SENTENCIA

HH

El 24 de agosto de 1999 el Sr. Francisco J. Rodríguez González (en adelante recurrido) presentó querella contra su patrono, Interactive Systems, Inc. (en adelante peticio-naria), por alegado despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq. El recurrido se acogió, además, al procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3118 et seq. (en adelante Ley Núm. 2).

El 10 de septiembre de 1999 la peticionaria contestó la querella. Simultáneamente con la contestación a la quere-lla, y en conformidad con las Reglas 27.1 y 27.2 de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la peticionaria le noti-ficó por escrito al recurrido un Aviso sobre Toma de Deposición y Producción de Documentos. Se le requirió al recurrido también que trajera consigo una serie de docu-mentos, entre ellos los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito correspondientes a los años 1998 y 1999. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 75.

El 12 de octubre de 1999 el recurrido compareció a su deposición. Sin embargo, la misma tuvo que suspenderse *471luego de que el recurrido objetara ciertas preguntas. Éste se negó a contestar las preguntas alegadamente porque la información solicitada era privilegiada e impertinente. Por su parte, el 19 de octubre de 1999, el recurrido le envió a la peticionaria un Aviso sobre Toma de Deposición y Produc-ción de Documentos.(1)

El 15 de noviembre de 1999 la peticionaria presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) para solicitar que ordenase al recurrido contestar las preguntas objetadas y la continuación de la deposición con imposición de costas. Además, solicitó al tribunal que ordenase al re-currido producir ciertos documentos. Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 23.

Luego de múltiples trámites, el 8 de febrero de 2000 el TPI dictó Resolución y Orden para declarar con lugar lo solicitado por la peticionaria. El tribunal, además, le im-puso a la abogada del recurrido el pago de cien dólares ($100) por concepto de honorarios de abogado y el pago de los gastos de la deposición de 12 de octubre de 1999. A su vez, el tribunal dejó sin efecto el Aviso sobre Toma de De-posición y Producción de Documentos presentado por el re-currido y le ordenó que no notificara aviso alguno para tomar deposición a la peticionaria hasta que no concluyese la toma de deposición comenzada el 12 de octubre de 1999.

En vista de lo anterior, el 6 de abril de 2000 la peticio-naria dio nuevamente Aviso sobre Toma de Deposición y Producción de Documentos para el 1ro de mayo de 2000.

El 26 de abril de 2000 el recurrido presentó un Recurso de Certiorari y Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (TCA) con el propósito de paralizar la toma de su deposi-ción alegando que la resolución del TPI de 8 de febrero de 2000 no era procedente en derecho.

Dos días más tarde, el 28 de abril de 2000, el TCA dictó la siguiente Resolución que dispone, en parte:

*472Este Tribunal ha revisado la petición de [certiorari] y la mo-ción en auxilio de jurisdicción presentadas por la parte peticio-naria de epígrafe, Francisco Javier Rodríguez González. Con-cluimos que la controversia planteada ante este Tribunal cae dentro de una de las excepciones señaladas por el Tribunal Supremo en el caso [Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999)] razón por la cual la petición de [certiorari] es acogida.

Además, el TCA señaló una vista oral para el 8 de junio de 2000.

Oportunamente, la peticionaria solicitó reconsideración de la resolución del TCA el 5 de mayo de 2000. No obs-tante, la misma fue declarada sin lugar mediante resolu-ción ese mismo día.(2)

El 31 de mayo de 2000, la peticionaria acudió ante nos mediante Petición de Certiorari y Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción.(3) El 6 de junio de 2000 expedimos el recurso de certiorari.

Teniendo el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, resolvemos.

h-i h-i

En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999), establecimos una norma importante de autoli-*473mitación de nuestra jurisdicción apelativa y la del TCA. Indicamos que la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario del procedimiento bajo la Ley Núm. 2, supra, y que por tal razón la facultad de revi-sar dichas resoluciones de los tribunales apelativos es limitada. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498. Así, tanto este Tribunal como el TCA deben abs-tenerse de revisar dichas resoluciones. Id. “En consecuen-cia, la parte que pretenda impugnar tales resoluciones in-terlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error cometido”. íd., pág. 497.

