612mentó aducido por la Comisión Estatal de Elecciones. El Frente, no conforme, acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El foro apelativo intermedio revocó, devol-viendo el caso a la Comisión Estatal de Elecciones para que ésta, a base de una fórmula que dicho tribunal ideó, le desembolsara fondos al Frente Riograndeño.

Acudió, vía certiorari, la Comisión Estatal de Elecciones ante este Tribunal. En esencia plantea que la Ley Electoral de Puerto Rico no concede fondos públicos a los partidos locales por petición y que ello no es inconstitucional. Expe-dimos el auto. Resolvemos.

H-l

Analizadas las disposiciones pertinentes de la Ley Electoral de Puerto Rico, en específico las disposiciones de su Art. 3.022 (16 L.P.R.A. sec. 3115) y los alegatos de las par-tes, dictamos sentencia confirmatoria de la emitida en el caso de autos por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, en la que resolvió que el Frente Riograndeño tiene derecho a participar en el Fondo Electoral pero sólo en aquello que corresponde a la cantidad base que el Art. 3.023 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3116, le asigna a cada partido. En consecuencia, devolvemos el caso a la Co-misión Estatal de Elecciones para que allí se determine si el Frente Riograndeño cumplió con lo dispuesto en los Arts. 3.015 y 3.017 de la citada ley (16 L.P.R.A. sees. 3109 y 3111) y —incluyendo los reglamentos aplicables de la Co-misión— en lo que respecta a los informes de gastos y otros ingresos. De haber cumplido con lo allí dispuesto, y con-forme con lo resuelto por el Tribunal de Circuito de Apela-ciones, el Frente tendrá derecho a que se le reembolse las sumas de dinero resultantes de la aplicación de la fórmula establecida por el referido Tribunal de Circuito.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Ne-*613grón García emitió una opinión concurrente. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río disintió por entender que fue correcta la actuación de la Comisión Estatal de Elecciones de no asignarle fon-dos al Frente Unido Riograndeño debido a que la Ley Electoral de Puerto Rico sólo así lo autoriza para partidos po-líticos que postulen candidatos a gobernador, y no a un partido local por petición.

Opinión concurrente del

Al amparo de nuestra Constitución, el subsidio electoral a partidos políticos con fondos públicos, no puede erguirse en un esquema legislativo discriminatorio de distribución que de su faz sólo beneficia perpetuar la maxiparti-docracia.

Desde su origen el Fondo Electoral provee a los partidos políticos principales y por petición una capacidad econó-mica inicial para la divulgación de sus ideas al electorado. P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976). El uso de fondos públicos se justifica, pues son instrumentos a través de los cuales la ciudadanía, en el ejercicio de sus derechos de asociación y expresión, manifiesta su respaldo u oposición a los diversos programas de gobierno. En con-junción con los demás derechos electorales, afianzan la de-mocracia proponiendo candidatos a cargos públicos. Su *614participación activa en la estructura administrativa electoral imparte confiabilidad ciudadana a los eventos comicia-les, pues representa un medio fiscalizador de las actuacio-nes gubernamentales y demás partidos.

El Fondo Electoral pretende y busca mantener la inte-gridad y pureza del proceso electoral, reduciendo las in-fluencias nocivas y el control de fuerzas económicas contra-rias y dañinas a la libertad política democrática y a una sana administración pública.

Según el Art. 3.023 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra,(1) sólo pueden acogerse al Fondo Electoral los parti-dos políticos principales o por petición, los cuales tienen como denominador común la característica de presentar a un candidato a la gobernación. Se diferencian entre sí, por-que los partidos principales han participado previamente en elecciones generales y han obtenido en la candidatura para la gobernación un porcentaje prefijado por la ley;(2) mientras los llamados partidos por petición son de nueva inscripción.(3) Se excluyen, pues, los partidos por petición local en cualquier año, incluso el electoral.

*615HH HH

Más allá de su texto legal, el derecho de un grupo de opinión, certificado por la Comisión Estatal de Elecciones como “partido local por petición” para participar del Fondo Electoral, tiene un basamento de génesis constitucional.

La premisa rectora es que no puede sostenerse un trato desigual en materia electoral. La ayuda económica guber-namental a los candidatos a puestos electivos, no es mate-ria exclusiva de los partidos políticos con candidatos a la gobernación. La libertad de expresión y asociación, así como el derecho al voto, conglomerados en un grupo polí-tico, precisan para la participación democrática en la arena electoral, un potencial mínimo económico, proporcio-nalmente igual al reconocido a los partidos principales y por petición, como corolario a una participación en igual-dad de condiciones, (4)

El Estado fundamenta la exclusión del Frente Unido Riograndeño (en adelante el F.U.R.) en el hecho de que su radio de acción y participación es limitada, circunscribién-dose a dos (2) precintos de un municipio. Aduce, que el F.U.R. no tiene la misma participación o rol en la estruc-tura del sistema electoral. Arguye, además, que sus nece-sidades de difusión ante una campaña política general no son comparables con la magnitud de aquellas de los parti-dos principales, siendo su impacto ante el país mínimo y el costo de difusión menor. Vemos, pues, que la contención central del Estado es que todos los fundamentos que sirven de base para que se asignen fondos públicos únicamente a los partidos políticos —por las funciones cuasi guberna-mentales que llevan a cabo— no están presentes en un partido local por petición. No tiene razón.

