Voto particular disidente emitido por el

al cual se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez.

El pasado viernes 28 de octubre de 2016 emitimos una Resolución expidiendo el recurso de epígrafe. Inconforme, en horas de la tarde del sábado 29 de octubre de 2016, el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, *684Ledo. Guillermo San Antonio Acha, presentó una Moción Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdicción del Tribunal y, en la Alternativa, Solicitud de Orden Aclarato-ria sobre Consolidación (Moción Urgente).(1) Por entender que, efectivamente, el recurso de revisión presentado por la parte aquí peticionaria ante el Tribunal de Primera Ins-tancia —objeto del presente recurso de certificación intra-jurisdiccional— no fue notificado a las otras partes con-forme a derecho y, por ende, no fue perfeccionado en la forma debida, respetuosamente disiento de la determina-ción de la mayoría de este Tribunal de denegar la solicitud de desestimación del recurso de epígrafe. Veamos.

El miércoles 26 de octubre de 2016, en horas de la tarde, la Leda. Liza M. García Vélez, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), emitió una Resolución ati-nente a unas apelaciones de solicitudes de voto adelantado de electores con impedimentos de movibilidad (encamados). Posteriormente, en horas de la noche de ese mismo día, la Presidenta de la CEE notificó una Resolu-ción Enmendada de la primera.(2)

De acuerdo con el Art. 4.001 de la Ley Electoral del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 LPRA see. 4031 (Art. 4.001), y dado que nos encontramos dentro de los treinta días anteriores a un evento electoral, la parte que no estuviera conforme con la determinación de *685la CEE disponía de un término de veinticuatro horas para presentar un escrito de revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia y notificarlo a la CEE y a las demás partes.

Específicamente, el Art. 4.001 dispone, en lo pertinente:

Dentro de los treinta (30) días anteriores a una elección el término para presentar el escrito de revisión será de veinticua-tro (24) horas. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho término copia del escrito de revi-sión a la Comisión y a cualquier otra parte afectada. (Énfasis suplido).

Del texto de la disposición estatutaria arriba citada surge claramente que la parte cuenta con un único término de veinticuatro horas para presentar y notificar su escrito. Lo anterior está avalado por la norma de hermenéutica legal firmemente arraigada en nuestro ordenamiento jurí-dico que dispone que “[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospre-ciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.

Por otro lado, aunque el Art. 4.001 no indica que el tér-mino de veinticuatro horas para la notificación del recurso de revisión es jurisdiccional,(3) aun si consideramos que dicho término es de cumplimiento estricto, corresponde a la parte peticionaria mostrar “justa causa” para no haber cumplido con él. Recordemos que

[e]n el caso de los términos de cumplimiento estricto, nuestra jurisprudencia es clara en que los tribunales podrán eximir a una parte de observar su cumplimiento si están presentes dos (2) condiciones: (1) que en efecto exista justa causa para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida. [...] En ausencia de alguna de estas dos (2) condiciones, los tribunales carecen de discreción para prorro-*686gar términos de cumplimiento estricto. (Énfasis en el original y comillas omitidas). Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013).

Al remitimos a los hechos ante nuestra consideración, no está en controversia que la parte peticionaria presentó el recurso de revisión en cuestión ante el Tribunal de Pri-mera Instancia el jueves 27 de octubre de 2016 a las 12:57 p. m., por lo que, conforme a la disposición legal anterior-mente indicada, el recurso fue sometido oportunamente dentro del término de veinticuatro horas provisto en la Ley Electoral. Tampoco está en controversia que dicho recurso no fue notificado a las partes sino hasta el próximo día luego de su presentación, es decir, el viernes 28 de octubre de 2016. Al respecto, la parte aquí peticionaria no ha acre-ditado que el recurso de revisión en cuestión se le notificó a las otras partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la Resolución Enmendada de la CEE en controversia o que tuvo justa causa para no hacerlo. Por el contrario, la parte recurrida nos presentó prueba de que, efectivamente, la notificación del recurso de revisión presen-tado ante el Tribunal de Primera Instancia ocurrió ya pasa-das dichas veinticuatro horas, es decir, luego del jueves 27 de octubre de 2016. Véanse: Moción Urgente, pág. 5; Moción Urgente, Apéndice, pág. 73 (donde surge el recibo del re-curso de revisión por parte de la CEE a las 9:57 a. m. del viernes 28 de octubre de 2016). Véase, también, la Moción en Oposición a Desestimación y Acreditando Notificación del Comisionado Electoral del PNP, pág. 12, apartado 38, donde la parte aquí peticionaria admite haber notificado el recurso de revisión a las otras partes entre las 9:30 a. m. y 10:00 a. m. del viernes 28 de octubre de 2016.

Como consecuencia, la parte peticionaria falló en su de-ber de demostrar que el recurso de revisión presentado ante el foro primario y del cual se acude ante nos mediante el presente recurso de certificación intrajurisdiccional fue, no sólo presentado, sino igualmente notificado a las otras par-*687tes dentro del término de veinticuatro horas dispuesto por ley. Sólo de dicho modo se hubiese podido concluir que el recurso de revisión en cuestión fue perfeccionado debida-mente conforme a derecho.