Sin embargo, advertimos que la norma establecida “no es absoluta”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 497. Resolvimos que, a modo de excepción, los tribunales apelativos deben mantener y ejercer su facultad para revisar vía certiorari aquellas resoluciones interlocu-torias dictadas en un procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2, supra, que hayan sido dictadas por el TPI de forma ultra vires, o sea, sin jurisdicción. Íd., págs. 497-498. Además, como segunda excepción, dijimos que los tribunales apelativos pueden ejercer su facultad revisora en aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo. Es decir, “en aquellos casos extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga del caso, o [haga viable] su pronta dis-posición, en forma definitiva [;] o cuando dicha revisión in-mediata tenga el efecto de evitar una ‘grave injusticia’ (‘miscar[r]iage of justice’)”. Íd., pág. 498.

En el caso de autos el recurrido se acogió al procedi-miento sumario provisto por la Ley Núm. 2, supra. Luego de varios incidentes durante el descubrimiento de prueba en instancia, el recurrido acudió al TCA para revisar una resolución interlocutoria emitida por el TPI. Dos días des-pués el TCA acogió el recurso de certiorari presentado por el recurrido alegadamente porque el recurso “cae dentro de *474una de las excepciones” señaladas por este Tribunal en el caso Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.

Resolvemos que el TCA erró al “acoger” la petición de “certiorari”presentada por el recurrido y no especificar bajo cuál de las excepciones del caso citado caía la controversia planteada por el recurrente en su recurso de “certiorari”.

Ahora bien, ¿está presente en el caso de autos alguna de las excepciones señaladas en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra? Resolvemos la interrogante en la negativa.

Debemos recordar que al dictar su Resolución y Orden de 8 de febrero de 2000, el TPI requirió a la parte recurrida contestar ciertas preguntas en una deposición, producir ciertos documentos y ordenó a la abogada de la parte recu-rrida a pagar cien dólares ($100) en concepto de honorarios de abogado y el pago de los gastos de la deposición interrumpida.

Claramente, el TPI actuó con jurisdicción cuando dictó dicha resolución, por lo que su dictamen no fue ultra vires. Además, no creemos que el caso de autos sea un caso ex-tremo donde se haya cometido una “grave injusticia”. Asi-mismo, resulta claramente que la revisión del TCA en esta etapa no dispone del caso en forma definitiva.

Por lo tanto, forzoso es concluir que el TCA erró al con-siderar el caso en esta etapa de los procedimientos. Con-forme a lo resuelto en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, el TCA debió abstenerse de revisar la resolu-ción interlocutoria de instancia de 8 de febrero de 2000.

El recurrido deberá esperar hasta que el TPI dicte sen-tencia final en su caso para entonces, si así lo desea, instar el recurso que en derecho sea procedente.

Habiéndose expedido el auto de certiorari, se revoca la resolución dictada por el Tribunal de Circuito de Apelacio-nes el 28 de abril de 2000. En consecuencia, la parte recu-rrida deberá cumplir con la Resolución y Orden de 8 de febrero de 2000 del Tribunal de Primera Instancia. Se de-*475vuelve el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos en conformidad con lo aquí dispuesto.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. La

(Fdo.) Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión disidente emitida por el

En el caso de autos, una mayoría del Tribunal resuelve que el Tribunal de Circuito de Apelaciones (TCA) erró al asumir jurisdicción para revisar una resolución interlocu-toria del foro de instancia. Según la mayoría, por tratarse de una resolución dictada en un procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.) (Ley Núm. 2), no procedía que se acogiese tal solicitud de revisión.

Disiento de este dictamen porque se fundamenta en una interpretación errada de lo que resolvimos en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999), que resulta en un perjuicio contra los trabajadores a quienes procuramos favorecer con la decisión referida. Veamos.

f — i

El caso de autos ofrece un ejemplo de las fallas del po-sitivismo conceptualista en el proceso decisional jurídico, que ocurre cuando las normas se aplican mecánicamente con arreglo sólo a algún sentido literal de éstas, desconec-*476tada tal aplicación de los propósitos sociales y de las razo-nes que dieron lugar a dichas normas y que las justifican.

En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, nos enfrentamos a la situación de un patrono que solicitó la revisión de una resolución interlocutoria del foro de instan-cia que le autorizaba a un empleado que reclamaba sala-rios a tomarle una deposición a unos funcionarios del patrono. Resolvimos entonces que de ordinario en casos tramitados al amparo de la Ley Núm. 2, los foros apelati-vos no debían atender las solicitudes de revisión de órde-nes interlocutorias de instancia porque ello podría tener el efecto de dilatar la pronta resolución de las reclamaciones de los trabajadores. Estimamos allí que la revisión judicial de tales órdenes en estos procedimientos socavaría su ca-rácter sumario, que fue dispuesto por el legislador precisa-mente para proteger a los trabajadores en contra de demo-ras y dilaciones procesales por parte del patrono. En otras palabras, nuestra decisión en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, constituye realmente una extensión de la Ley Núm. 2, una interpretación complementaria de ésta, fundamentada en el sentido de la propia Ley Núm. 2 que provee un procedimiento sumario para evitar que un trabajador que reclama su sustento contra un patrono no quede desvalido por la larga duración de los procesos judiciales.