Este argumento sólo atiende la función cuasi guberna-*616mental de los partidos; sin embargo, sabemos que el Fondo Electoral tiene una mayor justificación. La razón principal que lo apoya es la importancia de la expresión política en la escala de valores de nuestra Constitución. Los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a las urnas, no pueden tasarse por el auditorio en que se lleven a cabo. La igualdad —como ingrediente medular del ideal de justicia consagrado por nuestra Constitución, P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 633 (1984)— es necesaria en cualquier escenario. Este objetivo legítimo, saludable al proceso de-mocrático, conlleva disminuir las diferencias económicas y ventajas entre los participantes de una contienda electoral por razón de desigualdades en riqueza. P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra.

Aunque en un área territorial delimitada, los partidos locales realizan idénticas tareas que los partidos principa-les y los por petición a nivel isla. Además, tienen que cum-plir con los mismos requisitos que la Ley Electoral de Puerto Rico le impone a los otros con respecto a peticiones de endoso, estados de situación financiera, y limitaciones con respecto a las contribuciones que reciben.

Al igual que en García Martínez v. C.E.E., 141 D.P.R. 593 (1996), el Estado no esboza ningún interés apremiante que beneficie y justifique un interés común y haga necesa-rio apartarnos de la exigencia de que todos los participan-tes en contiendas electorales tengan un potencial econó-mico mínimo como secuela a una participación en igualdad de condiciones, tanto en años no eleccionarios como en año de elecciones.

La situación es apremiante. La ausencia de un esquema legislativo que extienda los beneficios y haga viable una distribución equitativa del Fondo Electoral, más allá de los partidos principales y por petición, requiere un remedio judicial temporal, hasta tanto la Asamblea Legislativa es-tablezca otro diseño.

*617El F.U.R. es acreedor, al menos, a una participación en el Fondo Electoral proporcional a aquellos electores a los cuales su programa quiere hacer llegar. Como partido local, la cantidad que ha de ser asignada no puede ser la misma a la establecida por la Ley Electoral de Puerto Rico para los partidos principales o por petición que cubren toda la isla. En este extremo, coincidimos con el criterio del re-putado Tribunal de Circuito de Apelaciones (Hons. Gonzá-lez Román, Brau Ramírez y Colón Birriel, Jueces) de que es necesario prorratear su participación a base de una re-lación entre la totalidad de electores inscritos a nivel isla y los electores inscritos comprendidos en los precintos 95 y 96, de los cuales obtuvo su franquicia local, logrando así un subsidio monetario equitativo.(5) Al aplicar esta fórmula, la participación monetaria del F.U.R. en el Fondo Electoral, para año eleccionario es de siete mil trescientos noventa nueve dólares con noventa y nueve centavos ($7,399.99)(6) y en año regular de tres mil seiscientos noventa y nueve dólares con noventa y nueve centavos ($3.699.99).(7)

Nuestro proceso político democrático responde al man-dato de igualdad consagrado en la Constitución: es robusta cuando no entorpecemos la libertad de expresión ciuda-dana y débil cuando ignoramos reclamos válidos que con-denan normas que la obstaculizan.

*618Opinión concurrente y disidente emitida por el

Por considerar que el tema, y controversia, que plantea el presente caso resulta ser de gran importancia, e interés, para nuestra ciudadanía, hemos entendido necesario ex-presarnos por separado; ello con el propósito de exponer, en detalle, los fundamentos por los cuales concurrimos y disentimos con, y de, la sentencia que emite en el mismo el Tribunal en el día de hoy.

I

El Frente Unido Riograndeño (en adelante el Frente) fue certificado como un “partido local por petición” por la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante la C.E.E.) el 29 de junio de 1996, luego de presentar los endosos del cinco por ciento (5%) del electorado de los precintos 95 y 96, postulando un candidato a alcalde para el Municipio de Río Grande en las Elecciones Generales que habrían de ser celebradas en Puerto Rico. El 1ro de julio de ese año, el Frente solicitó a la C.E.E. que, según lo dispone el Art. 3.022 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3115, se le asignaran los fondos disponibles para ese par-tido en el Fondo Electoral. La Comisión informó al Frente, el 9 de agosto de 1996, que no podía asignarle fondos de-bido a que la Ley Electoral de Puerto Rico sólo contempla fondos públicos para partidos políticos que postulen un candidato a la gobernación(1) y el Frente únicamente con-taba con candidatos para ocupar posiciones locales en Río Grande.