Por otra parte, tampoco se acreditó la existencia de justa causa para no haber notificado su recurso de revisión dentro de las veinticuatro horas de que la CEE emitiera la Resolución Enmendada, según dispuesto en la Ley Electoral. Por consiguiente, ante falta de justa causa y aun asumiendo que dicho término es de cumplimiento estricto, tanto el Tribunal de Primera Instancia como este Foro ca-recemos de discreción para prorrogarlo,(4)

Le corresponde a las partes perfeccionar los recursos que se presentan ante los tribunales en conformidad con las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia existente. In-dependientemente de los méritos que pudiera o no tener el asunto presentado ante nos, los acontecimientos relatados no admiten otra conclusión que no sea que procede deses-timar el recurso de revisión presentado ante el foro prima-rio, objeto del recurso de epígrafe, por no haberse perfec-cionado debidamente conforme a derecho.(5) Procede, igualmente, conceder la Moción Urgente presentada por los recurridos y anular el auto del recurso de epígrafe, se-gún expedido durante la noche del pasado viernes 28 de octubre de 2016.(6) Por dichas razones, respetuosamente *688disiento de la determinación tomada por una mayoría de este Tribunal en relación con este asunto.

RESOLUCIÓN

Atendidas la Moción urgente de desestimación por falta de jurisdicción del Tribunal y, en la alternativa, solicitud de orden aclaratoria sobre consolidación, presentada por el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, Ledo. Guillermo San Antonio Acha, la Moción en oposición a desestimación y acreditando notificación del Comisio-nado Electoral del PNP, presentada por el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, Ledo. Aníbal Vega Borges, y la Moción de desestimación presentada por el Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, *678Dr. José Córdova Iturregui, se provee “no ha lugar” a la desestimación solicitada.

Se aclara que, en vista de que los casos están consolida-dos, cualquier determinación de este Foro se extiende a ambos recursos.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Chameco y los Jueces Aso-ciados Señor Kolthoff Caraballo y Señor Rivera García:

Estoy conforme con proveer “no ha lugar” a las mociones de desestimación porque, como señalan los votos disidentes, en la alternativa, el término de veinticuatro horas dispuesto en el Art. 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 16 LPRA see. 4031, para notificar un escrito de revisión es de cumplimiento estricto. Lo que es jurisdiccional es el término para presentar el escrito de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. En este caso, antes de que el tér-mino para notificar expirara, el foro primario lo prorrogó por justa causa mediante una orden para que se notificara copia de la solicitud de revisión junto con la citación a una vista. Orden del juez superior Ángel R. Pagán Ocasio de 27 de octu-bre 2016, a las 4:26 p. m. Por lo tanto, los casos que cita la disidencia son totalmente distinguibles. Así, por ejemplo, cuando desestimamos el recurso de certiorari presentado en Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías Precinto 034, CC-2016-1017, lo hicimos porque la presentación de ese escrito no se notificó y el término no se había prorrogado. Laceraría la confianza del Pueblo en la justicia que pretendamos tratar situaciones distintas como si fueran iguales.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la expre-sión siguiente:

Disiento de la determinación de una mayoría de este Tribunal y declararía “con lugar” la desestimación solicitada. El Art. 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 LPRA see. 4031, provee, sin ambages, que la parte que interese revisar un dictamen de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tendrá un término de 24 horas *679para presentar el recurso de revisión y notificarle a la CEE y a las partes afectadas. Este es un requisito estatutario para per-feccionar el recurso de revisión. Por lo tanto, su incumpli-miento priva de jurisdicción al tribunal.

En este caso, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) aceptó que no notificó su escrito a la CEE y a las demás partes dentro del término de veinticuatro horas exigido por el estatuto. La falta de jurisdicción es patente y el curso legal obligado es la desestimación. Hemos expresado rei-teradamente que ningún tribunal puede arrogarse la jurisdic-ción que no tiene. Las partes tampoco se la pueden conferir. Este no es un asunto de jurisdicción sobre la persona, sino una obligación que impone la Ley Electoral y cuyo incumplimiento priva de jurisdicción al foro.

Sin embargo, varios miembros de este Tribunal consideran que el término para notificar el escrito de revisión a la CEE y a las partes afectadas es de cumplimiento estricto. Así, consi-deran que el foro primario prorrogó mediante una orden el término para cumplir con el requisito de notificación, aun cuando el Comisionado Electoral del PNP no le solicitó dicha prórroga al foro de instancia; por ende, no pudo haberla justificado. En este escenario, aparte que no surge de la orden del tribunal una intención de prorrogar el término, considero que el tribunal no hubiera podido hacerlo, pues es “norma trillada” en nuestro ordenamiento procesal que se requiere una justa causa para que un tribunal pueda, en el ejercicio de su discreción, prorrogar un término. Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 563 esc. 1 (2013) (Opinión del Juez Asociado Señor Martínez Torres).