Nuestra decisión en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pues, no se emitió para darle a los patronos una inmunidad procesal contra el legítimo proceder de un trabajador de cuestionar ante el foro apelativo una errada resolución de instancia que le es seriamente adversa. Si el trabajador reclamante —a favor de quien existe la suma-riedad de la Ley Núm. 2— se ve necesitado de renunciarla en parte para conjurar un mal mayor que afecta su proce-dimiento ante el foro de instancia, poco sentido jurídico tiene resolver, como hace la mayoría en el caso de autos, *477que le está vedada la revisión judicial que el trabajador interesa.

El dictamen de la mayoría aquí, pues, constituye una distorsión de lo que resolvimos en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra. Se invierte la finalidad y el sen-tido de nuestra decisión en ese caso, al convertir en camisa de fuerza en contra del trabajador una medida que adop-tamos para favorecerlo.

r — H HH

El dictamen de la mayoría en la sentencia de autos está errado por otra razón más. En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498, resolvimos que la improce-dencia de la revisión judicial de resoluciones interlocuto-rias en casos tramitados al amparo de la Ley Núm. 2 no era absoluta; que procedía tal revisión “[si] los fines de la justicia requier[e]n la intervención del foro apelativo”. La mayoría, que no relata todos los hechos pertinentes de este caso en su sentencia, decreta por puro fíat que aquí no se justificaba la intervención del foro apelativo. Preguntamos: ¿POR QUE NO?

El trabajador reclamante en este caso acudió ante el foro apelativo para protegerse de un intenso proceso de descubrimiento de prueba desplegado por el patrono, el cual tenía, cuando menos, carácter opresivo y hostigante. Se le había requerido al trabajador, en una deposición, que divulgara el contenido de una conversación telefónica que éste había tenido cuatro meses después de su despido con una tercera persona que nada tenía que ver con los hechos del despido. Se le había requerido, además, que el trabaja-dor contestara unas preguntas referentes a su relación con dos damas que eran amigas íntimas de éste. También se le requirió que produjese los estados de cuenta de sus tarje-tas de crédito durante dos años, incluyendo un período du-*478rante el cual el trabajador no era empleado del patrono. El trabajador solicitó la protección del foro de instancia en contra de la deposición referida, aduciendo correctamente que la información requerida no sólo era impertinente sino que, además, atentaba contra el derecho a la intimidad suya y de las otras personas concernidas. El foro de instan-cia no sólo falló en ofrecer la protección solicitada por el trabajador, sino que le impuso una sanción monetaria a la abogada de éste por recomendarle a su cliente que no con-testara las preguntas referidas. Por ello, no le quedó más remedio al trabajador que acudir en revisión ante el foro apelativo. Este no sólo determinó que tenía jurisdicción para considerar el recurso sino que, además, determinó co-rrectamente que el trabajador no tenía que contestar las preguntas referidas ni producir los estados de cuenta men-cionados antes.

Nótese que si el trabajador no podía acudir al foro ape-lativo al momento en que lo hizo, el medular asunto que planteó allí se hubiese convertido en académico. De nada le servía invocar el derecho a la intimidad en cuestión al final del pleito en instancia, una vez el trabajador hubiese reve-lado al patrono la información privilegiada que le había sido requerida, y que él objetaba. Es decir, el trabajador tenía aquí una reclamación sobre la posible violación crasa de uno de los derechos fundamentales de nuestro ordena-miento jurídico, que requería ser adjudicada precisamente antes de continuar con los procedimientos de instancia. ¿Cómo puede entonces la mayoría decretar por puro fíat, sin explicación o análisis alguno, que ésta no era una de las situaciones especiales de excepción que previmos en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, que ameri-taba la revisión judicial dé una resolución interlocutoria? Si ésta no la es, ¿cuál sí? Aquí, de nuevo, se interpreta Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, errónea-mente, con poco sentido jurídico.

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Como la mayoría incurre, según mi criterio, en una in-terpretación doblemente equivocada de nuestra decisión en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, y con ello se le hace una injusticia a un trabajador, yo disiento.