*619Inconforme, el Frente radicó una petición de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Incluyó como parte al Estado Libre Asociado (en adelante el E.L.A.), ya que los dineros del Fondo están bajo la custodia del Secretario de Hacienda. El tribunal de ins-tancia dictó sentencia declarando no ha lugar la petición. En su resolución, el foro de instancia opinó que el Fondo de la Ley Electoral de Puerto Rico no provee dineros a grupos que no postulan candidatos a la gobernación.

El Frente recurrió en certiorari al Tribunal de Circuito de Apelaciones. Allí, planteó que había errado el tribunal de instancia al interpretar que la Ley Electoral de Puerto Rico no concede participación monetaria a un partido local por petición y, al resolver, que es constitucionalmente per-misible una interpretación de esa índole. El tribunal ape-lativo intermedio ordenó a la C.E.E. que mostrara causa por la cual no debía revocar la decisión del foro de instancia. Ocho (8) días después, el 30 de octubre, ese foro emitió una decisión, revocatoria de la emitida por el tribunal de instancia, en donde reconoció al Frente participa-ción en el Fondo Electoral, ordenándole a la C.E.E. el des-embolso de los dineros a base de una fórmula que esbozó en su decisión. (2)

Inconforme, la C.E.E. nos solicitó que revisáramos la referida decisión. La C.E.E. plantea que la sentencia es de imposible cumplimiento; que la Ley Electoral de Puerto Rico no concede fondos públicos a los partidos locales por petición y que ello no es inconstitucional.

Por su parte, el Frente argumenta que este Tribunal carece de jurisdicción para revisar la determinación del foro apelativo.(3) En la alternativa, nos pide que revisemos *620la decisión emitida con el propósito de que se le reconozca, de una vez y por todas, participación plena de los dineros del Fondo Electoral.

El Tribunal expidió el auto de certiorari.

I — I HH

De entrada, atendemos el planteamiento sobre la ale-gada falta de jurisdicción de este Tribunal. El Frente apun-tala su contención en unas disposiciones especiales del Art. 1.016 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3016a, las cuales permiten acelerar la revisión judicial de decisiones tomadas por la C.E.E. dentro de los treinta (30) días previos a un evento electoral. El citado artículo dis-pone, en lo pertinente, que:

“Cualquier parte afectada por una resolución, determinación y orden de la Comisión Estatal podrá dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma recurrir ante el Tribunal Superior mediante la radicación de un escrito de revisión. ...

El Tribunal Primera Instancia [sic] ... deberá resolver dicha revisión dentro de un término no mayor de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de sometida la misma.

Dentro de los treinta (30) días anteriores a un evento electoral el término para radicar el escrito de revisión será de vein-ticuatro (24) horas y aquél para resolverla no mayor de cinco (5) días, luego de sometido el caso.

Todo asunto o controversia que surja dentro de los cinco (5) días previos a la celebración de una elección deberá resolverse no más tarde del día siguiente a su radicación ....

La C.E.E. reclama, por su parte, la jurisdicción de este Tribunal, según lo dispuesto en el Art. 3.002(f) de la Ley de Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22i), *621según enmendada por la Ley Núm. 248 de 25 de diciembre de 1995. (4)

Las disposiciones de la Ley Electoral de Puerto Rico a las que el Frente alude son claramente inaplicables al caso de autos. Como se desprende de su texto, el citado Art. 1.106 de la Ley Electoral de Puerto Rico se refiere a los procedimientos que se presentan ante el Tribunal de Pri-mera Instancia procedentes de la C.E.E. Nos parece evi-dente que la disposición se refiere a recursos que llegan al tribunal de instancia provenientes de la Comisión. Los tér-minos dispuestos en la Ley Electoral de Puerto Rico pro-veen para que las determinaciones que la C.E.E. tome, a pocos días de unas elecciones, sean revisables por el Tribunal de Primera Instancia con una prontitud tal que se pro-tejan los derechos de las partes a tiempo para el evento electoral. Aquí no estamos ante la situación de hechos con-templada en dicho estatuto. Por el contrario, estamos frente a un recurso de revisión que nos llega del foro ape-lativo intermedio que, a su vez, atendió el caso tras la de-terminación de instancia.

Lo que pretende el Frente es que apliquemos al caso de autos un término jurisdiccional por analogía. Ello resulta improcedente toda vez que la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 establece, en forma específica, el plazo dentro del cual la parte afectada debe acudir ante un foro apelativo.

En el caso ante nos, aplica el Art. 3.002(f) de la Ley de Judicatura de Puerto Rico de 1994, ante, según enmen-dada por la Ley Núm. 248 de 25 de diciembre de 1995, que *622otorga diez (10) días a la parte afectada por la decisión del tribunal apelativo intermedio para que acuda ante este Foro en recurso de certiorari.

Por otro lado, la Regla 21(5) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, paraliza el término para presentar un certiorari mientras el Tribunal de Circuito de Apelaciones resuelve una moción de reconsideración. Una vez notificada la determinación, que sobre una moción de reconsideración hace el tribunal apelativo, el término para recurrir en certiorari comienza nuevamente a decursar, te-niendo la parte afectada diez (10) días para presentar su recurso ante este Tribunal.