De ahí que en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013), los que hoy argumentan que el término en cuestión se prorrogó, antes expresaron que “Oja parte que actúa tardí-amente debe hacer constar las circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un tér-mino de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales ‘carece [n] de discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso ante su consideración’ ”. (Corchetes suplidos y en el original, énfasis en el original suprimido y énfasis suplido). íd. Esto, sin considerar que la distinción que estos miembros del Tribunal sugieren entre el carácter jurisdiccio-nal del término para presentar un escrito y el carácter de cum-plimiento estricto del mismo término para notificar tal escrito, no tiene base en la Ley Electoral.

Además, cabe enfatizar que recientemente este Tribunal, en forma unánime, declaró “no ha lugar” un recurso de certiorari presentado por el Partido Popular Democrático en el caso Luis *680A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías Precinto 034, CC-2016-1017, por incumplir con el Reglamento de este Tribunal al no certificar, dentro de las veinticuatro horas de presentar su es-crito, que notificó su recurso a las demás partes vía fax o per-sonalmente y por teléfono. Véase Regla 22(E)(3)—(5) del Regla-mento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. A pesar de que en este caso el Comisionado Electoral del PNP incumplió con un requisito análogo, una mayoría de este Tribunal re-suelve de forma distinta.

Laceramos la confianza del Pueblo en esta institución cuando ante situaciones similares, resolvemos de forma inconsistente. Por todo lo anterior, disiento.

El Juez Asociado Señor Colón Pérez hizo constar la ex-presión siguiente:

Hace tan solo cinco días —el 26 de octubre de 2016— que en Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral del PPD) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías, CC-2016-1017, un caso con controversias en extremo similares a la que hoy nos ocupa, los nueve Jueces que componemos este Tribunal procedimos de forma correcta al desestimar por falta de jurisdicción un recurso de revisión judicial en el cual el Comi-sionado Electoral del Partido Popular Democrático de Las Ma-rías nos solicitó que revisáramos un gran número de recusa-ciones por razón de domicilio efectuadas en ese municipio. Procedimos así ya que el recurso presentado por este no se había notificado a las partes dentro del término de veinticua-tro horas que establece la Regla 22(E) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, análoga al Art. 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 16 LPRA see. 4031. Hoy, en un caso en el que el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista nos solicita que revisemos cier-tas determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones re-lacionadas con el voto adelantado de electores con impedimen-tos de movilidad (encamados), una mayoría de este Tribunal —sin brindar razones válidas en derecho para ello— se niega a desestimar por falta de jurisdicción un recurso que adolece, en esencia, del mismo defecto. No podemos avalar con nuestro *681voto ese lamentable y errado proceder. Con el mismo sentido de justicia y de responsabilidad que empleé al disponer del caso Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral del PPD) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías, hoy desestimaría por falta de jurisdicción el caso ante nos.

— O —

Voto particular disidente emitido por la

Disiento del curso trazado por la mayoría. Durante es-tos pasados años, los miembros de esta mayoría que hoy permite que este litigio continúe en el foro de instancia, a pesar de que claramente ese tribunal carece de jurisdic-ción, han repetido, cual monje tibetano, el mantra de que “cuando el texto de la ley es claro, hay que respetar su contenido”. La reiteración de tal expresión choca frontal-mente con el curso de acción que hoy validan.

El Artículo 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 LPRA see. 4031, al referirse al proceso para revisar un dictamen de la Comisión Estatal de Elecciones, dispone que, “[d]entro de los treinta (30) días anteriores a una elección el término para presentar el escrito de revisión será de veinticuatro (24) horas. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho término copia del escrito de revisión a la Comisión y a cualquier otra parte afectada”. (Énfasis nuestro). El Partido Nuevo Progresista, en su es-crito ante este Tribunal, no rebate que incumplió con este término. En su lugar, elucubra teorías arteras de cómo se debe interpretar este artículo para que diga lo que no dice. Este incumplimiento priva al foro de instancia de jurisdic-ción para atender el asunto. Recuérdese que, en reiteradas *682ocasiones, este Tribunal ha dispuesto que “[l]a ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y las partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni éste puede adjudicársela”. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Véanse, además: Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).

El artículo en cuestión contiene un solo término, el de veinticuatro horas. Claramente, la ley dice que ese término es tanto para acudir en revisión como para notificar a la parte afectada. Así de sencillo. La mayoría de este Tribunal parece concluir otra cosa.(1)

*683Hace apenas unos días, cinco para ser exacta, el Partido Popular Democrático presentó ante este Tribunal un re-curso de certiorari en el caso Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral) v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías Precinto 034, CC-2016-1017. En el recurso se cuestionaba la validez de unas recusaciones de domicilio de miembros del Partido Popular. Correctamente lo desesti-mamos porque el Partido Popular incumplió con notificar el recurso dentro del término de veinticuatro horas que provee nuestro Reglamento para estos casos.(2) ¡Uno de los factores que evaluamos al tomar nuestra decisión fue el Art. 4.001 de la Ley Electoral, que utiliza el mismo len-guaje! Consideramos, precisamente, que por motivo de la proximidad de las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016, los tribunales disponemos de términos cortos para resolver este tipo de recursos.

¿Ayer sí, hoy no?

— O —