En el caso de marras, el archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia, denegando la última moción de reconsideración que interrumpió el término, ocurrió el 2 de diciembre de 1996. La solicitud de certiorari fue radi-cada el 12 de diciembre de 1996, o sea, el décimo día des-pués de comenzado a decursar el antes mencionado término. Por lo tanto, concluimos que este recurso fue pre-sentado dentro del término dispuesto para ello y este Tribunal tiene jurisdicción para intervenir en el mismo.

Resuelto este planteamiento, examinamos los errores que la C.E.E. levanta sobre la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

*623HH HH HH

En primer lugar, la C.E.E. sostiene que la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones es de imposible cumplimiento. En esencia, alega que los dineros del Fondo Electoral no están bajo su control y sí bajo el control exclu-sivo del Departamento de Hacienda. Veamos.

El Fondo tuvo su génesis en el Art. 3.021 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3114.(6) De éste se benefician los partidos que al mismo se acogen voluntariamente. Al así hacerlo, los partidos beneficiarios se someten a ciertas restricciones de ley que los obligan a hacer públicas sus finanzas. Estos fondos se otorgan luego que la C.E.E. certifica a la colectividad como “partido político”. Parte de ese proceso de certificación conlleva la clasificación de las colectividades por parte de esa Comi-sión, según las categorías que se definen en el propio estatuto.

El primer párrafo del Art. 3.023(7) de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3116, establece el Fondo a través del cual se autoriza al Secretario de Hacienda a des-embolsar la cantidad que esa ley ordena pagar a los partidos. Dicha cantidad variará dependiendo de si es o no *624año de elecciones generales. Así, los partidos podrán girar anualmente hasta trescientos mil dólares ($300,000) en años que no sean de elecciones generales.

En los años que sí son de elecciones generales, a los partidos con candidato a gobernador, se les autoriza girar hasta seiscientos mil dólares ($600,000), según se dispone en el tercer párrafo del citado Art. 3.023.(8) Además, a éstos se le asigna una cantidad cuya fórmula está contenida en el Art. 3.024 (16 L.P.R.A. sec. 3117), denominada “crédito adicional”.(9) La misma no es una cantidad fija ya que, se-gún se dispone en la Ley Electoral de Puerto Rico, ésta dependerá del número de electores que finalmente queden inscritos para las elecciones.

Nos parece evidente, que, contrario a lo que plantea la C.E.E., ni el Departamento de Hacienda, ni la Comisión, ni la Legislatura pueden determinar la cifra de dinero espe-cífica que se asignará al Fondo para la fecha en que se aprueba el presupuesto gubernamental. Esa cifra puede ser estimada, pero no se puede determinar con exactitud hasta el cierre del Registro Electoral, ya que la misma de-penderá del número de electores que finalmente queden inscritos para votar.

No le asiste la razón, en consecuencia, a la C.E.E. en su planteamiento de que no puede cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en vista del he-cho de que ella no contaba con dicho dinero. La C.E.E., efectivamente, es la agencia llamada a hacer la determina-*625ción de si el partido en cuestión tiene o no derecho a parti-cipar del Fondo para que, luego que el Departamento de Hacienda haga el cálculo final, ese Departamento desem-bolse el dinero a base de la autorización que la C.E.E. otorga con su certificación.

IV

Como segundo error, la C.E.E. plantea que la ley que establece el Fondo Electoral no concede beneficios a los “partidos locales por petición”. Veamos si le asiste la razón.

El Art. 3.023 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, (10) autoriza los fondos que serán otorgados en años que no sean de elecciones generales. Al así hacerlo, la Ley Electoral de Puerto Rico únicamente menciona a los “partidos principales” y a los “partidos por petición”. Para pronun-ciarnos sobre el efecto que esta aparente enumeración o exclusión pueda tener, debemos, primero, atender las dife-rentes categorías de “partido político”, según definidas en la Ley Electoral de Puerto Rico.

La Ley Electoral de Puerto Rico reconoce varios tipos de partidos políticos. Los grupos ciudadanos tienen la posibi-lidad de ser certificados por la C.E.E. dentro de una de estas categorías de partidos. La clasificación dependerá de los criterios que la ley establece para cada una de las categorías. La C.E.E. tiene la facultad de llevar a cabo esta certificación como parte de las labores encaminadas a regular los eventos electorales en Puerto Rico, según orde-nado por la propia Legislatura.(11) Para realizar esas fun-ciones el legislador aprobó la Ley Electoral de Puerto Rico.

*626En el Art. 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3101, se establecieron ciertas diferencias en-tre las agrupaciones políticas que participan en las eleccio-nes, a saber:

A los efectos de este título, se entenderá por “partido político” a los partidos principales y los partidos por petición.

(1) Se considerará “Partido Principal” todo aquél no coliga-do(12) que obtuviera en el encasillado correspondiente a su insignia en la papeleta para Gobernador y Comisionado Resi-dente, en la elección general precedente una cantidad de votos no menor de siete (7) por ciento del total de votos depositados para todas las insignias de partidos, o que obtuviera en la pa-peleta para Gobernador y Comisionado Residente en la elección precedente una cantidad no menor del tres (3) por ciento del total de papeletas íntegras depositadas para todos los partidos; o cuyo candidato a Gobernador obtuviere en la elección general precedente una cantidad no menor de cinco (5) por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos a dicho cargo. En el caso de partidos coligados, la determinación de la condición de partido principal se hará individualmente para cada uno de los que componen la coligación requiriéndole la obtención del número de votos antes señalados, marcados para su candidato a Gobernador, para su insignia, o papeleta íntegra que, como partido aparte y separado de los otros, hubiere ocu-pado en la papeleta electoral.

(2) Se entenderá como “Partido Principal de Mayoría” aquel partido principal cuyo candidato a Gobernador de Puerto Rico hubiere obtenido en la elección general precedente, exclusiva-mente en la columna de la papeleta electoral correspondiente a dicho partido, el mayor número de los votos depositados para todos los candidatos al cargo electivo de referencia.

(3) Se considerará como “Partido por Petición” a cualquier agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en las papeletas electorales de unas elecciones generales, en o antes del primero de junio del año de elecciones se inscriba como partido político mediante la radicación ante la Comisión de pe-ticiones juradas al efecto, ante notarios públicos admitidos al ejercicio de la notaría, a tenor con lo dispuesto por la Ley Notarial vigente, quienes percibirán un (1) dólar por cada petición *627notarizada válida como honorarios, suscritas por uii número de electores no menor del cinco (5) por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador en la elección general precedente. ...

(4) Se entenderá “Partido Local por Petición”, cualquier agru-pación de ciudadanos que con el propósito de figurar en unas elecciones generales en las papeletas electorales de un precinto, distrito representativo o distrito senatorial específico, se ins-criba como partido político local, mediante la radicación ante la Comisión de peticiones privadas al efecto, suscritas, en cada uno de los precintos en que debe aparecer su candidatura, por un número de electores no menor del cinco (5) por ciento del total de votos depositados en éstos para todos los candidatos al cargo de Gobernador en la elección general precedente. Deberá, además, presentar un programa de gobierno o plataforma polí-tica, así como los nombres y direcciones de un grupo de electo-res que constituyan un organismo directivo central.

Al aceptar dichas peticiones por la Comisión el partido local por petición quedará inscrito.

Dicho Partido local podrá designar una candidatura a través del procedimiento a tal fin establecido en este subtítulo, la cual sólo estará compuesta por candidatos a los cargos electivos que puedan votarse en el precinto o precintos que corresponda. (Én-fasis suplido.)

De acuerdo con este diseño legislativo, las categorías de los partidos dependen, en primera instancia, del área donde pretenden buscar el apoyo del electorado. A modo de ejemplo, si un partido concentra sus esfuerzos en sólo una parte de la Isla, entonces, éste será denominado “local”. Si por el contrario, el partido propone un programa que afecta al electorado en general, entonces, puede convertirse en un “partido por petición”. La categoría de “partido principal” estaría sólo disponible cuando el “partido por petición” haya obtenido el apoyo de un por ciento determinado del electorado.(13)

Una vez establecidas las diferencias entre los partidos *628políticos, debemos atender la controversia planteada en torno a si el estatuto provee o no fondos públicos para un “partido local por petición”. Como mencionamos, el Art. 3.021 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, establece el Fondo Electoral.(14) En el citado Art. 3.022, la Asamblea Legislativa especificó la manera en que los “partidos polí-ticos por petición” comenzarán a tener participación del Fondo.(15) Nótese, sin embargo, que esa mención que espe-cíficamente se hace del “partido por petición” se debe a que en ese artículo se parte de la premisa de que, si el partido logra mantener su franquicia electoral, este continuará disfrutando de los beneficios del Fondo al convertirse en “partido principal”. A esos efectos es que se aprobó el citado Art. 3.022.

El citado Art. 3.023 ordena una cantidad fija con cargo al Fondo para cada partido político, en años que no sean de elecciones generales.(16) Allí, se dispone, en lo pertinente, que “en años que no sean de elecciones generales cada par-tido político principal o partido por petición ... podrá girar anualmente contra el Fondo Electoral por una cantidad que no excederá de trescientos mil ($300,000) dólares”. (Énfasis suplido.) Luego, en ese mismo artículo, se añade *629que “en año de elecciones generales cada partido político en unión a su candidato a Gobernador con derecho a los be-neficios del Fondo Electoral tendrá derecho, con cargo al mismo, a una cantidad que no excederá de la suma de seis-cientos mil ($600,000) dólares”. (Énfasis suplido.) íd. Como puede apreciarse, no es hasta el tercer párrafo del citado artículo, que se hace una distinción entre los “partidos po-líticos” con o sin candidato a gobernador. íd.

Hay que destacar, entonces, que la Asamblea Legisla-tiva distinguió entre los fondos disponibles para “cada par-tido político” y aquellos autorizados para “partidos políticos en unión a su candidato a gobernador”. En nuestra opi-nión, la Ley Electoral de Puerto Rico establece esta clasifi-cación o distinción sólo cuando asigna una cantidad de dinero adicional disponible para los años de elecciones generales.(17)

Pero hay más. En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 110 de 30 de junio de 1957, Leyes de Puerto Rico de 1957, pág. 535, que es reconocida como la génesis del Fondo Electoral, se expusieron las premisas legislativas que lo inspiraron y que este Tribunal recogió en P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741, 751 (1976). En lo per-tinente, dicha exposición de motivos establece que:

Es principio umversalmente reconocido que los partidos polí-ticos son instrumentos necesarios a la democracia para que a través de ellos el pueblo pueda respaldar programas y expresar mandatos con relación a su gobierno. Todos los partidos demo-cráticos, mayoría y minoría, cumplen estas funciones: los de la mayoría en respaldo a la obra de gobierno...; los de la minoría para que expresen el punto de vista de otra parte del pueblo con miras a tratar de convencer a una mayoría para ciertos fines distintos en ciertas formas diferentes, y velar porque [sic] el programa respaldado por la mayoría sea en efecto adminis-trado con igualdad para todos.

*630Por tales razones, es de profundo interés público el que los partidos políticos puedan estar libres de control por fuerzas económicas, privadas o gubernamentales. ... Leyes de Puerto Rico, supra, págs. 535-536.

Con esto en mente el legislador diseñó un fondo electoral del cual, con dineros públicos, se subsidiaría esa labor cuasi gubernamental de los partidos. Estos fondos fueron, por tanto, otorgados con el claro propósito de reducir la posibilidad que grupos de poder compraran la conciencia de los partidos, permitiendo que las colectividades defen-dieran sin ataduras los verdaderos intereses del grupo al cual representan.

Posteriormente, en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 169 de 11 de agosto de 1995, Leyes de Puerto Rico de 1995, pág. 874, en donde se aprobaron enmiendas que au-mentaron las cantidades de dinero otorgadas a los partidos en los Arts. 3.023 y 3.024, supra, la Asamblea Legislativa expuso que, con la medida, se provee para la “subsistencia de los partidos al costear parte de sus actividades electora-les salvaguardándolos de una dependencia económica ex-terna al interés gubernamental y social que debe guiar la existencia de los partidos”.

Al resolver el caso de marras debemos tener en cuenta que los partidos políticos son indispensables para el funcio-namiento de una democracia. Estos están investidos de po-deres cuasi gubernamentales y constituyen el vehículo de expresión colectiva ciudadana para canalizar, pacífica-mente, las distintas ideas políticas e intereses de los varios sectores de opinión del país. El subsidio a través de un fondo electoral para financiar sus actividades es un ejem-plo vivo de esa “característica pública”. P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631 (1984).

Más aún, abona a nuestra posición las exigencias que hace la Ley Electoral de Puerto Rico al “partido local por petición”. A éste se le requiere lo mismo que al “partido por *631petición” a nivel Isla, o sea, los endosos de por lo menos cinco por ciento del electorado. La exigencia es la misma, el esfuerzo es el mismo y, por tanto, somos del criterio que el trato no puede ser desigual y discriminatorio. En otras pa-labras, somos del criterio que resulta incuestionable que los partidos políticos locales por petición tienen derecho a participar en la cantidad base que establece el citado artí-culo 3.023 de la Ley Electoral; ello hasta la suma de tres-cientos mil dólares ($300,000).

Debe recordarse que en Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 646 (1984), expresamos:

Al presente, en materia electoral no se cuestiona seriamente el postulado de igualdad inmerso en nuestra Constitución. His-tóricamente ese ideal ha cobrado vida en el esquema integral financiero trazado por la Asamblea Legislativa para lograr pa-ridad económica entre los partidos políticos y los candidatos. ...

A tono con esa visión y hasta el presente, todas las leyes elec-torales han reconocido a los partidos el derecho a participar en un Fondo Electoral. (Énfasis suplido).

Igualmente importante resulta lo expresado por este Tribunal, en el caso de P.R.P. v. E.L.A., supra, pág. 641, a los efectos de que:

“[u]na vez reconocida y conferida la franquicia electoral a un partido no puede sostenerse válidamente un trato desigual en materia de representación en los diferentes organismos que crea la Ley Electoral ni en materia de ayuda económica gubernamental. ...’’(Énfasis suplido.)

Ahora bien, resuelto esto, debemos aclarar que el Frente no pudo acogerse a los beneficios del Fondo según lo dispuesto en el citado Art. 3.022,(18) debido a que la C.E.E. no le brindó acceso al mismo. Atendido lo anteriormente resuelto, en la eventualidad de que el Frente hubiese cum-*632plido, sustancialmente, con las disposiciones de los Arts. 3.015(19) y 3.017(20) de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 *633L.P.R.A. sees. 3109 y 3111, éste podría recobrar los gastos incurridos —excluyendo las donaciones, por supuesto— desde el momento en que fue certificado como partido polí-tico local por petición hasta la fecha en que se celebraron las elecciones generales en 1996.

V

Al resolver que la Ley Electoral de Puerto Rico clasifica a los partidos para otorgar o negarle asistencia económica, debemos considerar la legalidad de dicha clasificación en lo que respecta a la otorgación del crédito adicional que se autoriza para los años de elecciones generales.

La Ley Electoral de Puerto Rico distingue entre el par-tido con candidato a gobernador y aquel que no postula aspirantes a ese puesto. Esta clasificación es reconocida por ambas partes. No obstante, el Frente alega que negarle fondos del crédito adicional debido a dicha clasificación se-ría inconstitucional. La C.E.E. propone que al así clasificar, la Asamblea Legislativa simplemente está ejerciendo su autoridad para determinar y reglamentar todo lo concer-niente al proceso electoral según lo dispuesto en la See. 4, Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo l.(21)

En Puerto Rico existe una garantía constitucional que protege contra el discrimen por razón de raza, sexo, origen, condición social, ideas políticas o religiosas, Art. II, Sec. 7, *634L.P.R.A., Tomo 1, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estas garantías surgen del reconocimiento de que la dignidad del ser humano es inviolable.

Sin embargo, es doctrina firmemente establecida que la cláusula constitucional que garantiza la igual protección de las leyes no exige un trato igual para todos los ciudada-nos, sino que lo que prohíbe es un trato desigual e injustificado. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 276-277 (1975); M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 332 (1987); 2 Rotunda, Nowak y Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, Sec. 18.2 (1986).

La existencia de una clasificación en un estatuto no im-plica, de por sí sola, que la garantía constitucional sobre la igual protección de las leyes ha sido violada. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 260 (1980). Más aún, hemos aclarado que, al enfrentarnos a una alegación de clasificación injustificada la cuestión determinante es, en esencia, la razonabilidad de la clasificación realizada. Zachry International v. Tribunal Superior, ante, pág. 277.

Cuando se impugna un estatuto electoral a base de que éste contiene una clasificación que, se alega, viola la igual protección de las leyes pero que (1) no es sospechosa de su faz, (2) no descansa en criterios constitucionales impermi-sibles y, (3) tampoco tiene el efecto de impedir o gravar sustancialmente el ejercicio de la franquicia electoral, un tribunal no debe analizar la razonabilidad de dicha clasifi-cación a base de un escrutinio estricto, sino que debe usar el análisis tradicional o racional. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, ante, págs. 260-261.

Por otro lado, ese mismo escrutinio racional es el que debe ser utilizado al evaluar la validez constitucional de una ordenanza cuya naturaleza es de orden socioeconómico. Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625, 632-633 (1987); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983). Bajo este análisis tradicional *635una clasificación no debe ser invalidada, a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racio-nal alguno entre la misma y un interés legítimo del Estado. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, ante; M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, ante, pág. 333. Siempre que pueda concebirse, razonablemente, una situación de hechos que justifique la clasificación, la ley no será decla-rada inconstitucional. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., ante; Coca-Cola Bottling Co. v. Srio. de Hacienda, 112 D.P.R. 707, 710 (1982). U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 456, 461 (1980); León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 813-815 (1980); Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, ante, pág. 261.

Como puede verse, aun cuando la protección constitucio-nal contra el discrimen por clasificación es abarcadora, la misma permite que la Asamblea Legislativa apruebe cier-tas clasificaciones siempre y cuando haya una razón justi-ficada para ello. Ese criterio mínimo es el que exigimos en el escrutinio tradicional. A través del mismo se permite que una ley clasifique entre personas o grupos dándoles, incluso, distinto trato. Lo que siempre habrá que exami-nar, para determinar si la clasificación es válida a la luz del escrutinio tradicional, será la razonabilidad de la misma y si el motivo para clasificar fue válido. León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804, 815 (1980); U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, ante, pág. 462. Este, no hay duda, es el escrutinio que debe ser aplicado en el presente caso ya que nos enfrentamos a una clasificación que otorga beneficios socioeconómicos.

En la esfera federal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentó a una situación similar a la del pre-sente caso, en Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976). Allí se discutieron las disposiciones de un estatuto a través del cual el estado reembolsó a los candidatos presidenciales parte de sus gastos de campaña electoral. Para determinar *636la cantidad de fondos disponibles para cada grupo, se to-maba en cuenta el apoyo electoral. En su decisión el Tribunal determinó que tras la medida había importantes inte-reses gubernamentales. El Profesor Tribe,(22) nos dice, en relación a dicho caso, que “in particular, the Court deemed it appropriate to deny aid to candidates with marginal public support in order that the Act not foster frivolous candidacies, create a system of splintered parties, and encourage unrestrained factionalism”.

En el caso Buckley v. Valeo, ante, el Tribunal Supremo federal se enfrentó a una medida en la cual, como ocurre en el caso ante nos, se establecen categorías entre los par-tidos políticos. A diferencia del nuestro, dicho estatuto au-torizaba el subsidio después de celebrada una elección. Me-diante dicha ley, el Congreso de Estados Unidos estableció criterios a base de los cuales se otorgarían fondos públicos a los partidos; la categoría dependería de los resultados de las elecciones y, por ende, del apoyo electoral. A mayor el apoyo, mayor el subsidio y viceversa. El Tribunal Supremo federal sostuvo la validez del estatuto a pesar de las alega-ciones en el sentido de que el mismo violaba el debido pro-ceso de ley garantizado en la Quinta Enmienda de la Cons-titución de Estados Unidos.

Es de notar que en el citado caso de Buckley v. Valeo, ante, como en el que hoy nos ocupa, la ley no impide que un candidato pueda figurar en la papeleta como tampoco im-pide a un elector votar por el candidato de su predilección.

Debemos, pues, determinar en el presente caso: pri-mero, si la clasificación no resulta sospechosa de su faz; segundo, si esta no descansa en criterios constitucionales impermisibles; tercero, si tiene el efecto de impedir o gra-var sustancialmente el ejercicio de la franquicia electoral, y, por último, determinar si esta clasificación es clara-*637mente arbitraria esto es, si la misma no tiene nexo racional alguno con el interés que tuvo el Estado en su creación.

El Fondo que provee la Ley Electoral de Puerto Rico tiene como objetivo ofrecer subsidio público a los partidos políticos para que estos, por un lado, contribuyan con ideas al desarrollo de la obra de gobierno mientras que, por otro lado, se les obliga a que sus finanzas sean sometidas al escrutinio público. Este fin, nos parece, es evidentemente legítimo. Con la Ley Electoral de Puerto Rico se consigue el doble propósito de financiar a los partidos políticos para colocarlos en igualdad de condiciones mientras que, a la misma vez, se logra un control de los donativos que estos reciben. Por tanto, estamos aquí frente a un beneficio so-cioeconómico otorgado por el Gobierno. Este Fondo Electoral no es una obligación del Estado ni un derecho fundamental de cada ciudadano.

Para lograr este fin, el legislador se ideó las disposicio-nes del Fondo Electoral. Con el mismo se autorizó la otor-gación de dinero para cada partido político. No obstante, y con el importante interés de que los dineros sean utilizados por grupos que verdaderamente representen los intereses de un número considerable de electores, la Ley Electoral de Puerto Rico formuló una serie de requisitos con los cuales se restringe el acceso a dichos fondos públicos.

Entre estos requisitos puede mencionarse la presenta-ción de los endosos de un por ciento determinado del elec-torado, mantener la franquicia electoral luego de un sufra-gio general y que el partido tenga un candidato a la gobernación. Este último requisito es el que aquí, se alega, resulta ser una clasificación injustificada y discrimina-toria.

Considerando que lo que exige el criterio del escrutinio racional es que el objetivo de la ley tenga alguna relación con los medios que se emplean para lograrlos, debemos concluir que la reglamentación aquí discutida es constitu-cionalmente válida. Nos parece razonable pensar que el le-*638gislador quisiera limitar los cientos de miles de dólares que cada cuatro años se entregan a los partidos políticos, por concepto del llamado “crédito adicional”, a sólo aquellas agrupaciones en las que se postule un candidato a la gober-nación, ya que es esa colectividad la que planteará solucio-nes a los problemas que aquejan a todo el país y que pueden ser resueltos a través de la obra de gobierno impulsada desde la Rama Ejecutiva. Los partidos políticos locales, por su parte, se concentran en asuntos que sólo tienen relevan-cia y afectan a una parte del electorado; resulta razonable, en consecuencia, que no tengan derecho a ese “crédito adicional”.

VI

Por último, debemos atender el error que el Frente alega, cometió el tribunal apelativo intermedio al asignarle una cantidad de fondos menor a la que se otorga en el citado Art. 3.023 treinta mil dólares ($300,000). El Tribunal de Circuito de Apelaciones tomó como base la cantidad de trescientos mil dólares ($300,000) y lo prorrateó, divi-diendo el número de electores inscritos en los precintos para los que fue certificado el Frente entre el número total de electores inscritos en Puerto Rico. Entendemos que erró el tribunal. No encontramos razón alguna para prorratear la cantidad asignada.

Reiteradamente hemos resuelto que, cuando la letra de la ley es clara, no hay espacio para interpretaciones y, por lo tanto, la voluntad del legislador tiene que ser respetada. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14; Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513 (1991); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990); Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964).

En este caso el estatuto es claro: se reembolsará anual-mente hasta la cantidad de treinta mil dólares ($300,000) a cada partido político local. No vemos margen para inter-*639pretación alguna dentro de lo que allí expresamente se dispone.

Por los fundamentos antes expuestos es que concurri-mos y disentimos de la sentencia mayoritaria emitida.